El Senado de Puerto Rico aprobó a viva voz la denominada la 'Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico', a la que se le introdujeron varias enmiendas.

En una movida rápida donde no se pasó lista para votación, quedó aprobada la medida en momentos donde el senador José Luis Dalmau fungía como presidente de dicho cuerpo legislativo.

Más temprano hoy,la senadora María de Lourdes Santiago, portavoz de la minoría del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), condenó que el mismo día que El Ejecutivo presentara a toda prisa el Proyecto del Senado 1164 a la Legislatura, se fuera aprobar en el Senado.

'En par de horas no hay quién maneje un asunto tan complicado y lo mínimo sería que empezara un proceso de vistas públicas', puntualizó.

En un aparte con la prensa dentro del Hemiciclo y previo al inicio del debate, Santiago afirmó que dicha medida es 'una quiebra completa de arriba abajo'.

De acuerdo a la legisladora, la misma exposición de motivos señala que en el estatuto se 'trasplantan varias disposiciones de los Capítulos 9 y 11 de la Ley de Quiebra Federal, y que la jurisprudencia interpretativa estadounidense es la que se utilizaría al momento de dirimir controversias que surjan por esta ley'.

De hecho, el portavoz de la minoría en el Senado, Aníbal José Torres, al ser cuestionado por este diario digital previo al debate, aseveró que muchas personas podrían catalogar la medida como una Ley de Quiebra y otros la llamarían una legislación para reestructuración, al ser un modelo parecido al Capítulo 9 del estatuto federal.

El Capítulo 9 del Código de Quiebra Federal dispone un proceso de reorganización para las municipalidades.

'El proceso ha sido rápido, el proyecto es complejo, es muy técnico, las personas que conocen del tema han pasado juicio sobre el mismo. Tuvimos la oportunidad de leerlo. Tuvimos la oportunidad que se nos explicara por las personas que lo redactaron, la gente del Banco Gubernamental de Fomento. Así que no podíamos esperar más tiempo para tomar acción sobre las corporaciones públicas. El dejar pasar más tiempo significaría otras medidas que nosotros no queremos que se tomen', planteó Torres sobre el proceso 'fast track' en el Senado.

Insistió que estaban creando el marco jurídico y legal para atender las posibles reestructuraciones de corporaciones públicas, y que aunque dispone que cualquier controversia de dilucidaría en el foro local, también permite atenderlo fuera del país.

De no aprobarse la Ley, Torres expuso que si las corporaciones públicas no pueden satisfacer sus deudas, los acreedores 'podrían entrar a la propiedad a través de un síndico y liquidar', donde no se podría garantizar los empleos.

Sin embargo, el gobernador Alejandro García Padilla, insistió en que la Ley no es igual a una quiebra.

'Esto no es una Ley de Quiebra. Este proyecto está hecho para garantizar la operación y si fuera Ley de Quiebras, se permitiría la liquidación de la Corporación', había dicha el Primer Mandatario esta mañana en La Fortaleza a preguntas de la prensa.

García Padilla añadió que a diferencia de la Ley de Quiebras donde se nombra a un síndico, esta medida le permite nombrar a un administrador de emergencia, quien se encargaría de monitorear el proceso de reestructuración y ofrecer información sobre el cumplimento con el plan.

Y aseguró que el acreedor no puede ir contra los activos de la Corporación Pública. Además la ley como fue propuesta, especifica, que es en los tribunales de Puerto Rico en donde se ratificarán los acuerdos.

El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, hizo eco de las palabras del Primer Mandatario en el debate de dicho cuerpo legislativo.

'No es para quebrar a nadie', determinó Bhatia. El líder senatorial sostuvo que la medida busca establecer un mecanismo legal coherente, tras explicar que en el Capítulo 2 se establecen los parámetros para cuando la corporación pública negocie con los acreedores, emulando un proceso similar al estatuto federal.

Mientras, el Capítulo 3, crea un Tribunal Especializado que va a ser similar como el que existe en el Tribunal de Quiebra Federal. 'Lo que estamos haciendo hoy aquí, es un asunto más de sabiduría', para manejar posibles insolvencias de las corporaciones públicas.

También Santiago había reclamado que se le diera acceso a los informes con las recomendaciones que prepararon las firmas como Millco Advisors LP.

En otros aspectos, la legisladora estableció que este estatuto desvirtuaría todos los convenios colectivos, dando una justificación a los directivos de las corporaciones públicas para cualquier tipo de ajuste, cosa que el senador Ángel Rosa rebatió durante el debate.

'Esto no va en contra de los empleados de las corporaciones públicas, ni de las corporaciones', afirmaba Rosa. Al mismo tiempo, destacaba que fueron los mismos empleados los que habían pedido una reestructuración de la deuda de las corporaciones públicas.

De otro lado, el portavoz de la minoría penepé, Larry Seilhamer, también se expresó en contra de la aprobación de la medida a toda prisa.

'Ni tan siquiera da tiempo a dar lectura, mucho menos analizarlo, digerirlo, enmendarlo', sentenció.

A su entender, este sería un voto 'histórico' e 'irresponsable', sin fundamento, sin conocimiento, sin el insumo de los expertos.

'Por qué esto se tiene que ver hoy sin fundamento, sin análisis, sin conocer el impacto? Cuál era la emergencia?, Cuál era la urgencia? La realidad no tengo respuesta para eso', apuntó.

Según Seilhamer, dicha medida provocaría una inestabilidad en el mercado y afectaría la credibilidad del país con los bonistas.

Mientras, el senador José Rafael Nadal Power, presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado, señaló que la prisa para aprobar el proyecto es que Puerto Rico es la única jurisdicción de Estados Unidos donde no existe una medida que reglamente el proceso cuando una corporación pública no puede cumplir con sus obligaciones.

'Hace falta poner certeza al inversionista actual de las corporaciones públicas y al inversionista potencial en Puerto Rico. No hay nada más fundamental para el desarrollo económico de un país que la certeza, de saber cuáles son las reglas de juego', determinó.

El proyecto sería llevado a votación en la Cámara Alta, convirtiéndoseen el P. de la C. 2051.

*Vea también

Reestructuración de deuda implicaría aumento en los intereses, pero no en tarifas (documentos)