Frank Torres Viada, abogado de la Diócesis de Arecibo, informó el jueves la radiación de un recurso en el Tribunal Apelativo para no entregar los documentos que le solicita el Departamento de Justicia en relación a los casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes.

"El 25 de abril se presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelación. El caso está pendiente y la entrega de los documentos está detenida", dijo Torres Viada en entrevista radial (NotiUno), esto luego que pasaran los 15 días para que entregaran los expedientes.

"En esencia lo que se le está pidiendo al Tribunal de Apelaciones es que ordene un examen en cámara de los documentos por el juez y que establezca unas guías para que el Tribunal decida qué documento es privilegiado y qué documento no lo es", explicó el abogado.

Torres Viada reiteró que considera como un error fundamental que el Tribunal de Primera Instancia ordenara la entrega en su totalidad de los expedientes en poder de la Diócesis de Arecibo sin saber cuál es el contenido de esos documentos.

"El Tribunal ordenó que se entregaran (los documentos) a ciegas. La jurisprudencia establece, que en casos como este, antes de poder otorgar un remedio y ordenar la divulgación de cualquier documento sobre el que se reclame un privilegio evidenciario constitucional, el Tribunal tiene que examinar lo que dice el documento", detalló el licenciado.

Indicó el recurso además contempla el derecho a la libertad de culto y el derecho a la intimidad de las víctimas, pues se trata de personas adultas que pidieron a la Diócesis que no se divulgue su identidad.

"Esa misma garantía de confidencialidad y de dignidad y protección de la honra de los feligreses es una parte consustancial a los derechos de los fieles católicos, vistos desde la perspectiva, no del derecho a la intimidad, sino desde la perspectiva del ejercicio de la libertad de culto. En la medida que el Tribunal ordene que se entreguen esos documentos y esas declaraciones que fueron hechas en total confidencia dentro de los parámetros de la fe católica, pues eso a nuestro juicio es una interferencia constitucionalmente prohibida por la cláusula de libertad de culto", concluyó.