Los recursos que tienen los padres y madres para denunciar las injusticias que se cometen contra sus hijos dentro del sistema de educación pública del país, son prácticamente pintura y capota: una hoja en blanco donde pueden vaciar información, sin que ocurra verdaderamente un cambio.

El Departamento de Educación recibe cientos de querellas sobre maltrato institucional, pero solo tiene a cinco personas que las examina. El caso se repite en la unidad de Remedio Provisional dentro de la Secretaria Auxiliar de Educación Especial, donde se reciben querellas por incumplimiento en los servicios a esta población.

La División Legal del DE, que atiende las alegaciones de maltrato en las escuelas, solo cuenta con tres abogados y dos investigadores para atender las cientos de querellas administrativas, que presentan los padres y madres en búsqueda de justicia. Estas pueden ser desde denuncias por acoso laboral hasta actos lascivos o violencia física de los funcionarios hacia otros empleados o hacia los mismos niños.

Las querellas son asignadas a un investigador quien podrá solicitar información al personal escolar, tomar declaraciones juradas y visitar escuelas.

El secretario interino de Educación Especial, Carlos Rodríguez Beltrán, explicó en vista pública del Senado que antes eran 20 abogados, pero la oficina quedó desmantelada bajo la Ley 7 de 2009.

En entrevista con NotiCel, el licenciado, Osvaldo Burgos explicó que los casos de maltrato institucional no tienen que ser atendidos exclusivamente a nivel administrativo, pero 'es el foro más simpático y accesible para los padres' por ser menos costoso.

'Aún cuando el Estado pudiera tener otras opciones, estas no necesariamente son viables', indicó.

La situación se agudiza en la Unidad Secretarial de Querellas y Remedio Provisional, donde deben acudir los padres y madres para denunciar cualquier situación de discrimen por razón de impedimento. Esta oficina también cuenta con cinco abogados y una directora.

'Todos los abogados están sin secretarias y tienen que atender miles de querellas alrededor de toda la isla', contó quien representa a algunos padres de educación especial.

La cantidad de jueces se redujo de siete a seis, tras la cancelación del contrato con el licenciado Miguel Tomasini Segarra. Los casos que tenía Tomasini Segarra, 'quedaron en el aire por más de un mes', denunció Burgos.

Las opciones con las que cuentan los padres y madres continúan reduciéndose con la decisión de la jueza Aileen Navas Auger, quien les refirió al mismo proceso administrativo de radicación de querellas, que durante años ha sido incapaz de solventar sus denuncias. La decisión fue reseñada por NotiCel hace dos meses.

'No les queda otra alternativa a los padres que ir a ese recurso', lamentó Burgos.

NotiCel solicitó la información específica de cuántas querellas recibe el DE, pero al momento de publicación no la habían enviado.

'No hay garantía de que los padres pueden ir allí a reinvindicar los derechos de sus hijos', expresó, por su parte, la senadora Maritere González, quien presidió la vista sobre la resolución del S. 243.

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