El senador Richard Blumenthal de Connecticut y el senador Charles Schumer de Nueva York, junto a otros 10 senadores de la cámara alta federal, radicaron un proyecto de ley identico al H.R. 870, la Ley de Uniformidad del Capítulo 9 para Puerto Rico, informó el miercoles, Pedro Pierluisi.

'Quiero agradecer a los Senadores que presentaron y coauspiciaron el proyecto de ley paralelo al H.R. 870, y reitero mi disponibilidad a trabajar junto a ellos para lograr aún más apoyo para esta legislación tanto de republicanos como demócratas. Debido a que Puerto Rico es un territorio, y no un estado, los 3.5 millones de ciudadanos americanos que residen en la isla no pueden elegir senadores que protejan y promuevan sus intereses. En vez, tenemos que depender de la buena fe de senadores que no fueron electos por el pueblo de Puerto Rico ni le responden directamente. Hoy, varios senadores dieron un paso al frente. Lo hicieron porque este proyecto es claramente el curso de acción correcto e inteligente, tanto para la economía de Puerto Rico como para la economía estadounidense en general,' afirmó Pierluisi en un comunicado de prensa.

Detalló que el senador Harry Reid de Nevada, la senadora Kirsten Gillibrand de Nueva York, el senador Bill Nelson de Florida, los senadores Robert Menéndez y Cory Booker de New Jersey, la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, el senador Martin Heinrich de New Mexico, el senador Christopher Murphy de Connecticut, el senador Bernie Sanders de Vermont y el Senador Mazie Hirono de Hawái son los otros coauspiciadores originales. Se espera que el número de senadores que apoya la legislación propuesta ahora también en el Senado federal aumente en los próximos días.

Mencionó que el proyecto de ley radicado en el Senado federal, busca trato como estado para Puerto Rico bajo el Capítulo 9 del Código de Quiebras federal, ni más y ni menos. Por medio del Capítulo 9, el Congreso le provee a cada gobierno estatal el poder de autorizar a una entidad del estado a poder ajustar sus deudas bajo la supervisión de un juez federal de quiebra a base de ley y procedimiento federal. Un gobierno estatal puede autorizar—o no autorizar—a sus entidades insolventes a reorganizarse bajo la protección del Capítulo 9. El poder de esa decisión le compete al gobierno estatal. Puerto Rico es tratado como estado en todos los capítulos del Código de Quiebras menos el Capítulo 9. Múltiples jueces y expertos están de acuerdo en que, entre 1938 y 1984, el Congreso sí le permitía ese poder a Puerto Rico para poder autorizar a sus entidades a ajustar sus deudas. Sin embargo, en 1984, el Congreso aprobó legislación que expresamente excluyó a Puerto Rico del Capítulo 9. Según afirmó recientemente un juez federal de apelaciones, la historia legislativa no revela porqué Puerto Rico fue excluido.

La exclusión de Puerto Rico del Capítulo 9 llevó al Gobierno a aprobar una ley local, en julio del 2014, llamada 'Ley para el Cumplimiento de las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas', o 'ley de quiebra criolla' como se le conoce localmente. La misma busca autorizar a ciertas corporaciones públicas a ajustar sus deudas. Múltiples fondos de inversión, que son dueños de bonos de la AEE, demandaron al gobierno de Puerto Rico argumentando que la ley local, que se diferencia del Capítulo 9 en múltiples aspectos, viola la Constitución de Estados Unidos.

El 6 de febrero de este año, un juez federal del distrito de Puerto Rico declaró que la ley local es un campo ocupado por ley federal y, por lo tanto, es inválida bajo la Cláusula de la Supremacía de la Constitución de Estados Unidos. El pasado 6 de julio de 2015, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito validó la decisión del tribunal de distrito. El Tribunal de Apelaciones concluyó que 'el Congreso se reservó el poder de autorizar a las entidades de Puerto Rico para buscar alivio del Capítulo 9'. Según la decisión, la única opción para Puerto Rico es 'buscar un remedio en el Congreso'.

Aseguró que desde la radicación del H.R. 870 en febrero, Pierluisi ha trabajado para conseguir apoyo bipartidista a favor del proyecto. La legislación cuenta con el apoyo de prácticamente todos los expertos de quiebra, incluyendo la prestigiosa Conferencia Nacional de Quiebras. El proyecto ha sido endosado por importantes juntas editoriales, como Bloomberg View, el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal, y el Los Angeles Times. También tiene el apoyo de compañías americanas con negocios en Puerto Rico, a las cuales le conviene una economía fuerte y estable en la isla. Además, la legislación ha sido endosada por numerosos individuos y organizaciones del ala conservadora, ya que promueve el estado de derecho y no requiere que se gaste un sólo dólar del gobierno federal o de los contribuyentes estadounidenses. Finalmente, la gran mayoría de los acreedores de Puerto Rico apoyan el proyecto de ley, o al menos no se oponen a él, mientras sectores del mercado financiero—como las agencias acreditadoras y las compañías asesoras del mercado de bonos—generalmente ven el proyecto con buenos ojos.

El Comisionado Residente añadió que, 'este proyecto de ley sencillamente le provee a Puerto Rico el poder que todo estado tiene y que Puerto Rico tuvo por casi medio siglo hasta que, sin explicación, el Congreso se lo retirara en el 1984; es decir, el poder para autorizar a sus entidades públicas—específicamente sus corporaciones públicas—a buscar protección bajo el Capítulo 9 si están insolventes y cumplen con otras condiciones estrictas. Este proyecto de ley no pretende, ni podrá, resolver todos los problemas económicos y fiscales de Puerto Rico. Tiene que venir acompañado de otras reformas a nivel local y federal. Sin embargo, aprobando esta legislación, el Congreso estará asistiendo a esta jurisdicción de Estados Unidos a ayudarse a sí misma, sin costo alguno para los contribuyentes estadounidenses', expresó Pierluisi.

Puerto Rico tiene deudas totales que ascienden a 72 mil millones de dólares que se dividen entre 17 entidades en la Isla que han hecho emisiones de bonos. Esto incluye bonos de obligación general emitidos por el gobierno central (G.O.s), bonos garantizados por los recaudos del IVU (COFINA), y bonos emitidos por las corporaciones públicas de Puerto Rico, como la Autoridad de Energía Eléctrica (PREPA), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (PRASA) y la Autoridad de Carreteras (PRHTA). Estas tres corporaciones públicas se encuentran en etapas distintas de crisis financiera y, en total, tienen aproximadamente 20 mil millones de dólares en deudas.

'El Capítulo 9 es una opción que los estados tienen a su disposición, para sus ciudades y corporaciones públicas, por lo que no hay razón alguna que justifique que Puerto Rico, sus acreedores y sus ciudadanos no tengan las mismas protecciones. Acción por parte del Congreso es necesaria para que juntos podamos resolver la situación fiscal actual. El Capítulo 9 proveerá a Puerto Rico, y a sus 3.5 millones de ciudadanos americanos, el marco jurídico fundamental que nos permitiría ajustar nuestras deudas con el fin de generar crecimiento económico y lograr estabilidad fiscal a largo plazo. La acción de estos senadores es alentadora. Mi administración continuará promoviendo medidas de reducción de gastos y de creación de empleos en Puerto Rico. Tuve excelentes reuniones ayer con varios congresistas de ambos partidos, incluyendo al senador Blumenthal, y espero seguir trabajando con el Congreso para atender estas barreras estructurales y así restablecer el progreso económico para nuestra gente', dijo, por su parte, el gobernador Alejandro García Padilla.