La Autoridad de Energía Electrica (AEE) alteró una auditoría interna que se hizo en el 2011 que probaba la existencia de un 'cartel del petróleo' que por sobre 20 años conspiró para que la corporación pública comprara combustible que no llenaba requisitos de calidad para ser usado en las plantas y que encareció las facturas de energía electrica.

El esquema está contenido en una demanda de clase radicada por cuatro ciudadanos que alega también que la conspiración entre suplidores, laboratorios y empleados de la AEE continúa y que la entidad le dio el control del cartel al suplidor de combustible Petrobras mediante un contrato firmado en septiembre.

Ese contrato permite a Petrobras escoger los laboratorios que hacen las pruebas de cumplimiento al combustible que se le vende a la corporación pública para hacer pasar el mismo como combustible con porcentaje de azufre bajo que en el mercado es más costoso.

Según la demanda, varios empleados, entre los que se menciona al retirado director de la Oficina de Combustible, William Clark, recibieron 'kickbacks', o regalías, de parte de los suplidores por participar en el esquema.

La demanda cita una entrevista al presidente del Senado, Eduardo Bhatia, hecha en mayo pasado en donde este alegó que la AEE pagó sobre $3,000 millones en compras de petróleo a suplidores y que hay un grupo de personas que reciben el 10% en comisiones por lo que 'harían lo que fuera por mantener el modelo actual de compras de la AEE'.

El documento menciona que Paulo Coelo Acosta, un exejecutivo de Petrobras en Brasil y quien admitió haber pagado sobornos a líderes gubernamentales, fue instrumental en conseguir un contrato con la AEE para la venta de petróleo. Este fue el que asistió a la firma del contrato en el 2006 en conjunto con el presidente de la AEE, Luis Aníbal Avilés Pagan, y varios directivos de la AEE que incluyeron a Luis F. Jiménez y Edwin Rivera.

La demanda incluye como prueba del esquema una auditoría hecha por la Oficina del Contralor entre el 2000 y 2002 que reveló el esquema pero además destaca que un oficial ambiental y auditor, Abraham Ortiz, informó a los auditores de las irregularidades en la compra de petróleo.

Ortiz dijo a los auditores de la contraloría que en 1999 un empleado demandó a su patrono Caleb Brett Laboratories por despido injustificado y que como parte de sus alegaciones reveló que el laboratorio requirió a los empleados alterar entre 500 a 600 pruebas hechas al combustible de la AEE para que pareciera que cumplía con requisitos ambientales.

Aunque la AEE negó tener conocimiento sobre lo que hizo Caleb Brett, Ortiz dijo a los auditores se le informó a la gerencia pero que ignoraron la información. La AEE continuó pagando por pruebas al laboratorio para un total unos $2 millones.

Para tratar de cubrir sus acciones, según la demanda, AEE cerró su laboratorio interno en el 1994 alegando que iba a establecer laboratorios separados en las plantas pero que no lo hizo. Ortiz, quien laboraba en el laboratorio, fue convertido en oficial ambiental y se le quitaron poderes para hacer auditorías internas.

El contralor no solo concluyó que hubo irregularidades en las pruebas de laboratorios sino que destacó que Clark tenía numerosas funciones conflictivas ya que escogía a los suplidores que participaban en subastas, asesoraba a la Junta de Subastas, enviaba cartas de adjudicación de subastas y aprobaba compras.

También concluyó que la AEE sobrepagó millones en la compra de combustible.

Luego de esa auditoría, la AEE demandó a Caleb Brett por haber falsificado pruebas entre el 1992 al 2000 pero transó la demanda privadamente luego que un empleado de la AEE dijera en el tribunal que sabía acerca de las pruebas.

La corporación pública no demandó a ningún suplidor de petróleo por haberle cobrado en exceso por combustible.

El esquema en donde la AEE y los suplidores supuestamente obligaban a laboratorios a alterar pruebas de combustible para que la corporación comprara el mismo continuó.

Desde el 2002 hasta el presente, según la demanda, llegan entre 15 a 30 cargamentos de combustible al mes. Un laboratorio identificado como Alchem hace algunas pruebas de cumplimiento al combustible. Si no cumple, entonces la AEE le pide que haga una segunda prueba. Si esa no cumple, entonces un laboratorio identificado como Saybolt hace la prueba 'ya que siempre concluye' que sí cumple aunque sea falso.

La demanda menciona que un exempleado de Alchem alegó que toda la carga a la que ese laboratorio le había hecho pruebas por los pasados 20 años no cumplió con los requisitos para ser usado en las plantas. Esos cargamentos vinieron de Petrobras, Trafigura, PetroWest, Puma, STUSCO, y Vitol, entre otros.

En diciembre del 2008, un empleado que era químico en la AEE dejó por escrito los resultados de laboratorio de una carga que no cumplía con los requisitos para ser usado. Un mes después una empleada de la división ambiental se topó con el documento lo que desembocó en una auditoría interna.

La misma se llevó a cabo por Carmen R. Alicea y José Gandía, a la que se unió Ortiz. Los auditores entrevistaron a funcionarios en los laboratorios quienes se quejaron de que la Oficina de Combustible estaba presionando para que el combustible comprado apareciera como que está en cumplimiento.

El informe menciona que el presidente de Alchem, Alving Tollinchi Delgado le informó a los auditores que ese laboratorio hizo pruebas a un cargamento de 67 millones de barriles de 'bunker fuel' para la planta de Aguirre.

Alchem encontró altos niveles de azufre. La AEE en vez de rechazar el cargamento le pidió a Alchem hacer una segunda prueba que reiteró sus resultados. Fue entonces que STUSCO le pidió a Saybolt que hiciera otra prueba y la AEE aceptó ese resultado.

La auditoría concluyó que Saybolt falsificó esa prueba luego que se topó con un correo electrónico enviado a STUSCO 'reportando a las 8:14 p.m. que el cargamento cumplía cuando la prueba se había hecho a las 8:49 p.m. o sea que reportó los resultados antes'. Los auditores confrontaron a Saybolt que no pudo explicar la discrepancia.

Los auditores encontraron que Saybolt, al igual que otro laboratorio identificado como Inspectorate America, no tenían adecuadas calibraciones de sus pruebas. La demanda alega que los auditores iban a presentar sus resultados a la Junta de la AEE en noviembre del 2010 pero eso no ocurrió.

Mientras tanto, la Oficina de Combustible trató de intervenir con la auditoría. Los auditores se fueron de vacaciones de Navidad pero cuando regresaron en enero del 2011, se toparon con que el equipo de auditores se había disuelto y que el informe había sido alterado. Tanto Alicea como Gandía rehusaron firmarlo.

Cuando salió a relucir en varios medios que la AEE manipuló una auditoria interna, la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) dijo que iba a investigar. Para cubrir sus acciones, la AEE contrató un auditor externo que encontró que de 680 pruebas a combustible, unas seis encontraron que el combustible era de mala calidad, esto a pesar de que las muestras de combustible no se guardan.

El pleito reclama daños compensatorios y honorarios de abogados en representación de todas las personas y entidades que pagaron por el servicio de electricidad desde 1 de enero de 2004 hasta el presente, al amparo de la Ley federal contra extorsión criminal y las organizaciones corruptas (RICO, por sus siglas en inglés) y la doctrina de enriquecimiento injusto.

Vea también:

Demanda federal alega crimen organizado en compra de petróleo (documento)