Ante la radicación de una legislación para declarar un estado de emergencia fiscal, el Presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro R. Pierluisi, aseguró que poco a poco está saliendo a relucir la verdad de lo que quiere hacer la administración de turno a espaldas del pueblo luego de que el gobernador Alejandro García Padilla radicara la Ley de Sustentabilidad Gubernamental.

'En febrero exhorté al gobernador Alejandro García Padilla a que declarara una emergencia fiscal, para así poder implantar un nuevo sistema contributivo a tono con las circunstancias actuales, no para atropellar a los servidores públicos ni para despedir empleados transitorios. Hoy vemos cómo a espaldas de nuestro pueblo y sin haber hecho ningún tipo de alusión en su mensaje, presenta legislación para darle una estocada a la clase trabajadora y posiblemente despedir más de 7 mil empleados públicos', sostuvo Pierluisi en declaraciones escritas.

El también líder de la Palma dijo que en lugar de declarar una emergencia fiscal para distribuir mejor la carga contributiva entre las empresas exentas, y el resto de los contribuyentes, se opta por proteger a unos pocos mientras continúa el atropello al bolsillo de la gente.

Por otro lado, Pierluisi reiteró aseveraciones que se hicieron el miércoles de que el Partido Popular quiere imponer $540 millones en nuevos impuestos y contribuciones a los puertorriqueños.

La propuesta ley impone una serie de medidas de reducción de gastos, cuya partida principal proviene de la suspensión de los aumentos de los convenios colectivos, la reducción de los bonos de Navidad a $600 en todas las ramas del gobierno, y la eliminación del pago por exceso de enfermedad.

El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Carlos Rivas, aseguró, sin embargo, que los cambios a los beneficios laborales estarán sujetos a las negociaciones 'voluntarias' con los convenios colectivos. 'Aunque se ha amarrado a un ahorro, se puede modificar la forma en que se llega a ese ahorro', justificó.

Algunos representantes populares admitieron que se enteraron de la medida el mismo día que fue radicada. Un legislador popular, que no quiso ser identificado, cuestionó la necesidad de decretar una emergencia fiscal luego de haberse radicado un presupuesto balanceado.

Mientras, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, José Varela, fue cauteloso en sus expresiones en torno a la medida aunque admitió que se enteró de la misma el miércoles, lo cual le indica que 'algo pasó'.

'Todas las medidas son enmendables', dijo al preguntársele su opinión aunque reconoció que la situación fiscal del gobierno es una delicada.

De paso, Varela dijo que la semana que viene comenzará el análisis de las consolidaciones de las agencias ante el cuadro de que unas 25 se van a fusionar.

'Cada una me tendrá que probar su necesidad, eficacia y servicios a la ciudadanía', declaró.

Por su parte, el representante Luis R. Narmito Ortiz Lugo, dijo que aunque se haya sometido un presupuesto balanceado, la situación del país es una delicada que amerita que se continúen viendo posibilidades de ahorros.

No obstante, admitió tener algunas dudas sobre el presupuesto y sobre la necesidad de eliminar la Compañía de Parques Nacionales, la cual mantiene varios parques en la isla.

De otro lado, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, dijo que la propuesta es 'la segunda parte de la Ley 7, donde vuelven otra vez a poner a los trabajadores a pagar por la crisis'.

La ley Emergencia Fiscal o Ley 7, aprobada por el pasado gobernador Luis Fortuño, congelaba los convenios colectivos y resultó en el despido de miles de trabajadores. Esa ley fue ampliamente criticada por el partido de poder.

Figueroa Jaramillo afirmó que aunque desconoce el impacto de la propuesta ley, la misma al igual que la anterior llevará al deterioro de la calidad de vida de los trabajadores.

La propuesta ley de emergencia fiscal así como otras medidas fiscales radicadas por el gobierno coincidieron con la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, algo que no pasó desapercibido por la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, quien se manifestó en contra del Gobierno por cuadrar el presupuesto afectando a los servidores públicos

Destacó que el gobierno se ahorrará unos $200 millones afectando convenios colectivos. Además, se elimina el pago por vacaciones y se trabajara más días al año.

Santiago dijo que está segura que los trabajadores desean colaborar para acabar con la crisis, 'pero realmente es el único renglón que en este país se puede mirar'?

Santiago notó que el gobierno usa el argumento constitucional de que no se pueden afectar obligaciones contractuales para no tocar los decretos de exención contributiva que permiten a compañías pagar impuesto en tasas de 2% y 4%, pero no tiene reparos en afectar las obligaciones hechas con los trabajadores.

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*Publicado originalmente a las 5:52 p. m.