Miembros de la Federación y de la Asociación de Transportistas Escolares denunciaron el martes que a menos de una semana del comienzo del semestre escolar abunda la incertidumbre en torno a la transportación de los estudiantes, debido a al nuevo Reglamento y sistema de propuestas que el Departamento de Educación (DE) insistió en establecer.

Según denunciaron, el reglamento sería establecido a pesar de las recomendaciones hechas por los grupos de transportistas y la limitación de tiempo para llevar a cabo un proceso con la debida coordinación.

'Si las cosas siguen como van los servicios de transportación durante el primer día de clases serán un desastre debido a la pobre planificación y coordinación del DE al empeñarse en establecer un nuevo reglamento a tan pocos días del comienzo del curso escolar. El DE no tiene razón para reclamarle a los transportistas si el servicio no cumple con sus expectativas y la de sus usuarios durante el primer día de clases', dijo en un comunicado José Rosado, presidente de la Federación de Porteadores Escolares.

Indicó que el DE optó por cancelar todos los contratos, aunque la Ley 66 le daba la opción de renegociar, reestructurar o cancelar los contratos existentes- siendo esta la opción más complicada debido a la limitación de tiempo que había para establecer un proceso nuevo que era ajeno a la industria.

Asimismo, denunciaron que el proceso de propuestas y de notificación ha estado lleno de irregularidades que atentan contra el servicio de transportación que se supone empiecen a dar en menos de siete días. Entre las principales irregularidades denunciadas por el líder de los porteadores al cierre de las labores del lunes, 4 de agosto se destacan que las compañías que sometieron propuestas en las Regiones Educativas de Caguas y Arecibo no han sido notificadas sobre la adjudicación de sus propuestas por parte del DE; la agencia no ha invitado a los porteadores a la apertura de propuestas, abonando así a la falta de información y de transparencia en el proceso y está violando los requisitos del Reglamento 8494 que requiere que los contratos con las compañías de transporte escolar sean firmados 10 días antes del comienzo de clases.

De otra parte, indicaron que el proceso de notificación a los ganadores de propuestas no ha sido uniforme, ya que cada región educativa ha utilizado un método diferente; que el escenario económico es irreal y carece de balance, puesto que hay rutas donde la tarifa máxima no es suficiente para cubrir los gastos operacionales, mientras que hay otras, como en el caso de las terapias que han aumentado hasta en un 400 por ciento y que las propuestas para el transporte de hasta 5,000 estudiantes de educación especial de la Región Educativa de San Juan no serán sometidas hasta la tarde del martes 5 de agosto, lo que da muy poco tiempo para revisarlas, adjudicarlas y notificarlas a tiempo para el comienzo de clases el lunes 11 de agosto.

Entretanto, señalaron que el DE aún no le ha entregado a los transportistas la lista de estudiantes que atenderán en las rutas adjudicadas, para que estos puedan coordinar los servicios de una manera organizada y eficiente; que no ha notificado las cartas indicando el monto del 'Performance Bond' que deben adquirir aquellos porteadores a los cuales ya se les han adjudicado rutas, limitando así el tiempo que tienen los porteadores para cumplir con este requisito indispensable para poder obtener el contrato y que el lunes 4 de agosto, la Región Educativa de Bayamón modificó y cambió las rutas previamente adjudicadas a un sinnúmero de porteadores, restándole así transparencia y seriedad al proceso de adjudicación de las rutas. Del mismo modo, en las Regiones Educativas de Arecibo y Bayamón el DE anunció tan tarde como el día de ayer rutas nuevas para subastar.

'Entre sus razones para cancelar los contratos anteriores y establecer un nuevo Reglamento y proceso de subastas, el DE ha mencionado reducción de costos y fomentar la participación de un mayor número de porteadores. Sin embargo, hasta el momento los resultados son completamente opuestos', dijo Rosado.

Por ejemplo, alertó que debido a la forma atropellada de implantar los cambios, en la Región Educativas de Bayamón 15 compañías con experiencia quedaron fuera, creando desasosiego y desempleo entre sus choferes y demás empleados. Los porteadores están investigando si en las demás regiones educativas también hubo política de exclusión, como sucedió en la región Educativa de Bayamón. Mientras, en términos de costos los porteadores tan siquiera han tenido acceso al estudio que supuestamente hizo el DE para establecer las tarifas máximas. Todo ello sin tomar en consideración que es la Comisión de Servicio Público (CSP), el organismo gubernamental facultado en Ley para establecer las tarifas de los porteadores públicos. La CSP, mientras tanto, se ha mantenido al margen de esta intromisión a su jurisdicción.

Rosado detalló que actualmente hay varias demandas pendientes en tribunales y foros administrativos donde se impugna la validez del proceso establecido por el DE. La industria de transportación escolar en Puerto Rico está compuesta por sobre 400 empresas, la mayoría Pymes de capital local. Crean 8,000 empleos directos y 25,000 empleos indirectos.

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