El presidente de la Cámara, Jaime Perelló, anticipó que la Ley de Sustentabilidad Fiscal del Gobierno sufrirá enmiendas para darle una fecha cierta de expiración y para dar más flexibilidad a las renegociaciones de los convenios colectivos.

Perelló hizo los comentarios luego de escuchar algunas observaciones hechas en contra de la ley por dirigentes de sindicatos.

La propuesta ley recorta beneficios económicos y congela aumentos salariales y plazas hasta el 2017 pero le permite al gobernador extender la ley hasta el 2020 por medio de una orden ejecutiva en la eventualidad que la situación fiscal lo requiera. En ese tiempo, también se impediría a las uniones negociar convenios.

José Rodríguez Báez, presidente de la Federación de Trabajadores, destacó que todos los indicadores económicos muestran que la economía podría no recuperarse lo cual quiere decir que los empleados estarían con las manos atadas hasta el 2020.

De otra parte, Rodríguez Báez se quejó de que la ley obliga a que las renegociaciones estén completadas al 1 de julio, lo cual hace que las renegociaciones se hagan de forma atropellada.

Perelló coincidió en la medida tiene que tener una fecha cierta de terminación y que se debe dar más espacio a la negociación. Ya el secretario del Trabajo, Vance Thomas, había sugerido dar más espacio en las negociaciones.

Los sindicatos testificaron durante la tarde en las vistas de presupuesto en torno a la propuesta ley. Algunos explicaron que las disposiciones de la medida se han hecho para erradicar las uniones y otros cuestionaron que no se vean otras alternativas como la restructuración de la deuda pública.

Rafael Otero, de la Unión de Empleados del Fondo del Seguro del Estado, destacó que la medida perpetúa el gobierno para unos pocos.

Destacó que luego del 2009 y la Ley de Emergencia Fiscal los beneficios de los empleados se han afectado pero los gastos del gobierno en otras partidas como servicios comprados han aumentado. Desde el 2009, los servicios comprados han aumentado en casi $1,000 millones.

'En ese escenario, estos recortes no se pueden justificar', dijo.

Luisa Acevedo, presidenta de la Federación Central de Trabajadores, resaltó que en la Autoridad de Edificios Públicos hubo un aumento en los contratos luego de que bajo la pasada administración el 92% de los recortes recayó sobre los empleados.

En ese sentido, pidió al gobierno que mirara los decretos de exenciones y créditos otorgados a compañías en vez de pedir a los trabajadores más sacrificios.

Sobre esto, el presidente de la Comisión de Hacienda Rafael Hernández, dijo que la Cámara le asignó un estudio a la Universidad de Puerto Rico de todos los incentivos contributivos.

'Cualquier incentivo que no esté generando ingreso o empleos se va a eliminar', dijo Perelló.

Un abogado de las uniones, Daniel Garavito cuestionó el hecho de que la medida no hable nada sobre la restructuración de la deuda en momentos en que varias personas lo han propuesto. Garavito dijo que el servicio de la deuda será de $1,200 millones en el próximo año fiscal.

De otra parte, Rodríguez Báez destacó en que la medida en antiobrera. El Artículo 10 permite que un jefe de agencia haga traslados de empleados a otras agencias y que sus derechos no se afecten.

'Qué pasa si lo muevo a una agencia que no tiene convenio?', preguntó. 'Este artículo trastoca las unidades. Dónde está la seguridad de empleo?'

La presidenta de Hermandad de Empleados de Oficina, Comercio y Ramas Anexas de la Autoridad de Puertos, Astrid ‘Rosario dijo que empleados de la AEE fueron movidos a otras agencias y sus beneficios se mantuvieron solamente hasta que el convenio venció y luego los perdieron.

Las uniones dejaron claro que están conscientes de que hay una crisis fiscal pero que la misma no puede recaer sobre los trabajadores.

Los sindicatos también se quejaron de que la ley no les da espacio para renegociar pues la meta es hacer recortes de sobre $250 millones.

'La renegociación es decidir cómo quiero que me corten las manos. Si quiero que me corten una o quiero que me corten las dos', dijo un unionado.

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico le recordó a los legisladores que la plataforma de gobierno prometió que a la UPR se le iba a llevar a su gloria. La UPR dijo que lo que el partido propone va en contra de su proyecto de país de desarrollo económico y creación de empleos.

Una de las áreas más controvertibles de la medida es en torno a la transportación escolar. La medida le ordena al Secretario de Educación a promover medidas y estrategias alternas para maximizar el transporte escolar y costo-eficiencia del transporte escolar y subcontratar con municipios.

La Federación de Dueños de Autobuses Escolares dijo que hubo un aumento en el presupuesto gastado en transporte pero que eso fue en el transporte de estudiantes de educación especial que componen una tercera parte de los estudiantes. Ese aumento fue por falta de controles en Educación.

Criticó que la agencia planifique hacer un plan piloto de transporte con los municipios y no haya hablado con los porteadores que se verán afectados. Dijo que se afectaran miles de empleos.

La organización dijo que los porteadores están dispuestos a contribuir a mitigar la crisis fiscal pero no puede ser a base de ideas fundamentadas en hechos erróneos que lleven a la desaparición de miles de trabajadores.