El Municipio de San Sebastián demandó en el Tribunal Federal al gobernador Alejandro García Padilla y al secretario del Trabajo, Vance Thomas, por supuestamente cometer discrimen político en la asignación de incentivos contra el desempleo bajo la Ley 52.

La alegación, aunque presentada sólo por San Sebastián, es que el discrimen político se ha manifestado también contra otros municipios novoprogresistas que vieron cómo su asignación de fondos anual bajo la Ley 52 disminuyó a la vez que dicha asignación aumentó para municipios populares que no tienen tanto desempleo o tienen menos población que los municipios novoprogresistas.

Los fondos de Ley 52 no sólo son asignados a municipios, sino también a entidades privadas, con y sin fines de lucro, para ayudar a subvencionar empleos.

En el caso específico de San Sebastián, dicho municipio alega que recibió una asignación anual de $300,000 por 10 años que, tras el cambio de administración, se redujo a $69,981. En cambio, según la información incluida en la demanda, todos los municipios populares tienen asignaciones por encima de los $100,000 anuales.

'El (Gobernador) es la persona que tiene la decisión última sobre qué proporción de los fondos de Ley 52 es asignada a los muncipios. Por tanto, aún si el Secretario del Trabajo determina qué será asignado a cada municipio, como el oficial electo de mayor rango, él estuvo de acuerdo con las acciones discriminatorias del Secretario del Trabajo o insistió personalmente en que se ejecutara la práctica discriminatoria', sostiene el pliego sometido al Tribunal Federal.

'Esta discriminación ha afectado negativamente la capacidad del Municipio para proveer bienes y servicios a sus ciudadanos. Más aún, ni la Ley 52 ni sus reglamentos proveen un proceso para objetar o apelar dicha asignación discriminatoria e ilegal de fondos y, si lo proveyera, no es adecuado para vindicar sus derechos', añade.

Demanda del Municipio de San Sebastián contra el Secretario del Trabajo - NotiCel_5669