A diez días para que inicie el próximo semestre escolar, un grupo de transportistas escolares radicó una demanda en el Tribunal Federal solicitando que se declare nulo la cancelación del contrato que el Departamento de Educación (DE) había acordado con esas empresas.

En el recurso legal, que incluye a 19 propietarios de empresas de transporte, aparecen como demandados el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla; el secretario de Educación, Rafael Román; el DE, y el Departamento de Justicia.

"Los demandantes solicitan que se declare inconstitucional la Ley 66 (Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico) por violar varias disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos", reza parte del documento radicado con fecha del 31 de julio de 2014.

Los 19 transportistas establecen que bajo ese estatuto, aprobado en junio de 2014, Educación canceló sus contratos. La controvertible ley, objeto de otras demandas, dispone la reducción de servicios profesionales y no profesionales, así como decremento enlas tarifas para el pago de esas gestiones.

Sobre el nuevo reglamento para que los propietarios de empresas de transporte puedan adquirir contratos con la agencia, denuncian que el proceso no cumple con requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.inicio de clases, pautado para el 11 de agosto, todos los contratos de transportistas serán adjudicados. Román destacó que los cambios en la otorgación de contratos se hizo para que la agencia tuviera más control en ese tipo de negociaciones.

Este no es el primer recurso radicado en los tribunales para solicitar que se declare no ha lugar la decisión del DE. Otro grupo de transportistas presentó en el 2012 una demanda reclamando la restitución de las negociaciones con la dependencia.

Por su parte, el titular de Educación aseguró que para el

Hace unas semanas, el Departamento de Justicia presentó varias querellas ante el Departamento de Asuntos del Consumidor contra empresas de transportación por limitar el mercado e impedir la entrada de nuevos competidores.

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