No cabe duda de que el reciente arresto del juez superior de Aguadilla, Manuel Acevedo Hernández, suspendido por el Tribunal Supremo tan pronto supo las autoridades federales sostenían una investigación en su contra, siembra dudas sobre la Rama Judicial en Puerto Rico. Sin embargo, para la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas, Ana Irma Rivera Lassen, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles) ha dado la impresión de querer dar una impresión de corrupción generalizada en la Rama Judicial.

Según declarara por escrito Rivera Lassen, el FBI está tratando el caso del juez, 'por capítulos para dar la impresión, cada vez que se da un nuevo episodio, de que se trata de casos adicionales… para desprestigiar a la Rama Judicial de Puerto Rico'.

No sólo se trata de la reputación del juez en cuestión, sino también de los abogados que una vez defendieron al coacusado de soborno y conspiración, el contable Lutgardo Acevedo, luego que la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez, dejara entrever que continuarán investigando la participación de todos los implicados.

'Los abogados de defensa y otras personas llevaron documentos al juez ida y vuelta. No que los llevaran ellos personalmente, pero estas personas estaban involucradas y hago la aclaración de otras personas', puntualizó la funcionaria federal al cuestionársele sobre la participación de los representantes legales del acusado.

En el 2012, los abogados Mayra López Mulero y Harry Padilla, defendieron a Lutgardo Acevedo Hernández de una acusación de homicidio negligente por conducir en estado de embriaguez, caso donde fue absuelto por el juez recién arrestado.

'Se trata de una novela por entregas para reiterar la supuesta corrupción en la judicatura ya que, si tuvieran más casos —y tal como se les ha reclamado en el pasado— deberían presentar la evidencia, y no fermentar esta bola de nieve hiperbólica que salpica a los demás jueces y juezas del país injustificada e injustamente. Una golondrina no hace verano, por lo que proyectar reiteradamente en los medios de comunicación que hay una corrupción generalizada en nuestra Rama Judicial a base de uno solo o varios casos, deja mucho qué decir de estas actuaciones del FBI en nuestro país', condenó Rivera Lassen.

La Presidenta del Colegio reiteró que cualquier juez o jueza corrupto debe ser investigado, respetando la presunción de inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable en un juicio justo. Además, destacó que la rama judicial 'ha demostrado que tiene el compromiso de atajar la situación, cuenta con los recursos profesionales y técnicos para investigar, supervisar y disciplinar a sus jueces y juezas'.

'El CAPR reitera su apoyo a los jueces y juezas de Puerto Rico que ejercen sus funciones y labores con independencia judicial y criterio propio, así como a los y las fiscales y a todos los abogados y abogadas de defensa que, al igual que nuestra judicatura, llevan a cabo su labor de forma honorable, respetando los preceptos estatutarios y constitucionales y con observancia de los cánones de ética que rigen a todos y todas', concluyó Rivera Lassen.

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