Tras cinco horas de reunión en La Fortaleza, las madres y padres de niños de educación especial configuraron un comite para participar por primera vez en tres decadas del plan gubernamental para reestructurar el programa de educación especial. Sin embargo, reiteraron que continuarán con la lucha en el Tribunal debido a la reducción de 53 millones al presupuesto y el cierre de escuelas.

El resultado de la disminución de fondos se ha hecho palpable en la falta de asistentes de servicio, maestros y cambios en contrato, tanto con los transportistas como con las escuelas privadas donde cientos de niños son ubicados a costo público. Esta reducción ha significado un 'daño irreversible' para la estabilidad de los niños, según las portavoces, quienes alegan que se ha violado la sentencia por estipulación del caso Rosa Lydia Vélez, en lo que ha sido una lucha histórica por los derechos de esta población desde que en 1980 se presentó la demanda contra el Departamento de Educación (DE).

El programa de educación especial está bajo supervisión del Tribunal por incumplir con los servicios individualizados para garantizar la educación de los niños con diversas condiciones, según estipula la sentencia del caso. Tan reciente como el martes, Rosa Lydia Vélez emitió una moción suplementaria a una solicitud urgente de desacato que habían presentado el pasado 6 de junio. La vista será atendida el 21 de agosto en el Tribunal de Primera Instancia.

'Queremos lograr la meta de que nuestros hijos e hijas tengan una educación gratuita y apropiada, libre de restricciones', esbozó Joyce Dávila, portavoz de la Alianza de Autismo.

A la una de la tarde, representantes de la Alianza de Autismo y del Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial, fueron recibidos en La Fortaleza por el gobernador Alejandro García Padilla, y la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila, tras haber protestado en las afueras del palacio ejecutivo desde temprano en la mañana.

Ante la solicitud que le hiciera el grupo de que destituyera a la secretaria asociada de Educación Especial, Doris Zapata; el Gobernador escuchó e indicó que supuestamente evaluaría esa alternativa.

La portavoz del Comité Timón, Carmen Warren, aseguró que el DE tiene los recursos para atender esta población sin que se aumente la carga contributiva o el presupuesto millonario con que ya cuenta la agencia. Entre la administración central y las regiones educativas, el Departamento tiene cerca de 14,000 empleados, de los cuales solo 480 son unionados del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores.

'Qué tal si le bajan el salario al Secretario, a la Secretaria de Educación Especial y a todo el montón de funcionarios que no componen nada en la Secretaría de Educación Especial?', reclamó Warren. 'Que le bajen el salario a todos ellos y probablemente se pueda comprar con ese dinero el equipo asistivo que necesitan los estudiantes', sentenció.

Aseguró que el daño que le provoca a un niño o niña de educación especial estar un día o una semana sin clases es 'irreversible' porque representa un retroceso.

Reconoció, sin embargo, que hay que hacer ajustes en los contratos de los transportistas que alcanzan 146 millones de dólares, pero que esto debe hacerse de forma planificada para evitar que se perjudiquen los niños. Durante esta semana, cientos de familias se vieron imposibilitadas de llegar a las escuelas por los desacuerdos entre el DE y los contratistas. Muchos de los padres no tienen autos preparados para sillas de rueda, según Warren. 'Es un derecho que se les transporte de forma adecuada', comentó.

Destacó también que actualmente faltan 1,700 maestros por nombrar - una cifra que contradice la cantidad de 700 indicada por el secretario Rafael Román - y que faltan más de 2,000 asistentes de educación especial por nombrar. El retraso en nombramientos se debe en parte a que el DE mantiene miles de maestros y asistentes como transitorios. Estos asistentes pueden ser interpretes de señas, proveer asistencia física a niños que requieren ayuda para ir al baño o ayuda pedagógica para niños que requieran refuerzo visual o sensorial.

'Tienen todo el derecho de recibir la educación por ley que necesiten para ellos mejorar y ser independientes, que al fin y al cabo es lo que los padres quieren y lo que la sociedad necesita', puntualizó Dávila.

Siguen los problemas de transporte

Una madre que no quiso ser identificada indicó a este diario que en la región educativa de San Juan le comunicaron que su hija con autismo Aspergerno iba a ser incluida en la ruta de transporte porque era la única niña en esa ruta de Río Piedras a Viejo San Juan. 'Me dijeron que le enseñara a coger la (guagua) AMA o que la cambiara de escuela', aseguró, quien ha contado con ese servicio desde hace cuatro años.

Los criterios de evaluación para el sistema de transporte parece que están cambiando de manera arbitraria, según los relatos de varias madres, quienes también alegan que no hay un procedimiento claro para el reembolso de gastos por el transporte de sus hijos. Elsa Figueroa, por ejemplo, ha estado pidiendo el reembolso al DE desde hace tres meses, cuando finalmente le reembolsaron únicamente la mitad de los gastos. Todos esos servicios están garantizados por Ley, por lo cual fueron incluidos en la demanda de Vélez contra el DE.

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