Mientras la Administración García Padilla capea la tormenta causada por las propuestas fusiones de procuradorías y las reducciones de beneficios a los empleados públicos, mantiene estructuras como la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), cuyo presupuesto de $41.2 millones contrasta con su utilidad y con el hecho de que en otros países las estructuras electorales no operan permanentemente durante el cuatrienio.

Aunque la OGP reconoce que el plan de reorganización de las procuradurías y otras agencias solo traería un ahorro inicial de $2 millones, evitaron emitir comentarios de por qué no se estudiaron reestructuraciones a entidades como la CEE, que ha sido un refugio de políticos y contratistas simpatizantes de los partidos políticos. Los $41.2 millones de la CEE tendrán una reducción de 12%, según el presupuesto propuesto.

OGP se reafirmó en que la fusión de 21 agencias tiene como fin 'lograr una reingeniería en nuestro Gobierno, donde las funciones afines estén agrupadas y se evite la duplicidad de funciones'. De esta manera esperan mejorar los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

Tras un examen hecho por NotiCel, lo único que contempla el presupuesto recomendado de la CEE para el año fiscal 2014-2015, es una reducción de $5.1 millones, o lo mismo que un 12% menos que el presupuesto vigente.

Durante una vista pública efectuada esta semana en la Legislatura, el presidente de la CEE, Ángel González Román, señaló que la situación de la agencia se complica porque ya el pasado 27 de febrero de 2014, la OGP les retuvo $5.7 millones del presupuesto vigente.

Del presupuesto recomendado para el próximo año fiscal provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, unos $25.2 millones (69.6%) se destinarían para gastos de nómina y costos relacionados de todas las unidades. Este renglón presentaba una reducción de $2 millones al comparar con el presupuesto vigente, que según González Román afecta principalmente a las Juntas de Inscripción Permanentes (JIP).

Hay que destacar que las JIP experimentarían una reducción de $1.3 millones en su presupuesto de este año que asciende a $8.4 millones. En el presupuesto recomendado de $7.2 millones se destinaría casi el 90% en gastos de nómina y costos relacionados.

Dada esta situación, González Román, ha argumentado que pudiera tener que recurrir al despido de empleados en las JIP, lo que afectaría el requisito impuesto en el Código Electoral de que cada partido político cuente con representación. Actualmente hay 110 JIP en Puerto Rico.

Mientras los gastos de facilidades aumentaron unos $2.1 millones; se redujeron las partidas de gastos de servicios comprados por $1.8 millones, la de gastos de transportación por $30 mil, la de gastos por servicios profesionales por $609 mil, la de gastos de materiales y suministros por $39 millones.

De la reducción de $609 mil en gastos por servicios profesionales, unos $107 mil corresponden a la partida que se le asigna a González Román, quien se quedaría sin presupuesto para estos gastos.

A su vez, los comisionados electorales sufrirán una reducción de $87 millones en su presupuesto para gastos por servicios profesionales. Para el próximo año fiscal el presupuesto de los comisionados electorales seria de $122 millones.

En cuanto a los $742,000 asignados a la CEE mediante Asignaciones Especiales, se utilizarían mayormente en el renglón de Planificación y Desarrollo de Actividades Electorales en conjunto con otras partidas de la Resolución Conjunta del Presupuesto General.

Ante todo este cuadro, el funcionario insistió que la reducción en el presupuesto no solo afectaría el funcionamiento de las JIP, sino que impactaría el proyecto de escrutinio electrónico y la posible inscripción de nuevos partidos.

Pero mientras esto ocurre, detrás de la CEE existe una realidad innegable que en el 2012 la agencia habría pagado un total de $9.2 millones por gastos de viajes, a funcionarios públicos que trabajaban mediante el mecanismo de destaque en las Oficinas de los Comisionados Electorales del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Esto funcionarios que van a la CEE por medio destaque para hacer trabajos político-partidistas, sus salarios son sufragados con fondos públicos a través de las agencias a las que pertenecen.

Asimismo, una historia publicada por este diario digital pone sobre la mesa que los comisionados electorales de los tres partidos políticos principales incurrieron en gastos totales de $612,360.80, en contratos de asesores.

No obstante, una revisión hecha por NotiCel a los presupuestos recomendados de las procuradurías para el próximo año fiscal, arrojó que es la Oficina de la Procurador de las Personas de Edad Avanzada la que tendría el mayor impacto al tener una reducción de $1.4 millones, que responde principalmente a una merma en los gastos de funcionamiento y en la partida de fondos federales. Su presupuesto recomendado es de $ $22 millones, de los que el 85% provienen de fondos federales.

El plan de la administración García Padilla es unir la Oficina de la Procurador de las Personas de Edad Avanzada con la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos, cuyo presupuesto aumentaría por apenas $249,000.

En una reciente vista pública efectuada por la Legislatura, el procurador de las Personas con Impedimentos, Iván Díaz Carrasquillo, expuso que la fusión de la agencia con la Oficina de la Procurador de las Personas de Edad Avanzada, pondría en riesgo los fondos federales que reciben, y no habría ningún ahorro significativo al eliminar los puestos de confianza, pues seis de estos empleados tienen derecho a ser reinstalados en sus puestos de carrera dentro del Gobierno.

Del presupuesto recomendado para la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos, que alcanza alrededor de $3.9 millones, el 55% proviene de fondos federales.

Mientras tanto, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), agencia que se eliminaría para crear el Programa de Protección y Defensa de los Derechos de las Mujer, adscrito al Departamento de la Familia, experimentaría un disminución de $529 mil. De esto $175 mil correspondían a la disminución de la Resolución Conjunta del Presupuesto General debido a recortes en gastos de nómina, por el establecimiento del Bono de Navidad en $600 y en la eliminación del pago del exceso de 90 días acumulados de las licencias de enfermedad y otras medidas fiscales.

También la OPM tuvo una disminución de $996 mil en fondos federales, pero un incremento de $1.2 millones en Asignaciones Especiales. Esta última partida se usa para sufragar servicios y programa para la prevención del discrimen y la violencia doméstica, además, de promover el uso de grilletes electrónicos para los agresores.

Recientemente ha trascendido que el Gobierno pudiera estar considerando mejor integrar a la OPM con el Departamento de Justicia, pero no ha sido confirmado por el Primer Mandatario y los grupos feministas ya se han expresado en contra.

La procuradora de las mujeres, Wanda Vázquez, ha reiterado su oposición a que su oficina sea fusionada con otras agencias.

'El ahorro o costoefectividad de la eliminación de una oficina con la importancia y trascendencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres lo que representará será $241,000 anuales, o menos del 0.00001% del presupuesto del Fondo General', apuntó Vázquez.

De otro lado, la Oficina del Procurador del Paciente, que se insertaría bajo la sombrilla del Departamento de Salud, el presupuesto consolidado recomendado era menor por $485 mil al vigente, de los que $339 mil eran recortes en gastos de nómina.

A su vez la Oficina del Procurador del Veterano, que será parte de la Guardia Nacional, también tuvo ajustes de $262 mil en su presupuesto consolidado recomendado.

*Historia originalmente publicada a las 8:44 a.m.