El Departamento de Justicia tiene conocimiento de la identidad de al menos dos víctimas de los seis sacerdotes pederastas expulsados de la iglesia en la Diócesis de Arecibo según consta en documentos en poder de NotiCel y en los que tambien se evidencia que hubo querellas en contra de estos, pero no se produjeron acusaciones.

Durante el secretariado de la hoy jueza del Tribunal Supremo, Anabelle Rodríguez, se condujo una investigación contra el sacerdote expulsado, Andrés Dávila Pérez, y el fiscal del Distrito de Arecibo para esa fecha (2002), Obdulio Meléndez, presentó un informe a Rodríguez en el que se determinó no radicar acusaciones.

Una de las conclusiones fue que, al momento de los hechos, el perjudicado tenía 18 años, 'por lo que nuestro ordenamiento jurídico le concede la capacidad legal para consentir', indica el informe que Meléndez le presentó a la exsecretaria de Justicia.

La supuesta víctima en ese caso fue Carlos Rivera Ruiz, a quien las fiscales de Arecibo, Isabel Lugo y Lourdes Curbelo, le tomaron una declaración jurada el 1 de mayo de 2002.

En esa declaración jurada en poder de este diario digital, Rivera Ruiz reconoce que no se masturbaron y que el sacerdote nunca le tocó sus partes íntimas, aunque sí se le acostó encima, le sobaba el pecho velludo, le daba 'besos de lengua' y también le dio besos en el cuello y la barriga.

Supuestamente, la víctima accedía a los avances del sacerdote que dirigía la parroquia del pueblo de Florida 'por temor' y por la promesa que le hizo de ayudarlo para que fuera 'Presidente de los Monaguillos y de los Jóvenes'.

El fiscal Meléndez analizó minuciosamente la declaración jurada y determinó que no se dieron los elementos del delito de actos lascivos e impúdicos porque el testimonio del perjudicado 'no establece contacto alguno con partes íntimas o genitales, ni siquiera por encima de la ropa'. Además, no hubo relación sexual entre ambos.

En su informe a la exsecretaria de Justicia, el fiscal Meléndez hizo constar que se le remitió 'copia sellada' de la declaración jurada del querellante al Obispado de Arecibo.

Meléndez indica, además, que la decisión tomada de no radicar cargos 'en forma alguna deba interpretarse como que se haya descartado que los hechos no hayan ocurrido o que la fiscalía no le haya adjudicado credibilidad al querellante'.

'Unos hechos pueden no se punibles desde la perspectiva penal y aún así ser sancionables disciplinariamente, por la importancia que tiene el que se evite aún la apariencia de conducta impropia o inmoral. La ausencia de prueba para fines de procedimiento penal no significa en modo alguno que no exista prueba suficiente en apoyo de un proceso disciplinario', concluyó Meléndez en su informe.

Pero esa no es la única víctima de la que tiene conocimiento el Departamento de Justicia.

Y es que NotiCel también recibió copia de un informe de incidente de la Policía en el que una madre presentó una denuncia de supuesto abuso sexual contra el también sacerdote expulsado, Edwin Mercado Viera, de 49 años de edad al momento en que se produjeron los hechos allá para el 1 de diciembre de 2009.

El referido documento indica que se recibió una denuncia contra el sacerdote porque supuestamente cometió 'el delito de actos lascivos contra un menor de 16 años'.

'Este caso se consultó con la fiscal Marie C. Amy, quien luego de entrevistar e investigar y evaluar la prueba determinó no radicar cargos, ya que no tiene suficiente evidencia para sostener este caso en el tribunal. Por lo que el caso queda cerrado', indica el documento suscrito el 6 de mayo de 2010 por la agente Martina Martínez, placa 18360.

Los otros sacerdotes expulsados de la Diócesis de Arecibo son: Pedro Hernández Hernández, Tomás Pagán Rivera, Efraín Montesino Rivera y José Colón Otero, el único que apeló su expulsión ante la Santa Sede en El Vaticano.

Precisamente, el viernes la Diócesis de Arecibo y el Departamento de Justicia estarán a cara a cara en la sala del juez superior de San Juan, Ángel Pagán Ocasio, quien atenderá el recurso extraordinario presentado por el obispo Daniel Fernández para que no se le obligue a divulgar el nombre de las víctimas de los seis sacerdotes pederastas expulsados de la iglesia católica tras procesos canónicos.