La legalización de la videolotería es una alternativa fiscal por años empujada y rechazada por numerosos intereses y protagonistas que, ahora empujados por la crisis fiscal, han vuelto a resurgir con las fuerza.

La videolotería ha hecho más palpable la división existente dentro del Partido Popular Democrático (PPD). Por un lado, está una Rama Ejecutiva que ansiosamente busca ingresos hasta por debajo de las piedras para tener un presupuesto creíble que pueda atraer la inversión de los mercados. De otra parte, los legisladores no desean que se le usurpen poderes para legislar medidas de recaudo y que abogan por un enfoque a reformas populistas y de desarrollo económico.

Por otro lado, se encuentra la industria hotelera y los casinos que ya han perdido millones como resultado de las máquinas de entretenimiento para adultos esparcidas en negocios por toda la isla y que ahora están amenazados por la videolotería. Otros protagonistas de la controversia son los propios dueños de las máquinas de entretenimiento para adultos que ahora corren por la libre sin responderle al fisco, pero que con el plan gubernamental se eliminarían o tendrían que convertirse al nuevo sistema de juego legal.

Observando se encuentran los ejecutivos de firmas que venden juegos de videolotería como Caribbean Cage y Gtech, que han prometido jugosas ganancias al gobierno si se legaliza la videolotería.

En el 2009 Caribbean Cage se unió con Scientific Games, compañía que opera la loto en la isla, para establecer el sistema de videolotería en países de Latino América y el Caribe. Un artículo del 2009 en el Washington Post menciona que la estrategia de Robert Johnson, dueño mayoritario de Cage, es convencer a los gobiernos de países en Latino América y el Caribe a cerrar sus máquinas de juegos ilegales y usar los terminales de su compañía, las cuales estarían interconectadas por un sistema satélite que monitorea el dinero.

De otra parte, la compañía GTech, antes que Hacienda radicara el reglamento, le escribió al Secretario de esa agencia, Juan Zaragoza, en abril una carta en la que lo felicitaba por abrir un proceso de subasta para la videoloteria y le recalcaba que sus negocios no tenían nada que ver con los de Caribbean Cage.

Desde por lo menos el 2007, hay intentos de traer la videolotería. Incluso el ahora gobernador, Alejandro García Padilla, la rechazó en el 2009 como senador diciendo que no quería que se le sacara mas dinero del bolsillo de la gente. Y una opinión de 2009 escrita por el exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, dice que la ley solo permite al Secretario de Hacienda autorizar juegos en donde el jugador escoge la combinación de dígitos que prefiera, como los de la lotería electrónica o algún método de selección de números, pero no aquellos en que solo una máquina escoge los números.

Qué ha cambiado? La crisis fiscal ha hecho mella y el gobierno busca ingresos adicionales como los estimados $100 millones que traería la videolotería.

'Estamos evaluando ese proyecto. No puedo decir si lo apoyamos. Hay oportunidad de captar dinero y eso es lo que estamos evaluando', dijo el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, la semana pasada.

El 4 de mayo, Zaragoza sometió el Reglamento Operacional de la Lotería Adicional y al de Vendedores de Jugadas de la Lotería Adicional. De acuerdo al reglamento, los juegos serían ofrecidos por VLTs o terminales de videoloterías en negocios debidamente licenciados, o donde se utilicen juegos o terminales de la lotería adicional. No se autorizarán más de 15 terminales por negocio a menos que Hacienda lo determine. Los juegos pueden ser configurados para contribuir a un 'jackpot' o premio.

El reglamento le da al Secretario de Hacienda la facultad de contratar un proveedor de terminales. Según el documento, los vendedores de videolotería obtendrán un 18% de comisión.

También establece el andamiaje necesario para que los juegos de la lotería electrónica puedan venderse y ser transmitidos por Internet.

Los juegos de videolotería que permitiría el propuesto reglamento son iguales a los que ofrece Caribbean Cage en su portal de Internet, lo que parecería confirmar alegatos de que la medida se hace con la intención de beneficiar a la firma. El reglamento establece que se aceptan juegos de videolotería como video Póker, video Keno, video Dominó, video Blackjack, video Bingo, video Carrete, video Ruleta, video Dados, y cualquier otro juego. Estos juegos son los mismos que aparecen en la página de Internet de Caribbean Cage bajo su lista de juegos de videolotería.

En declaraciones escritas, la portavoz de Caribbean Cage, Janet Dávila, dijo que por los pasados nueve años, la firma ha sometido al gobierno sugerencias, ideas y propuestas basadas en el conocimiento que empresa posee en el mercado de Puerto Rico y la experiencia de más de un siglo que su equipo gerencial ha acumulado en la tan regulada industria.

'Sin embargo, el proceso de reglamentación es una función estricta y exclusivamente gubernamental, por lo que Cage Puerto Rico ni ninguna otra empresa tiene el poder, la autoridad en ley ni la responsabilidad de promulgar un reglamento', sostuvo. Un ejecutivo de Caribbean Cage que no quiso ser citado dijo que los juegos que tiene la firma son juegos genéricos que suelen jugarse en casinos y tienen otras firmas.

El presidente de Empresas Puertorriqueñas de Recreación (Emprecom), Pablo J. Rivera Corraliza, sin embargo, ya había denunciado hace meses que La Fortaleza trabajaba una medida de videolotería que sería operada por un consorcio de compañías extranjeras, para aumentar recaudos. Dijo que se enteró porque una de las compañías que participa en la videolotería, cuyo nombre no reveló, había citado a dueños de máquinas de entretenimiento para ofrecerles comprarles sus rutas y negocios.

Lo único que pudiera detener la videlotería es que la Legislatura someta una resolución concurrente para rechazar el reglamento sometido por Hacienda, el cual entraría en vigor a los 60 días de su radicación. Los representantes Ángel Matos y Carlos Vargas sometieron la resolución concurrente en rechazo al reglamento. En el Senado, hizo lo propio el senador José Luis Dalmau.

En un comunicado ambos rechazaron que el Secretario de Hacienda tenga la facultad legal para autorizar e implantar la videolotería mediante reglamentos y que al así pretenderlo puede interpretarse como un acto de usurpación del poder constitucional exclusivamente reservado a la Asamblea Legislativa de legislar y formular la política pública en Puerto Rico.

'Del historial legislativo de la Ley para Autorizar el Sistema de Lotería

Adicional aprobada en el 1989, no se desprende que la Asamblea Legislativa

le haya dado la facultad legal al Secretario de Hacienda para aprobar,

establecer y reglamentar sistema de vídeo loterías como los propuestos en

los reglamentos que radicó en ambos cuerpos legislativos. La intención

clara e inequívoca de la Asamblea Legislativa fue autorizar al Secretario

de Hacienda a establecer y regular juegos de lotería donde el jugador pueda

escoger números o dígitos y las enmiendas se apartan totalmente de esa

intención legislativa', dijo Vargas.

Opositores de la videolotería han denunciado que su implantación afectaría seriamente la industria de los casinos cuyo ingreso se utiliza para mercadear el turismo, la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el Fondo General. El ingreso de los casinos es aproximadamente el siete por ciento del ingreso a la UPR y más de la mitad del ingreso para la Compañía de Turismo.

La Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico expresó recientemente que hay unos cinco casinos que se encuentran en precaria situación económica y que es muy posible que corran igual suerte que los casinos del Aeropuerto Luis Muñoz Marín, el del Conquistador, el del hotel Pichis, el del Gran Melía y los casinos de hoteles de Dorado, los cuales cerraron sus puertas.

Actualmente hay unos 22 casinos operando en la isla con unas 7 mil máquinas tragamonedas. Esos casinos suelen ser la médula de la industria turística, un sector importante de la economía de Puerto Rico que es el 6.2% del ingreso bruto y genera unos 53 mil empleos, de los cuales 13 mil son solo en la industria hotelera.

El presidente de la Junta de Directores de la Asociación, Miguel Vega, puso en duda la veracidad de los estimados de recaudos que obtendría el gobierno tras alegar que los estimados de funcionarios de que habría ingresos de entre $100 y $500 millones son muestra de que no existe un estudio económico sobre lo que puede producir esta estrategia.

'Si lo tienen (el estudio), que lo hagan público y lo presenten al país y a la Asamblea Legislativa', subrayó.

Vega añadió que el estudio 'Economic, Regulatory, Social Analysis: The Impacts of Video Lottery Terminals on the Casino Industry in Puerto Rico', preparado por la firma Spectrum Gaming Group para la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), contradice los estimados de recaudos ofrecidos por los secretarios.

'El Estudio Spectrum, que ha sido citado por la Directora de Turismo para oponerse a la legalización de la videolotería en el foro legislativo, concluye que la legalización de la videolotería causaría que los ingresos de las máquinas de juego en los casinos se reduzcan entre $68.4 y $148.8 millones al año, provocaría una pérdida de hasta $60 millones al Fondo Educacional de la Universidad de Puerto Rico, el Fondo General perdería hasta $9 millones anualmente (sólo por la aportación de las tragamonedas), y la Compañía de Turismo perdería hasta $23 millones por año', sentenció en un comunicado.