Republicanos en contra de quiebra para P. R., pero a favor de quiebra para bancos
Un día despues de anunciar que no habían podido llegar a un acuerdo para darle paso a una medida que permitiría a Puerto Rico acogerse a la Ley de Quiebras federal, pese al impacto que podría tener en los mercados un posible impago, el liderato de una comisión cameral presentó legislación para que los bancos puedan obtener las protecciones de ese estatuto sin ocasionar daños colaterales al sector financiero.
La medida bipartita del presidente de la Comisión Judicial, Bob Goodlatte, republicano de Virginia; de Tom Marino, presidente de la Comisión de Reforma Regulatoria, Comercial y Antimonopolios; del republicano David Trott, y del demócrata,John Conyers, adiciona un subtítulo al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras.
La Ley de Quiebras de Instituciones Financieras (FIBA, por sus siglas en inglés) ya se había sometido anteriormente pero no obtuvo la aprobación del Senado. La medida fue radicada en respuesta al colapso de Lehman Brothers, la cuarta institución financiera más grande de los Estados Unidos, en el 2008 y trata de asegurar que las instituciones financieras tengan la alternativa de ir al proceso tradicional de quiebra para no causar daño colateral a los mercados financieros.
Actualmente, las instituciones bancarias utilizan la Ley Dodd-Frank que provee para que la Corporación de Seguros de Depósitos Federal (FDIC, por sus siglas en inglés) se convierta en fiduciario y liquidación de la compañía. Lehman fue por el proceso tradicional de quiebra en el 2008 luego que ni el gobierno federal ni la Reserva Federal fueran a su rescate, lo que arrastró consigo a otros grandes bancos de inversión como Goldman Sachs y Morgan Stanley. Este año, Lehman comenzó el proceso de pagarle a sus acreedores.
'Esta legislación refuerza la Ley de Quiebras y su capacidad para lidiar con las instituciones financieras de una manera eficiente y maximizando su valor para el beneficio de las economías de los EE.UU. y mundiales, empleados, acreedores y clientes. Esta legislación es un paso importante hacia la reforma de las leyes de quiebra de la nación y reduce el potencial de riesgo sistémico en el mercado financiero como consecuencia de la quiebra de una institución financiera grande', dijeron los legisladores en un comunicado.
La medida de los bancos se presentó el jueves pasado, un día después que Goodlatte y Marino dijeran que no se pudo llegar a un acuerdo para mover hacia adelante el HR 870 por entender que la medida no resolvería los problemas económicos de Puerto Rico ya que estos son de naturaleza estructural.
Al hacerlo, los legisladores ignoraron el posible impacto que la situación de la isla pudiese tener en los mercados financieros. El Concilio de Estabilidad Financiera (FSOC, por sus siglas en inglés) dijo en mayo que no cree que por el momento exista un riesgo sistémico para el sistema financiero estadounidense el posible impago del gobierno local. Hasta ahora, la crisis fiscal ha tenido pocos efectos colaterales en el mercado de bonos. Sin embargo, el informe advirtió que 'el continuo deterioro de las condiciones económicas y financieras de Puerto Rico pudiera tener impacto en el mercado de deuda municipal'.
Según informa el Wall Street Journal, de los 298 de 565 fondos especializados en el mercado de 'Munis', 295 tienen exposición a la deuda de Puerto Rico.
Después de las declaraciones del Gobernador, el mercado de 'Munis' sufrió una oleada de ventas. Empresas de seguros de deuda con exposición multimillonaria a la deuda de Puerto Rico, como AMBAC, MBIA o Assured Guaranty (AGO), cayeron a plomo. MBIA ha perdido un 50% en cuatro sesiones y AMBAC ha perdido un tercio de su cotización.
El gobierno comenzó una negociación para reestructurar la deuda y se propone hacer un intercambio de notas para levantar más efectivo.
Tanto Goodlatte como Marino recibieron donativos del sector privado durante su campaña, de acuerdo a informes de Open Secrets y de la Comision Federal de Elecciones.
Goodlatte recibe dinero de su comité de campaña y de un comité de acción política (PAC, por sus siglas en inglés). Recibió $183 mil de la industria del cine; $129 mil de bufetes de abogados; $116 mil de la industria de equipo electrónico; $103 mil de la industria de telecomunicaciones y $94 mil de cabilderos.Sus mayores contribuyentes fueron la National Amusements Inc; la Motion Picture Association of America; Oracle Corp.; Comcast y Cox Enterprises.
Marino recibió para su campaña del 2013 al 2014 unos $55 mil de la industria farmacéutica, $52 mil de la manufactura; $51 mil de los retirados; $41 mil de la industria detallista; y $39 mil de la industria de la televisión. Sus contribuyentes mayores fueron Diamond Manufacturing, Henry Dunn, Inc; Fairfield Auto Group; Bracey's Supermarkets; y Kent Bennett y Asociados.