La reciente decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que establece que bajo el Estado Libre Asociado no existe la soberanía dual porque es un territorio cuyo poder emana del Congreso, le da más fuerza a reclamos de sectores de que Estados Unidos tiene una responsabilidad compartida con la deuda de $72 mil millones que tiene el gobierno.

Esta decisión en conjunto con una tomada por el Tribunal del Supremo de los Estados Unidos en el 2007 relacionada a una emisión de bonos por $400 millones que quería hacer el territorio de Guam, la cual el Alto Foro federal dijo que no podía hacer en gran medida para proteger a los Estados Unidos de una insolvencia en ese territorio, tienden a apuntar a que el gobierno estadounidense tiene cierta responsabilidad por la deuda de Puerto Rico.

Un profesor de derecho constitucional, y varios legisladores y exgobernadores que son abogados opinaron que hay base para reclamar a los Estados Unidos o responsabilidad por nuestra deuda, o una compensación que ayude a solventarla.

'Es cuestión del estado de derecho vigente. Ese punto lo puede traer un bonista o un acreedor en Puerto Rico. Al ser Puerto Rico un estado no incorporado como Guam, un bonista podría demandar el pago la deuda… Esa posibilidad se abre más debido a la recién decisión del Tribunal Supremo revocando la doble soberanía', opinó el representante Luis Vega Ramos.

Carlos Ramos, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, dijo que aunque existe el debate eterno sobre si Puerto Rico es un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso, la recién decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en conjunto con la del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre Guam apuntan a que Estados Unidos sí tiene una responsabilidad con la deuda de sus territorios.

Ramos recordó que el gobierno federal no sólo autorizó a Puerto Rico a emitir deuda en los mercados sino que en el 1961 el Congreso autorizó una enmienda a la constitución local para que la Isla pudiera aumentar su margen prestatario. 'Cuando sumas esos elementos, la responsabilidad de la deuda es compartida con el gobierno federal', concluyó Ramos.

Recientemente, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá abogó para que los Estados Unidos asuma su responsabilidad con la deuda de Puerto Rico porque al final del día el Tribunal Supremo de Estados Unidos podría decidir que el gobierno federal también es responsable de la deuda de Puerto Rico. Según el exgobernador, en el 1917, como parte de la Ley Jones que estableció la estructura de gobierno para Puerto Rico, el Congreso autorizó a Puerto Rico a emitir bonos e incluyó una disposición que exime de impuestos estatales y federales a todos los bonos emitidos por el gobierno de Puerto Rico por medio de la Sección 745 del Título 48 del Código de Estados Unidos.

'Nuestros bonos se han vendido y comprado basados a una ley federal y cumpliendo con las reglas federales. Esta disposición fue adoptada en 1917 como parte de los poderes plenarios del Congreso sobre el territorio de Puerto Rico. El Congreso ordenó a los otros estados a no gravar nuestros bonos, algo que claramente el Congreso no tiene poder para hacer en lo que respecta a los bonos de otro estado en específico', dijo Acevedo Vilá. El exgobernador le recordó a Washington que en el 2007, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió el caso de Limtiaco, Procurador General de Guam v. Camacho, Gobernador de Guam en donde impidió al gobierno de ese territorio hacer una emisión de bonos de $400 millones luego de hacer una interpretación de la ley orgánica de Guam.

El caso fue el producto de una disputa local entre el gobernador de Guam y su secretario de Justicia en relación a si se podía hacer la emisión de bonos y si ésta constituía una infracción de una disposición de limitación de la deuda pública incluida en la Ley Orgánica federal de Guam. Luego de varios eventos procesales, el caso llegó al Supremo de los Estados Unidos en donde el Alto Foro dijo que no se podía hacer la emisión porque violentaba los límites de la deuda. En esa decisión, escrita por el juez Clarence Thomas, se arroja luz sobre la responsabilidad del gobierno federal en lo que respecta a la deuda de un territorio. 'Es cierto que concedemos deferencia a los tribunales territoriales sobre asuntos de interés puramente local. Sin embargo, este caso no se ajusta a ese modelo. La disposición sobre la limitación de deuda protege tanto a los ciudadanos de Guam como a los Estados Unidos de las posibles consecuencias de la insolvencia del territorio. Por lo tanto, este caso no es una cuestión de interés puramente local', dice el documento.

Acevedo Vilá dice que aunque es cierto que el Tribunal Supremo estaba interpretando la ley federal que estableció el gobierno de Guam, la misma aplica a Puerto Rico aunque la Isla se rija por su propia constitución. 'Estados Unidos tiene responsabilidad por la insolvencia financiera de un territorio y los asuntos relacionados con los bonos de los territorios son un asunto de interés nacional', dijo Acevedo Vilá.

Estados Unidos, por medio de informes en la Casa Blanca y otros escritos, ha insistido por décadas que el Estado Libre Asociado sigue sujeto a la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos y los poderes plenarios del Congreso todo con el fin de negarle a Puerto Rico facultades y poderes para resolver su crisis económica y social 'para luego darse la vuelta y decir que no tiene ninguna responsabilidad sobre nuestra deuda porque la crisis de la deuda es un asunto de interés puramente local. Como se dice en inglés, you cannot have your cake and eat it too', dijo el exgobernador.

Por otro lado, la decisión del Supremo local al establecer que no existe una soberanía dual porque los poderes de Puerto Rico emanan del Congreso le da más fuerza al argumento de que la responsabilidad de la deuda es compartida. El Supremo local hizo esa determinación en el caso de una persona convicta por cargos criminales en un tribunal federal que enfrentaba acusaciones por los mismos delitos en un tribunal de Puerto Rico, lo que el Alto Foro determinó que violentaba la disposición constitucional que prohíbe la doble exposición al mismo delito. Al sustentar su decisión, el Supremo dijo que debido a que los poderes de Puerto Rico como territorio fueron delegados por el Congreso, cuerpo que hace las leyes federales, la Isla no tiene una soberanía separada de la soberanía federal.

De ser correcto que Puerto Rico tiene una responsabilidad compartida con la deuda, el problema será cómo se puede ejecutar la misma. Ramos dijo que aunque un accionista tiene legitimación para exigir el pago de la deuda a los Estados Unidos, podrían surgir dudas sobre a quién tiene que demandar: si al presidente o al Congreso. 'Eso traería un sin número de asuntos como el tema de la inmunidad legislativa a ser demandado', sostuvo Ramos.

El portavoz de la Mayoría, Carlos Hernández López, insistió en que Estados Unidos tiene que asumir su responsabilidad con la deuda de Puerto Rico u otorgarle los poderes económicos para lidiar con la misma. 'En la medida en que se reclame soberanía sobre Puerto Rico, yo coincido con la postura (de que es responsable de la deuda)', dijo Hernández.

Acevedo Vilá no es el único exgobernador que entiende que existe una responsabilidad compartida de los Estados Unidos con la deuda. El exgobernador Carlos Romero Barceló propuso ante la Cámara de Comercio en el 2014 pedir a los Estados Unidos una compensación por haber privado a los puertorriqueños del derecho al voto durante tantos años. Dijo que esa compensación, que calculo en $16.7 trillones permitiría saldar la deuda. La estadidad, dijo además, daría una fuerza política de valor incalculable, con dos senadores y cinco representantes en el Congreso para conseguir el pago de la deuda.

Sin embargo, el abogado John Mudd opinó que la decisión judicial sobreGuam no establece un precedente al venir del Tribunal Supremo de ese territorio. Dijo que aunque se puede hacer el argumento de la deuda compartida, tiene pocas posibilidades de prosperar. 'Si le dice a Estados Unidos que te pague la deuda, se te van a reír en la cara. Si no van a pagar la deuda de un estado, tampoco la de un territorio', opinó Mudd.

De paso,dijo que la decisión del caso de Guam no menciona nada sobre que Estados Unidos tenga que pagar. 'Seguro que un default afectará los Estados Unidos…en ninguna parte de la decisión dice que afectaría porque tenemos que pagar…es un comentario que habla de las consecuencias de la insolvencia de Guam', dijo. 'No hay conexión entre lo que dice el caso y lo que dice Aníbal (Acevedo Vilá)', concluyó.

Limtiaco v. Camacho 06-116 Resolución - NotiCel_11743

Limtiaco v. Camacho 06-116 Transcripción - NotiCel_11744

Pueblo v. Sánchez Valle - NotiCel_11745