En un contundente comunicado fundamentado mediante consultas a los colegiados especializados en contribuciones corporativas, el presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, Aníbal Jover, rebatió la imputación del Gobernador de que unas 20 mil corporaciones actuaron ilegalmente al radicar una solicitud de prórroga sin pago. Jover contrarrestó que el mismo Gobierno tiene ahogadas a las empresas al no pagarle a los suplidores de las agencias, que los cambios en la patente nacional causaron cambios en el esquema de pago de contribución de las empresas y le recordó que, tras aumentar los impuestos, 'llega un momento que se pasa el punto óptimo y la gente deja de pagar'.

'Independientemente de los que puedan estar incumpliendo con su responsabilidad contributiva, entendemos que en Puerto Rico existe una contracción económica, hay muchas empresas que han cerrado y además la población de la clase media trabajadora ha disminuido. Por otro lado, sería beneficioso investigar cuántas planillas usualmente se han radicado en cero en los últimos dos años, para así poder tener una base comparativa del aumento', puntualizó Jover sobre la reducción de $442 millones en los recaudos del fisco del pasado abril, que de acuerdo al gobernador Alejandro García Padilla se debe principalmente a que estas corporaciones radicaron prórrogas sin emitir pago.

Según Jover, en un sondeo que hicieron entre los miembros del Colegio se desprende que de las alrededor de 80 mil corporaciones, unas 6,000 se les requiere que sus estados financieros sean auditados por un Contador Público Autorizado dado que sus ingresos son de $3 millones o más. Por lo tanto, entiende que la mayoría de las empresas que radicaron sus prórrogas sin pago son de pequeños comerciantes.

Para estos CPA la mayoría de las empresas no estaban cometiendo evasión contributiva, sino que hay muchos factores que pueden provocar que no tengan que pagar o no puedan hacerlo.

'De hecho, si no se puede pagar; hay mecanismos para acogerse a planes de pagos, lo cual no lo convierte en acto ilegal. Entendemos que al solicitar las prórrogas quieren cumplir con la ley, si no, no hubieran hecho la solicitud de prórroga', determinaron.

En otros aspectos, llegaron a plantear que durante el año contributivo 2013 se observó que si bien la patente nacional impactó adversamente a las empresas, también estas corporaciones experimentaron una reducción en el volumen de sus ingresos, por lo que se le reduce su responsabilidad contributiva que usualmente se ha ido pagando estimada.

'A su vez, hubo muchas instancias que aún cuando la patente nacional tuvo su efecto, los clientes utilizaron sobrepagos de años previos. Eso, sin contar que hubo mucho movimiento en compra y venta de créditos contributivos', explicaron.

Los CPA igualmente expusieron que hubo cambios en la manera en que se emitían los pagos de estimada donde se adelantaron algunos de estos en noviembre y diciembre de 2013 como parte de los requerimientos de la patente nacional, que muchas empresas optaron por comprar créditos contributivos, y que tal vez algunas de estas compañías no tenían flujo de efectivo porque el Gobierno les debe mucho dinero a través de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y otras corporaciones públicas, o porque el año pasado se acogieron a las amnistías del Departamento de Hacienda y del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

'Las contribuciones son dinámicas. Usualmente si aumentas la tasa (contributiva), llega un momento que se pasa el punto óptimo y la gente deja de pagar', dijeron.

Al mismo tiempo, agregaron que, 'es un poco difícil comparar este año con años anteriores ya que la Patente Nacional es un impuesto al ingreso bruto. O sea, que aunque la corporación tenga pérdida o su ganancia sea mínima, al contribuyente le corresponde hacer un pago. Este recaudo se realizó a fines del año 2013'.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Jorge Cañellas Fidalgo, manifestó que la merma de recaudos es un indicio de que la Patente Nacional debe ser enmendada para el próximo año contributivo para que no exceda del 40% del ingreso neto de la empresas, a lo que se concreta su eliminación, en aras de quitarle el 'carácter confiscatorio'.

Cañellas Fidalgo sostuvo que entre las razones para la merma de recaudos y el alto número de solicitudes de prórroga 'pudiera estar un bajón en los ingresos de las empresas o que sencillamente algunas de ellas no tienen el flujo de efectivo para pagar el alza contributiva legislada en el 2013'.

Pero independientemente de las razones que tuvieran las corporaciones, para Cañellas Fidalgo, la reducción de recaudos versus los estimados de Hacienda, 'demuestra la fragilidad de la complicada y antipática patente nacional, versus lo que la Cámara de Comercio propuso, que fue un alza en el Impuesto Sobre Ventas y Uso (IVU), cuyo impacto hubiera sido compartido por todos los puertorriqueños, incluyendo los que devengan ingresos de la economía subterránea, sea legal o ilegal'.

Este aprovechó para abogar por un incremento del IVU, pero una reducción en las tasas corporativas, la eliminación de la Patente Nacional, y el pago de impuestos por las transacciones entre negocios.

*Vea también

AGP sube el tono hacia contribuyentes corporativos mientras Hacienda calla