Los abogados que reclaman para sus clientes el acceso a documentos relacionados a la investigación que condujo durante seis meses la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) sobre la controversial firma UBS Financial Services en Puerto Rico solicitaron en bloque el lunes al juez Ángel Pagán Ocasio que reconsidere su negativa a la entrega total de los mismos. Por su parte, los demandados, UBS y OCIF, radicaron el mismo día una moción en auxilio de jurisdicción para mover el caso al Tribunal de Apelaciones.

La intervención del Apelativo tiene el efecto de paralizar por varios meses la entrega de los documentos solicitados por los demandantes mientras evalúa los argumentos esgrimidos por ambas partes a favor y en contra del tribunal de menor instancia.

El demandante, Manuel Martínez Umpierre, y otros siete interventores, entre los que figura la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y su presidente, Rafael Lenín López, radicaron la moción de reconsideración parcial insistiendo en obtener varios documentos producidos por la propia OCIF en el transcurso de su investigación a UBS.

'Este Tribunal tiene ante sí la encomienda de lograr que los derechos del pueblo a conocer las ejecutorias de la OCIF sean respetados, y de esa manera, sea el pueblo mismo quien fiscalice la labor del ente público', lee en parte la moción de nueve páginas.

Los abogados de los demandantes aludieron que, si el gobierno brinda información y rinde cuentas por sus acciones, los ciudadanos pueden participar de los procesos democráticos.

Los documentos en controversia están contenidos en una caja, dos carpetas y un sobre sellado que la OCIF se ha negado a compartir con los demandantes. En cuanto a la caja, el juez Pagán Ocasio ordenó fuera divulgada de forma confidencial para excluir información financiera y personal alegadamente sensitiva, técnicas investigativas de la OCIF y las impresiones de sus investigadores. Pero los abogados argumentaron que en el caso de Colón Cabrera vs. Caribbean Petroleum Corporation, en el que el juez de instancia denegó la entrega de documentos aludiendo a la Ley de Monopolios que prohibía la divulgación de cierta información de negocios, el Tribunal Supremo ordenó su entrega porque eran el producto de las investigaciones de la entidad supervisora.

Para ganar acceso a las dos carpetas que contienen el informe de hallazgos y referidos de cumplimiento que la OCIF alega contiene información privilegiada de terceros y las técnicas de investigación interna de la agencia fiscalizadora, los abogados explicaron que existen mecanismos para proteger la información sin negarles el acceso a los documentos. Su petición es que les entreguen la información que es atribuible a la investigación e informe de la OCIF.

Similar argumento usaron con respecto al sobre sellado que contiene las notas y memorandos internos de las investigaciones de los investigadores de la OCIF, al esgrimir que el acceso a la información es la norma vigente en el ordenamiento jurídico de la Isla.

Por lo tanto, sostuvieron, todo lo que OCIF generó debe ser divulgado. Un punto que destacaron en su moción fue que la OCIF condujo su pesquisa bajo la Ley 60, que obliga a la dependencia a proteger a los inversionistas y al público en general.

Agregaron que el mes pasado UBS se declaró culpable de cargos criminales a nivel federal de fraude electrónico y aceptó pagar una multa de más de $200 millones. Según la moción, esta sería la cuarta violación de índole criminal de UBS en los Estados Unidos, por las que ha pagado sobre $1,000 millones.

Sin embargo, señalaron los abogados de los demandantes que UBS ni siquiera fue multado por la OCIF y el acuerdo con esta agencia se limitó a que la entidad recompensara en poco más de $1.6 millones a un grupo representativo de sus inversionistas puertorriqueños, lo que consideraron una cantidad pequeña en comparación con las acciones federales.

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