Dos años despues de comprometerse en un acuerdo a mejorar las condiciones carcelarias para finiquitar el sonado caso Morales Feliciano, el gobierno ahora está pidiendo que se le exima de estipulaciones del acuerdo por falta de dinero y cambios en la ley.

El exgobernador Luis Fortuño en el 2012 anunció el fin del caso Morales Feliciano por violación de derechos civiles a los confinados debido a las pobres condiciones carcelarias, que por más de tres décadas estuvo arrastrando el gobierno de la Isla y que le costó sobre $250 millones a los contribuyentes.

En aquella ocasión, el Tribunal Federal determinó que el gobierno estaba en cumplimiento total con 19 áreas reclamadas en el pleito tales como servicios de lavandería, visitas, acceso a las cortes, recreación, hacinamiento, libertad bajo palabra, personal correccional, salud ambiental, servicio de alimentos, clasificación, servicios médicos y de salud mental, educación y programas de rehabilitación, disciplina de los confinados, remedios administrativos, uso adecuado de fuerza, celdas de admisiones, monitoría interna de cumplimiento, adiestramientos y seguridad.

En una solicitud radicada la semana pasada, el Departamento de Justicia, en representación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), pidió que se le exima de dos de las estipulaciones que tienen que ver con vigilancia y el número de confinados por celda debido a recortes en el presupuesto y cambios en la ley que le impiden cumplir cabalmente.

Luego de citar jurisprudencia que permiten enmiendas a acuerdos de transacción, el gobierno pidió que se le eximiera de la Estipulación 66 que establece que 'Los demandados desplegarán inmediatamente oficiales de custodia dentro de todas las unidades de vivienda en instalaciones del DCR.'

La Estipulación 66 crea una pesada carga para el DCR ya que tener oficiales de custodia dentro de todas las unidades de vivienda individuales 'crea un compromiso económico imposible de cumplir, sobre todo después del presupuesto anual reducido de la DCR'.

El gobierno dijo estar consciente de que una de sus funciones cardinales es velar por la seguridad de los confinados en sus celdas y plantea que la seguridad de los reclusos es una prioridad.

'Sin embargo, hay otros métodos que pueden ser implementados que pueden garantizar la seguridad de reclusos dentro de los módulos de vivienda sin crear una situación en la que los nuevos cambios se tienen que crear a un costo de millones de dólares que no están disponibles para el DCR bajo la actual crisis presupuestaria', dice el documento.

Por otra parte, es un hecho que no hay problema de la violencia sistémica en penitenciarías y, por tanto, 'la dotación de personal actual de la seguridad y de las medidas adoptadas por el DCR cumplirán con la norma constitucional mínima'.

El gobierno propuso otras alternativas para poder satisfacer la Estipulación 66.

El DCR evaluará la posibilidad de implementar un sistema de vigilancia electrónica de arte que permitirá el monitoreo constante de las actividades dentro de los módulos de vivienda, tales como el Sistema Inteligente Digital Video Vigilancia que opera en la región de Bayamón. Si se aplica, el gobierno dice que habrá personal especializado a cargo del sistema de monitoreo constante que alertará a los funcionarios de prisiones de situaciones que ameritan su atención.

'Los funcionarios penitenciarios recibirán formación especializada con el fin de proporcionar una respuesta rápida y eficaz en caso de que se detecte una situación que justifica sus intervenciones en el sistema de monitoreo constante', dice el documento.

El gobierno también solicitó que se le exima de la Estipulación 85 que prohibe la práctica de 'doble bunking' (poner más de dos reclusos en una celda) en áreas de custodia máxima.

Según la solicitud, la Estipulación 85 crea una pesada carga para el Departamento de Corrección y Rehabilitación debido a cambios en el Código Penal que impiden la participación de ciertos confinados en programas de desvío.

'El Código Penal recientemente aprobado ha dificultado considerablemente la posibilidad de tener presos participando en programas de desviación debido al hecho de que ciertos delitos, como los relacionados con las armas de fuego, están excluidos de los programas de desviación o de la libertad condicional. Además de eso, se ha producido un aumento de las medidas disciplinarias que a su vez dan lugar a la extensión de las sentencias, lo que complica la situación de espacio en las instituciones', dice el documento.

En el 2009 había 698 reclusos que participan en programas de desviación pero en mayo 2014 había 299 reclusos.

'En simples palabras, hay más reclusos en las instalaciones. En mayo de 2009 había 14,400 plazas disponibles con 1,881 en máxima seguridad para una población de 12,088 reclusos. Ahora hay una población de 12,517 reclusos, de los cuales 2,281 se encuentran en máxima seguridad', dice el documento.

'No permitir doble bunking implicaría que el DCR tendría que gastar millones de dólares de su presupuesto anual ya reducido con el fin de construir nuevas instalaciones para dar cabida a los presos en literas', dice.

El gobierno propuso alternativas de 'no conflicto' para permitir el doble bunking.

Dicha política consiste en el DCR tomará las medidas necesarias para garantizar que los confinados que comparten una celda no son enemigos y que ninguna información se pueda comprometer su seguridad se comparta.

Además, el DCR dijo que ofrecerá más tiempo fuera de la celda, de recreación y de actividades para que los reclusos puedan pasar menos tiempo en confinamiento con un compañero de celda y evitar conflictos. El documento dice que si se duplican las literas de máxima seguridad, se podrá permitir a la agencia llevar a cabo renovaciones en la infraestructura de Vega Alta.

Moción para enmendar acuerdo transaccional en caso Morales Felciiano - NotiCel_8775

Acuerdo transaccional en caso Morales Feliciano - NotiCel_8776