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Pillan hombre por tremendo fraude al Seguro Social

Las autoridades federales llegaron a un acuerdo de pago con un hombre para que devuelva unos $82,863 en beneficios del seguro social pertenecientes a una persona que había fallecido en el 2009.

Luis A. Santori Mayoral, quien reside en Florida, era la persona autorizada a firmar los beneficios de Carmen Mayoral Lyster, quien falleció en junio del 2009. Los documentos del caso no confirman si la víctima es madre del acusado.

Luego del fallecimiento de Mayoral Lyster, Santori no le notificó a la Administración del Seguro Social acerca de su fallecimiento y en vez de devolver el dinero recibido, continuó recibiendo y utilizando los beneficios desde el 6 de junio del 2009 hasta el 6 de febrero del 2015.

El acuerdo fue uno de índole civil y el documento no dice si Santori tendrá que enfrentar alguna sanción de índole criminal.

Como parte de los acuerdos, Santori pagará unos $200 mensuales a la Administración del Seguro Social. El acuerdo tendrá que ser registrado en el Registro de la Propiedad para crear en un gravamen en su propiedad. De retrasarse en los pagos, el gobierno federal podrá solicitar que se pague la cantidad total adeudada.

El acuerdo viene en momentos en que el fraude al Seguro Social por diversas vías en la Isla parece no tener fin. En enero, las autoridades federales arrestaron a unas 40 personas acusadas de un esquema para hacer reclamaciones fraudulentas al Programa de Beneficios de Seguro por Incapacidad del Seguro Social.

En el 2012, el Seguro Social abrió una división en Puerto Rico para que se dedique exclusivamente a investigar los casos de personas que fraudulentamente alegan estar incapacitadas para trabajar y cobran el beneficio únicamente diseñado para subvencionar a incapacitados.

Esto se hizo luego de que unas 75 personas, entre ellos un exempleado del Seguro Social, un fisiatra y dos psiquiatras, fueran acusados y arrestados por las autoridades federales por idear un esquema para recibir beneficios por incapacidad que sobrepasó los $6 millones.

Las autoridades federales dijeron en esa ocasión que tienen a otras 1,000 personas en la mirilla.

(Archivo/NotiCel)
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