El secretario del Departamento de Justicia (DJ), Cesar Miranda, informó el jueves la radicación de seis cargos criminales contra Darwin Conde Camacho, exchofer de La Fortaleza, por apropiación ilegal agravada por retener ilegalmente una tarjeta destinada para el expendio de gasolina para vehículos oficiales y utilizarla para abastecer su carro personal y el de terceros.

'Para el mes de febrero de 2014 el imputado Darwin Conde Camacho se apropió ilegalmente de una tarjeta del Gobierno para abastecer de combustible a la flota de vehículos oficiales asignada a La Fortaleza. Conde Camacho comenzó a utilizar la referida tarjeta para su beneficio personal y de terceros, gestiones por las cuales recibía dinero a cambio. En resumidas cuentas, utilizó la tarjeta para abastecer en varias ocasiones su vehículo personal de combustible y cobrar a terceros para abastecer sus vehículos en gasolineras Total', sostuvo el titular de la agencia en un comunicado de prensa.

El funcionario informó que al detectarse irregularidades, La Fortaleza ordenó una investigación que estuvo a cargo del agente Ramón Ortiz, adscrito a la Oficina de Seguridad. De la misma surge que la referida conducta se llevó a cabo durante los meses de febrero a julio del año en curso, a pesar de que Conde Camacho fue cesanteado de sus labores en la Mansión Ejecutiva el 25 de abril pasado por exceso de ausencias. Los hechos, que fueron admitidos por Conde Camacho en declaración jurada, conllevaron una pérdida de fondos públicos de $16,864.43.

Miranda indicó que contra Darwin Conde Camacho se radicaron seis cargos criminales que incluyen dos cargos por el delito de apropiación ilegal agravada, un cargo por el delito de aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, un cargo por el delito de retención de propiedad pública, un cargo por el delito de fraude y un cargo bajo la Ley de Ética Gubernamental. El acusado, de 28 años, se expone a 15 años de cárcel. Los hechos ocurrieron entre los meses de febrero a julio del 2014 y las partes perjudicadas en este caso son el Pueblo de Puerto Rico, el Gobierno de Puerto Rico, La Fortaleza y la Administración de Servicios Generales.

La radicación de cargos fue asignada al fiscal Martín Ramos Junquera de la División de Crimen Organizado del DJ y la investigación fue realizada por el agente Ramón Ortiz de la Policía de Puerto Rico y por el fiscal Yamil Juarbe Molina de la División de Integridad Pública del NIE.

El caso fue sometido en el Tribunal de San Juan ante el juez Edgar Figueroa, quien determinó causa para arresto en todos los cargos, imponiendo una fianza de 5,000 dólares en cada cargo para un total de 30,000 dólares, diferida por la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ). La vista preliminar quedó pautada para el 29 de agosto en el sexto piso del Tribunal de San Juan.

Mientras, el secretario de Prensa de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, indicó en una comunicación escrita que 'es lamentable que este joven haya llevado a cabo estas acciones, que no solo son un agravio para él y sus seres queridos, sino también para el país. Dicho esto, desde nuestra llegada al gobierno, en La Fortaleza hemos implementado controles adicionales para evitar y detectar situaciones como esta. Nos reiteramos en que todo aquel que incurra en actuaciones ilegales tiene que responder por sus actos, como siempre ha sido nuestra política pública.'