El Tribunal de Apelaciones repudió energicamente al Departamento de Educación (DE) por su manejo ilegal de las subastas de transporte escolar, y por su resistencia a divulgar oficialmente quienes fueron los agraciados, algo que, además de la falta de transparencia, es una violación a los derechos de los licitadores que perdieron.

La censura, por voz del juez Roberto Rodríguez Casillas, ocurrió cuando el panel de jueces se confrontó con el absurdo de que el caso tiene que ver con la adjudicación de subasta, y le dieron un tiempo a las partes para que les presentaran los documentos de adjudicación de la misma, pero el DE compareció sin presentar documento alguno sobre dicha adjudicación.

'[R]epudiamos enérgicamente la práctica del Comité de Transportación del Departamento de Educación y del propio (DE), de no notificar adecuadamente a las partes recurrentes del aviso de subasta y crear un ambiente de incertidumbre y desesperación sobre el servicio de transportación escolar', indicó el panel en su decisión emitida ayer, viernes.

'[D]ebemos destacar que el objetivo de exigir que las obras y la contratación que realiza el Gobierno se efectúen mediante el proceso de subasta es proteger los intereses y el dinero público. Este mecanismo intenta promover la competencia, lograr los mejores precios, evitar el favoritismo y la corrupción, el descuido en la otorgación de los contratos y minimizar los riesgos de incumplimiento', le enfatizaron los jueces al DE a la vez que le recordaron que 'no es una opción cumplir con el deber legal de notificar a todas las partes' del resultado de la subasta.

El caso afecta 25 rutas en la región de San Juan.

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