El Gobierno de Puerto Rico asegura que carece de documentos públicos que revelen quienes son los rostros detrás de la deuda del País.

Durante la vista relacionada a la demanda presentada por un grupo de periodistas, quienes exigen al Gobierno acceso a documentos públicos que verifiquen la identidad de las empresas de fondos de cobertura que operan en Puerto Rico, la defensa del Estado radicó dos casos de desestimación debido a que se están pidiendo documentos que el Ministerio Público no posee.

'En un caso de acceso a documentos públicos, se tiene que partir de la premisa de que es un documento que obra en poder del Estado', sostuvo la licenciada Claudia Juan García, en representación del Gobierno. Añadió que el Estado carece de los recursos para producir información a solicitud de la prensa o de cualquier ciudadano, pues tendría que paralizar los servicios públicos para entonces recopilar datos y generar documentos.

Los demandantes, entre los que figura el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el periodista Joel Cintrón Arbassetti y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), que solicitan además información sobre la cantidad de bonos que posee cada compañía de fondos de cobertura, se mantuvieron firmes en que el Gobierno sí posee la información pública que piden.

'Cómo es posible que se empiece un proceso de negociación de esa deuda si no se sabe con quién se está negociando, cuáles son las posiciones de esos bonistas, es imposible hace un proceso de negociación a ciegas... El sentido común para mí dice que el Estado sí tiene esa información y no ha querido revelarla', afirmó la directora del CPI, Carla Minet.

La jueza Aileen Navas resolvió que en los próximos días, el Tribunal estará emitiendo una notificación sobre si se adjudicará o no la petición de desestimación hecha por el Estado. La defensa de la parte demandada, por su parte, reiteró que las excusas de Fortaleza y el BGF son insuficientes.

'Los tribunales no están llamados a creer lo que nadie creería. Si el Estado está emitiendo deudas tiene que saber con quién las emite', afirmó el licenciado Osvaldo Burgos Pérez, en representación de los demandantes.

El periodista investigativo Cintrón Arbassetti, autor de numerosos trabajos investigativos del CPI, añadió que varios funcionarios del Gobierno y legisladores se han reunido con representantes de firmas de fondos de cobertura, y esas firmas estuvieron presente en la reunión en Nueva York de Citi Bank con la presidenta del BGF, Melba Acosta, y el gobernador Alejandro García Padilla.

'Hay una parte de la información que no se está proveyendo: la identidad de los fondos de cobertura, que están denominados bajo el nombre Ad Hoc Group Puerto Rico. Hay 35 firmas que forman el grupo, y que han contratado un bufete de abogados para ellos mismos defenderse ante cualquier decisión que tome el Gobierno y pueda ser adversa a ellos', aludió así a otra de las peticiones del mandamus.

Aun así, la licenciada Gisselle López, en representación del BGF, mantuvo firme la posición del Gobierno de su desconocimiento de la totalidad de empresas e individuos a quienes les debe, debido a que los bonos se venden en un mercado primario, que luego se revenden en un mercado secundario donde el Gobierno pierde el control.

No obstante, en una entrevista reciente, acuñó Minet, la presidenta del BGF Melba Acosta, admitió que tenía la capacidad de pedir la lista de empresas que ha invertido en Puerto Rico a Barclays, cuerpo que ha servido como broker, o intermediario para coordinar la emisión de bonos.

Sin embargo, la jueza Aileen Navas Auger observó que lo que piden los demandantes en el mandamus es muy amplio, ya que incluye información de fondos de cobertura sobre agencias y corporaciones que podría conllevar a rebuscar toda deuda que se haya emitido en cualquier momento. 'Parece más un interrogatorio que un recurso de mandamus', dijo la jueza.

'Vamos a seguir insistiendo en que tenemos que tener acceso a esa información, ya sea del BGF o los brokers, y seguiremos insistiendo en que la información se haga pública. Si vamos a llamar a la transparencia, tiene que estar accesible', concluyó Cintrón Arbassetti sobre el próximo paso a seguir de resultar desestimado el caso.

Certificarán el informe Krueger

Por otra parte, el mandamus también exigía al Gobierno entregar a la prensa copia del informe completo hecho por la doctora Anne Krueger, expresidenta del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el Gobierno sostuvo que las 29 páginas que se hicieron públicas integran la totalidad del documento que costó $400 mil para su elaboración.

La jueza le dio al BGF hasta mañana a las 3 de la tarde para que certifique que ese el documento Krueger íntegro, para dar por terminada la controversia. No obstante, Cintrón Arbassetti recordó que en la conferencia de prensa en que se presentó el informe, el secretario de Gobernación Víctor Suárez dijo en un aparte a la prensa que todavía faltaba la versión final del documento.

El informe Kruger, entre otras disposiciones, dictamina que la deuda es impagable y sugiere a su vez medidas de austeridad con el propósito de levantar la economía del país.

Con más razón, según Mi, la población debe estar enterada de 'todas las posibilidades a las que el país se enfrenta y que van a tener consecuencias directas en los servicios que los ciudadanos requieren todos los días'.

Por eso, el CPI también exige que se haga entrega completa de las condiciones que han impuesto ciertos bonistas para el pago de la deuda, a las cuales se hacen referencia en una carta enviada al Gobierno por el demonado Ad Hoc Group de Bonistas de las Obligaciones Generales para el pago de la deuda, y a las que el Gobierno incluso se ha opuesto. Sin embargo, se desconocen dichas condiciones.

'El pueblo tiene derecho a informarse para así poder tomar decisiones. [Todo esto] opera en términos de la participación democrática y exigirle al Gobierno reparación de agravios. El derecho a la información no es un derecho abstracto, [más cuando] lo más importante que discute el país son las decisiones fiscales', concluyó el licenciado Burgos Pérez.