Entrevista con el Dr. Juan Alberto Fuentes Knight, ex director de Desarrollo Económico de la Organización Económica para America Latina y el Caribe (CEPAL) y especialista en reformas contributivas, como anticipo a su visita a Puerto Rico para el foro 'La reforma contributiva que queremos: equidad, participación y desarrollo'

-En Puerto Rico nos enfrentamos a una reforma contributiva; usted junto con la CEPAL apuntan a que toda reforma de este tipo debe ir acompañada de un pacto fiscal. Qué entendemos por pacto fiscal?

Un pacto fiscal es un acuerdo entre los contribuyentes y el Gobierno acerca del monto, origen y destino de los recursos con que cuenta el Estado. Significa que existe un acuerdo, a veces implícito y a veces explícito, sobre lo que el Gobierno debe hacer con los recursos que le transfiere la ciudadanía. No es un acuerdo grabado en piedra, sino que puede ir modificándose de acuerdo con cambios que surgen de nuevos desafíos, crisis o demandas sociales. Se trata de un acuerdo relacional, que busca contribuir a una relación continúa de diálogo, y a veces de negociación, entre la ciudadanía y el Estado.

-Qué requisitos tiene que haber para que se pueda dar un pacto fiscal? A qué sectores debería incluir dicho pacto?

Lo que normalmente se entiende por un pacto fiscal no tiene que ser un compromiso legal firmado por las partes sino más bien un acuerdo amplio en el que existe un acuerdo mayoritario, entre diversas fuerzas sociales y políticas, acerca de lo que el Estado debería hacer en relación a los impuestos, al gasto público y a la gestión de la deuda pública. También debe asegurar la transparencia, tanto para contribuir a que los acuerdos sean claros como para asegurar su seguimiento y garantías de cumplimiento. Un requisito básico para llegar a un acuerdo o pacto fiscal ampliamente aceptado es que sea el resultado de una amplia participación ciudadana y de mecanismos de seguimiento que aseguren que lo que la mayoría desea se cumpla.

-Qué debe tener una reforma contributiva para que promueva la equidad?

Una opción, que al menos evita la regresividad, es que los impuestos sean neutrales, es decir, que todos paguen una proporción equivalente de sus ingresos o de su riqueza. Ello no ocurre con el IVA, porque se paga solamente una proporción del consumo, y aquellos con mayores ingresos normalmente tienen mayores ahorros, y estos no pagan impuestos. Esta es una razón por la cual el IVA tiende a ser regresivo, es decir, cuando se toma el total de ingresos, los que tienen más ingresos, que son los que más ahorran, pagan proporcionalmente menos impuestos sobre sus ingresos.

También hay que tomar en cuenta el destino de los recursos, pero en América Latina la experiencia ha sido que aunque el gasto sea progresivo, es decir, que beneficia proporcionalmente más a los más pobres, no ocurre lo mismo con los impuestos, que neutralizan este posible efecto positivo del gasto público sobre los más pobres. En otras palabras, la regresividad de los impuestos reduce significativamente, o cancela totalmente, el posible impacto progresivo del gasto público. Ante la desigualdad tan fuerte que existe, lo que se necesita es que tanto los impuestos como el gasto público sean progresivos y no regresivos.

-También habla de que en la práctica, la relación de reciprocidad que se debe dar entre el Estado y los contribuyentes podría ser débil… de qué casos estamos hablando?

Sí, lamentablemente pueden existir sectores con mucho poder económico y político que pesan mucho más que otros sectores de la ciudadanía, y que tienen capacidad de imponer sus condiciones a pesar de no ser representativos del conjunto de la sociedad. También pueden existir sectores sociales que no tienen mayor relación con el Gobierno, como los que están en el sector informal, por lo que no les importa mucho lo que haga o no haga el Estado, de manera que es difícil incorporarlos en un proceso de negociación que garantice que tengan voz y que tengan cierta incidencia. A veces también hay gobiernos que simplemente no son democráticos y que imponen sus políticas sin mayor consideración de las mayorías.

-En los informes de la CEPAL y en entrevistas con los medios de comunicación usted enfatiza en la transparencia y la participación como única medida para que el pacto fiscal funcione. Porqué es tan importante la transparencia?

La transparencia es fundamental por tres razones. Primero, permite saber qué está haciendo el Estado y qué puede hacer en relación a los impuestos, el gasto y la deuda, lo cual es fundamental para saber si se quiere mantener o reorientar esas políticas.

Segundo, y como parte de lo anterior, se requiere transparencia para saber si el gasto es realmente efectivo y si los impuestos son justos y adecuados. También la transparencia puede servir como medio para disuadir la corrupción, tanto por el lado del gasto, que puede incluir el robo de fondos públicos, como por el lado de los ingresos, que puede incluir la evasión contributiva. Tercero, si se llega a un acuerdo sobre un pacto fiscal, o sobre una reorientación de la política fiscal, la transparencia es necesaria para darle seguimiento a lo convenido de manera que se pueda evaluar si realmente se está cumpliendo con lo acordado.

-En Puerto Rico se propone la implementación de un IVA como mecanismo infalible para hacer aflorar una economía informal. Qué experiencias exitosas de IVA en este sentido conoce usted?

Hay una larga experiencia de la mayor parte de América Latina con el IVA, que se remonta a tres o cuatro décadas atrás. Ha sido un impuesto con gran capacidad recaudatoria, y normalmente resulta más efectivo que el impuesto sobre ventas, porque al gravarse el valor agregado que resulta de cada transacción, el que paga el impuesto de la transacción que le corresponde tiene interés en cobrarle a los agentes económicos o personas que realizaron transacciones anteriores lo que les corresponde, de acuerdo con el valor agregado que ellos generaron previamente en esas transacciones. En otras palabras existe un mecanismo de auto-control que es importante, aunque ello no siempre asegura alcanzar la economía informal porque pueden existir vacíos, en el proceso de compras y ventas, que no se registran adecuadamente o que están sujetas a excepciones, con lo cual el mecanismo de auto control se debilita. No es un mecanismo infalible pero es mejor que un impuesto aplicado a las ventas.

-Cómo se podría implementar un impuesto sobre el consumo que sea lo más justo posible? Es decir que no fuera regresivo?

Como decía, pueden tomarse en cuenta diversas experiencias de América Latina y además medir con cuidado cómo afecta a las familias más pobres tomando en cuenta su consumo. Aparte de la decisión política de asegurar ciertos mecanismos para reducir el impacto regresivo, como en Uruguay, o con transferencias, también debe darse un análisis técnico cuidadoso de cómo este impuesto puede afectar a los más pobres, lo cual puede variar dependiendo de la estructura de consumo en cada país.

-Cuando existe mucha evasión contributiva sobretodo por parte de los sectores más privilegiados, hay alguna fórmula que pueda combatir dicha evasión?

Combatir la evasión contributiva no es solo una decisión técnica sino también política, ya que muchas veces los evasores son personas o empresas con mucho poder político y económico. Hacerlo requiere no solo acudir a buenos bancos de datos, y darle un seguimiento a los contribuyentes, especialmente los grandes, sino también fortalecer el sistema judicial para que existan sanciones efectivas en contra de los evasores. Es una tarea compartida por el poder ejecutivo y el sistema judicial.

-Usted también habla de que el Estado tiene que promover la inclusión social. Como se lleva a cabo esto dentro de las políticas públicas contributivas y administración de recursos?

La progresividad del sistema de ingresos y gastos es clave. Las personas, familias y empresas que más recursos tienen deben generar más recursos para el Estado, y éste debe distribuirlos equitativa y eficientemente. No es solo un desafío técnico. Pero llegar a ello también requiere de negociaciones políticas, en que los sectores excluidos puedan tener espacios para participar e incidir en la política fiscal y social de manera que se asegure esa inclusión. La búsqueda de un acuerdo o pacto fiscal puede contribuir a una mayor inclusión social.

*La autora es relacionista de Cumbre Social. El Dr. Fuentes Knight es el invitado especial del foro La reforma contributiva que queremos: equidad, participación y desarrollo, convocado por Cumbre Social y la Fundación para un Mejor País, que se celebrará el próximo lunes, 23 de febrero de 1pm a 5pm en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. También participarán el Dr. Argeo Quiñones, del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, el abogado y CPA Lcdo. Daniel Garavito y el economista Dr. Alejandro Silva. Se invita a participar a todas las organizaciones comunitarias, sindicales, profesional, académicas, estudiantiles y público en general. La entrada es libre de costo. Tomado de 80 Grados.