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'Chemo' deja maltrechas las finanzas de Canóvanas (documento)

Un informe de la Oficina del Contralor para el periodo entre el 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2013 reveló serias deficiencias en el control de las finanzas del municipio de Canóvanas bajo la incumbencia del alcalde Jose 'Chemo' Soto.

La auditoría señala, entre otros, sobregiros por $828,357 en 19 fondos municipales y 24 meses de atraso en la preparación de informes fiscales. De estos, $240,340 corresponden al Fondo Operacional y $588,017 a 18 fondos especiales. Una situación similar de atrasos en informes se comentó en la auditoría M-13-04 del 6 de agosto de 2012.

De igual modo, los auditores encontraron deficiencias relacionadas con los pagos por contratos de servicios profesionales y consultivos. De agosto de 2010 a julio de 2012, el municipio otorgó tres contratos contingentes de servicios profesionales a un consultor para prestar asesoramiento en la determinación de deficiencias en el cobro de deudas por patentes y de arbitrios de construcción. Las facturas incluidas con los comprobantes de pago no contenían información ni evidencia que pudiera demostrar que los pagos efectuados por los deudores o evasores contributivos fueron resultado de las gestiones realizadas por el consultor. Tampoco se incluyeron en los comprobantes de desembolso las hojas de trabajo, las minutas, las cartas o cualquier otro análisis que hubiere realizado el consultor como evidencia para determinar las supuestas deficiencias encontradas. No se mantenían expedientes completos y actualizados de los casos de patentes municipales y de arbitrios de construcción que fueron referidos al contratado.

El informe también señala transferencias de crédito entre partidas presupuestarias contrarias a la ley, falta de certificaciones de los sobrantes previo a la autorización de las transferencias de crédito, transferencias de crédito no informadas a la Legislatura Municipal, y tardanzas en el envío a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales de los documentos mediante los cuales se autorizaron las transferencias. En febrero de 2011, el Alcalde autorizó indebidamente una transferencia por $145,298, mediante la Orden Ejecutiva 10, que rebajó la asignación de una partida de presupuesto para cubrir el pago de una obligación estatutaria destinada a la amortización de préstamos. El crédito transferido se utilizó para aumentar los recursos de varias partidas de gastos operacionales. Dicha transferencia se realizó sin que la Directora de Finanzas emitiera la certificación de sobrante requerida en la que se detallara la asignación presupuestaria, las obligaciones y los desembolsos girados contra la partida afectada, y el monto no obligado disponible para ser transferido. De enero de 2010 a junio de 2012, se aprobaron 45 resoluciones ejecutivas para autorizar 573 transferencias de crédito entre partidas presupuestarias por $10,134,560. Al igual, se realizaron sin que la Directora de Finanzas emitiera las certificaciones de sobrantes requeridas. El Alcalde no remitió a la Legislatura Municipal copias de 36 resoluciones ejecutivas para autorizar 341 transferencias de crédito entre partidas presupuestarias por $2,416,850 aprobadas de enero de 2010 a junio de 2012. La Secretaria de la Legislatura Municipal remitió a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) copias certificadas de ocho resoluciones aprobadas de junio de 2010 a junio de 2012 para autorizar 211 transferencias de crédito entre partidas presupuestarias por $7,507,710, con tardanzas que fluctuaron de 3 a 452 días luego de la fecha establecida.

Asimismo, se realizaron órdenes de cambio para trabajos adicionales en la construcción de una obra sin la celebración de subasta pública. En diciembre de 2009, el Alcalde formalizó un contrato por $1,894,000 con un contratista para la construcción de una pista atlética. El contrato tenía vigencia del 1 de diciembre de 2009 al 31 de julio de 2010. De diciembre de 2009 a mayo de 2011, se realizaron cinco enmiendas al contrato por $709,442 para realizar trabajos adicionales, lo que aumentó el costo del proyecto a $2,603,442. Para dichos trabajos adicionales, no se celebró subasta pública, a pesar de que estas enmiendas representaban un aumento de un 37% sobre el monto original del contrato. A marzo de 2013, el contratista había facturado $2,599,485, de los cuales el Municipio le había pagado $2,339,536 y quedaban pendientes de pago $259,949.

Además, el municipio realizó compras y servicios sin obtener las cotizaciones requeridas, no identifica a los empleados que participaron en el proceso de obtener las cotizaciones, y sufrió de deficiencias relacionadas con el Reglamento de Compras. De octubre de 2009 a agosto de 2012, se ordenaron y pagaron $161,618 por la compra de equipo y otros suministros y la reparación de acondicionadores de aire sin que se obtuvieran cotizaciones de precio de, por lo menos, tres proveedores representativos en el mercado. De diciembre de 2009 a septiembre de 2012, se realizaron 22 pagos por $165,875 para la adquisición de bienes y servicios. Las cotizaciones de los proveedores y los justificantes incluidos en los comprobantes de desembolso no contenían el nombre, el título ni la firma del funcionario o empleado del Municipio que solicitó, recibió, aceptó y adjudicó las mismas.

Por otro lado, se construyeron obras y realizaron mejoras sin obtener previamente los permisos de construcción y de uso; y sin requerir las pólizas y las fianzas correspondientes. Los mismos se obtuvieron de 289 a 485 días después del comienzo de los trabajos. En septiembre de 2012, se inauguró el proyecto de la pista atlética y se permitió su uso sin que se hubiese obtenido el permiso de uso correspondiente y sin que el proyecto fuera aceptado por el Municipio por deficiencias identificadas en la construcción.

Asimismo, se contrató a una compañía para un estudio de transportación y la compra de unidades de transporte colectivo que no tuvieron utilidad. De julio de 2008 a mayo de 2009, el municipio otorgó un contrato y dos enmiendas por $105,000 a una compañía para que realizara un estudio de transportación y establecer el SITUR. En julio de 2009, la compañía presentó un informe final, en el que recomendó dos rutas existentes para las unidades de transporte colectivo. El municipio no aceptó dichas recomendaciones y determinó que debían ser cuatro rutas. Dicho estudio no tuvo utilidad alguna, ya que el Municipio tampoco logró un acuerdo con los porteadores públicos de las rutas existentes. Dicha condición era necesaria para que el DTOP le otorgara el endoso. A enero de 2010, el municipio había pagado la totalidad de los servicios contratados. En una inspección realizada por los auditores en octubre de 2013, se observó que los cuatro trolleys estaban estacionados en el Departamento de Mecánica y Transportación del Municipio sin que se les estuviese dando uso.

Mientras, el municipio otorgó créditos presupuestarios no obligados al momento de otorgar contratos. El examen reveló que la Directora de Finanzas no obligó los créditos presupuestarios necesarios para el pago de cuatro contratos por $120,000 por concepto de servicios profesionales. Dicha funcionaria registró las obligaciones para el pago de los contratos de 14 a 84 días luego de que los contratos se otorgaran.

Canóvanas incurrió en el pago de intereses y penalidades por enviar tardíamente las remesas al Servicio de Rentas Internas Federal (IRS, por sus siglas en ingles) y los pagos de las aportaciones a la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR). De abril de 2010 a diciembre de 2011, el Municipio pagó $ 2,241 al IRS. De julio de 2009 a septiembre de 2010, el Municipio pagó $21,746 en intereses por enviar tardíamente los pagos de las aportaciones a la ASR.

De noviembre de 2010 a noviembre de 2011, la Recaudadora Oficial depositó recaudos por $15,824,927 con tardanzas que fluctuaron de 1 a 134 días. A mayo de 2013, permanecían en blanco, sin cancelar y bajo la custodia de la Directora de Finanzas, 8,209 recibos modelos CR-01, CR-02 y del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, que no se utilizaban debido a que se había adquirido un nuevo sistema de contabilidad. En el Municipio no se encontró ni los funcionarios municipales suministraron evidencia que demostrara que se realizó un inventario de los recibos de recaudación, Modelo CR-01, y de los valores que estaban sin depositar al 16 de octubre de 2012, cuando hubo un cambio de Recaudador Oficial.

De mayo de 1999 a abril de 2004, el Municipio otorgó un diferencial de sueldo a una empleada municipal por ocupar interinamente el puesto de Programador de Sistemas Electrónicos. El examen sobre el particular reveló que la empleada no tenía la preparación académica para ocupar dicho puesto, pero le pagaron $14,382 por diferenciales de sueldo que fluctuaron de $27 a $459 mensuales.

Entretanto, de julio de 2006 a enero de 2013 el Alcalde, sin la aprobación de la Legislatura Municipal, formalizó acuerdos interagenciales, mediante ocho contratos y dos enmiendas por $455,039, con la Policía de Puerto Rico para que un funcionario de esta prestara servicios como Subcomisionado de Seguridad de la Policía Municipal. En los acuerdos se estipuló que le rembolsarían a dicha agencia los salarios y los beneficios marginales del funcionario. De junio de 2007 a noviembre de 2013, el Municipio pagó $455,473 entre salarios y beneficios marginales.

Otros hallazgos demostraron falta de fiscalización efectiva de la Comisión de Asuntos de Auditoría de la Legislatura Municipal, accidentes con vehículos municipales que no fueron investigados, ausencia de controles y de procedimientos para el uso de las computadoras; empleados municipales clasificados como transitorios en exceso del término, y recursos económicos en cuentas bancarias inactivos por períodos prolongados.

En los comentarios especiales se mencionan demandas civiles pendientes de resolución y recomendación no atendida del informe de auditoría anterior al municipio no recobrar $281,843. En el tercer comentario se señala una posible apropiación de fondos públicos por $3,271 por parte de una recaudadora, esto, según indica un informe emitido por la Unidad de Auditoría Interna del Municipio.

Auditoría Canóvanas - NotiCel _12113

El exalcalde de Canóvanas, José 'Chemo' Soto (Josian Bruno/Archivo NotiCel)
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