La Compañía de Turismo continúa a la espera de que la jueza Magdalena Rabionet Vázquez resuelva una moción de sentencia sumaria presentada por la Corporación de Desarrollo Hotelero (HDC, por sus siglas en ingles) en un demanda por cobro de dinero contra el licenciado Juan Ramón Zalduondo Viera, quien el martes fue arrestado por las autoridades federales por facilitar el lavado de dinero al convicto narcotraficante Carlos 'Cano Navarro' Morales Dávila.

La demanda de HDC, subsidiaria de la Compañía de Turismo, fue radicada originalmente en 2012, por incumplimiento de pagos de un préstamo millonario otorgado a Zalduondo Viera durante la administración de Aníbal Acevedo Vilá para facilitar la construcción del proyecto San Miguel Four Seasons Resort en Luquillo.

Según explicó la portavoz de Turismo, Tamaris Fournier, el pasado 14 de marzo de 2014 el Tribunal denegó una solicitud de desestimación presentada por los abogados de Zalduondo Viera.

El licenciado José Andreu Fuentes sometió una moción para renunciar a la representación legal de Zalduondo Viera en junio, debido según algunos, a conflictos de interés.

HDC estipuló en su demanda que, al 30 de septiembre de 2012, Juaza Inc., propiedad de Zalduondo y su esposa, les debía $6 millones del principal del préstamo, más $885,947.80 en intereses y $600 mil por gastos y honorarios de abogados por lo que solicitaron que se ordenara a la empresa pagar lo adeudado o que se les permitiera ejecutar la propiedad.

El 12 de junio de 2008, la Junta de Directores de HDC autorizó que se le prestara dinero a Juaza Inc. por 12 meses. En la Resolución 08-005, la Junta estableció que los accionistas de Juaza eran dueños de 230 cuerdas de terreno ubicadas entre los barrios Pintahaya y Juan Martin de Luquillo, valorado en $31.5 millones, según una tasación de 2007.

Con el préstamo otorgado por HDC se emitiría un pago a la deuda que mantenía la empresa con Westbrook Luquillo, LLC., entidad a la que el pasado abril le revocaron autorización para hacer negocios en Puerto Rico porque no radicaba sus informes anuales en el Departamento de Estado desde el 2008.

Westbrook, con base en el estado de Delaware, en un principio se involucró con Juaza, Inc. para la construcción del proyecto San Miguel Four Seasons Resort, a través de la entidad San Miguel Luquillo Partners, entidad a la que también el Departamento de Estado le revocó su certificado de incorporación por incumplir con la radicación de informes.

Para el 24 de octubre de 2008, Juaza pidió liberar 16.8 cuerdas de terreno de la colateral del préstamo debido a una transacción que se estaba cuajando con el Trust for Public Lands y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), autorizado por la HDC.

A pocos meses de que la administración de Luis Fortuño asumiera el poder, la Junta de Directores de HDC aprobó la Resolución HDC 09-19, en la que se le extendió a Juaza el vencimiento del préstamo hasta el 31 de diciembre de 2009. Sin embargo, a 16 días de que venciera ese plazo, Juaza solicitó una extensión hasta el 31 de diciembre de 2010. El 10 de febrero de 2010 la Junta aprobó la Resolución HDC 10-19 para extender el vencimiento hasta el 30 de junio de 2010. Además, dispuso que a partir de abril de 2010, Juaza tenía que comenzar a pagar los intereses a una tasa de 2.5%.

Durante todo este proceso, Jaime López Díaz, se desempeñaba como director ejecutivo de la Compañía de Turismo. Contra López Díaz, quien actualmente funge como director Financiero de Seaborne Airlines, se levantaron cuestionamientos de conflictos de interés porque fue consultor y gerente de construcción del San Miguel Four Seasons Resort mientras laboraba para el bufete McConnell Valdés.

A pesar de todo este tracto procesal del préstamo, el exdirector ejecutivo de la Compañía de Turismo, Mario González Lafuente, dijo a la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado en noviembre de 2011, que desde el 2007 el proyecto San Miguel Four Seasons Resort fue abandonado por sus proponentes. Asimismo, aseguró que no había ningún proyecto turístico ante la consideración de la Compañía.

En octubre de 2012, al ser cuestionado por este diario digital, López Díaz, se hizo el desentendido sobre la carta de González Lafuente. De hecho, dijo que desconocía cuál fue el trámite para la otorgación de las dos extensiones para el vencimiento del préstamo, porque se había inhibido del proceso, pues Zalduondo Viera era cliente del bufete donde había laborado.

Las expresiones de López Díaz se dieron un mes después de que las autoridades federales incautaran $500,000 de las cuentas de Zalduondo Viera, en medio de una investigación que realizaba el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), ante sospechas de que el dinero era producto del lavado de dinero y narcotráfico. Dos años después de la incautación, Zalduondo Viera finalmente fue acusado por un gran jurado federal y se le imputa ser el facilitar de lavado de dinero de Morales Dávila.

Este diario informó en aquel entonces que en una declaración de uno de los agentes se establecía un patrón de depósitos sospechosos a las cuentas que tenía Zalduondo Viera, y que parte del dinero se utilizaba para emitir pagos a la empresa Westerra Management LLC, con la que el presunto recaudador del Partido Popular Democrático (PPD) mantenía una deuda de $15 millones.

Westerra, filial de Westbrook, fue la empresa a la que Juaza le terminó comprando los terrenos ubicados en el Corredor Ecológico del Noreste (CEN) con el préstamo que obtuvieron de HDC.

El martes, Zalduondo Viera hizo alegación de no culpabilidad frente al juez federal Marcos E. López, quien le dio hasta el próximo 20 de enero para prestar la fianza de $250 mil que le impuso.

El licenciado Harold Vicente junto al licenciado Carlos Polo comparten la representación legal del acusado en el caso estatal de Turismo.

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