Los inmigrantes en Puerto Rico podrían tener acceso a productos y servicios financieros formales según propuso el miercoles, el Proyecto del Senado 1243, 'Ley de Acceso Financiero para Todos', de la autoría de los senadores Ramón Luis Nieves y Jose Nadal Power, cuyo propósito es facilitar la apertura de cuentas de banco a todas las personas, independientemente de su status migratorio.

'Este proyecto es el resultado de extensas conversaciones que hemos tenido con la comunidad de inmigrantes en nuestro Distrito de San Juan, particularmente con líderes de la comunidad dominicana. El mismo es una consecuencia natural de la Ley 97-2013 que autorizó la concesión de licencias de conducir a las personas irrespectivamente de su status migratorio', expresó el senador Ramón Luis Nieves en un comunicado de prensa.

El proyecto de ley reconoce, autoriza y estimula a las entidades financieras y cooperativas que operan en Puerto Rico, a proveerle acceso a servicios financieros a los comercios y a los individuos provenientes de las comunidades inmigrantes en el país.

El Proyecto del Senado 1243, 'Ley de Acceso Financiero para Todos', se une a la Ley 97-2013 que autorizó el otorgamiento de licencias de conducir del ELA a residentes no formalizados, reconociendo categorías de personalidad jurídica a nivel local. El proyecto, al igual que la Ley, constituye un ejemplo de la política pública vigente que reconoce la equidad y facilita la integración de las comunidades emigrantes al concepto amplio de ciudadanía del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El propósito principal es que las personas en Puerto Rico puedan ir integrándose a la economía formal y se logren los objetivos de la bancarización de manera que puedan sentirse más seguros en realizar transacciones y proteger su dinero en el país. La alternativa que muchas personas con status migratorio incierto tienen en este momento para guardar o invertir su dinero, ya que no pueden llegar a los bancos, es ponerse a merced de personas inescrupulosas, o en la alternativa guardar su dinero en las casas, lo que crea a su vez problemas de seguridad, que ciertamente todos debemos de evitar', dijo el senador.

'Este proyecto le hace justicia a la comunidad de inmigrantes. Debo destacar además, que es una medida innovadora en Estados Unidos ya que de aprobarse esta ley, nos convertiríamos en una de las jurisdicciones que ha tomado el tema de la integración de las comunidades de inmigrantes con medidas innovadoras de beneficio para la gente', añadió. El senador Nieves exhortó además a las instituciones financieras y a las cooperativas a apoyar este proyecto de justicia que 'después de todo los ayudará incluso a proveerle sus servicios financieros a un nuevo número de clientes que viven con nosotros y están trabajando para un Puerto Rico mejor'.

Por su parte el senador José Nadal dijo que 'el estado vigente actual no solo discrimina injustamente contra los extranjeros sino que promueve la economía subterránea al forzar a mucha gente a manejar sus finanzas al margen de la ley y del sistema bancario'. 'Esta medida legislativa es justa con las personas y beneficiosa para la economía al integrar a muchos residentes de Puerto Rico a la economía formal', sostuvo Nadal Power. El Proyecto del Senado 1243 promueve la legalidad de las transacciones financieras al evitar que usureros y la informalidad económica se aprovechen de los inmigrantes.

Los senadores estuvieron acompañados por el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez, quien expresó su satisfacción con el proyecto que 'junto con la licencia, resuelve una preocupación de muchos inmigrantes que por no poder tener una cuenta de banco donde depositar sus ahorros ponen en peligro sus vidas al tener que guardar sus ahorros debajo del colchón', sostuvo. También estuvo presente el ex Cónsul de la República Dominicana en Puerto Rico y Director de la Oficina de Orientación y Ayuda al Inmigrante y Derechos Civiles del Municipio de San Juan, Rolando Acosta, y Esteban Reyes Manzano, líder de enlace con la comunidad dominicana.

Se estima que la población inmigrante indocumentada paga alrededor de 11 billones de dólares en impuestos al año en todos los Estados Unidos, según estudios del Inmigration Policy Center de Washington, DC.