Las reducciones de ingreso, la perdida de empleo y la pobre planificación financiera han provocado que los desahucios en Puerto Rico, sean cada vez más frecuente, una situación que dificulta el negocio de bienes raíces, pero que tambien coloca en entredicho el derecho a la vivienda digna.

Al menos el 50% de la matrícula de la Asociación de Arrendadores ha tenido que recurrir a un desahucio alguna vez. La presidenta de los arrendadores, YvettePasarell, indicó que aunque durante 18 años, en los noventa y principios del nuevo siglo, nunca tuvo que poner una orden contra alguno de sus inquilinos, en los últimos cinco años, ha utilizado el remedio legal en cinco ocasiones.

La economía afecta por igual a arrendadores y arrendatarios: mientras se hanencarecidolos gastos que conlleva mantener una propiedad, también se han afectado las finanzas de miles de familias, que se ven imposibilitadas de pagar la renta o que no hacen los ajustes necesarios para cumplir con su responsabilidad contractual.

Pero no se puede reducir únicamente a un problema económico. En menos de dos meses, han ocurrido dos casos violentos, cuyos móviles fueron la orden de desahucio impartida desde un tribunal. En junio, una mujer de 62 años, miembro de las damas cívicas, dejó una nota suicida para que leyeran las autoridades que vendrían a desahuciarla ese día. Sólo pedíaque sus pertenencias no fueran tiradas fuera. Semanas después, un hombre de igual edad, se roció gasolina amenazando con prenderseen fuego en el Residencial Las Margaritas para evitar la orden.

La controversia reta dos derechos fundamentales, por lo que requiere soluciones poco tradicionales, que logren unbalance eficaz entre el derecho económico del dueño o dueña para hacer valer uncontrato, y el derecho que tienen todas las personas a una vivienda. 'Administrar la justicia o adjudicar una controversia legal no puede ser un proceso a ciegas. Es importante considerar qué factores sociales, políticos y económicos llevan a una persona a no poder cumplir con el pago de una renta', abogó la licenciadaAriadnaGodreau, de Espacios Abiertos.

La presidenta de los arrendadoresaseguró que cada vez disminuyen las personas dispuestos a invertir en propiedades por lo costoso que resulta el negocio, cuando han subido los impuestos, el agua y los seguros de inundación. Esto último en una propiedad deUniversity Gardens subió de $1,400 a $7,000, aseguró la arrendadora.

Los gastos gubernamentales, entre seguros e impuestos, pueden representar un total de $400 en una propiedad típica de tres o cuatro apartamentos, por el pago de la patente, el certificado del Fondo de Seguro del Estado,el seguroHazzard para fuegos, huracanes y terremotos; así como el seguro de responsabilidad pública, en caso de caídas o demandas.

'Los arrendadores tienen unos costos bien grandes. Los inquilinos nos piden mucho que les incluyamos luz y agua, pero también ha aumentado el costo de poner las utilidades a tu nombre', aseguró Pasarell, sobre la necesidad de tener un contable dedicado a facturar a los inquilinos sus gastos y exigirles el pago.

Grupos de arrendatarios y abogados especialistas en vivienda proponen, sin embargo, crear una Asociación de Arrendatarios para defender los derechos de vivienda digna, que están siendo reducidos por políticas que favorecen los intereses de los bancos y de los dueños de las propiedades, según dijeron.

En septiembre de 2013, se radicó un proyecto (PC 1441) con enmiendas a la Ley de desahucios para agilizar el proceso a beneficio de los arrendadores y los contratistas de hogares, quienes participaron de la redacción. Los arrendatarios o inquilinos no han sido convocados a vistas públicas para manifestar su preocupación sobre las medidas, que según Godreau, impiden que las personas puedan defenderse adecuadamente.

La licenciada pidió lasensibilizaciónde los tribunales en cuento al efecto que tiene desahucio sobre quienes se quedan sin techo y solicitó una mirada más abarcadora al problema de bienes raíces. Velar por las implicaciones sociales de una Ley es una responsabilidad innegable del Estado, que debe ser balanceada con el derecho económico de los propietarios, consideró.

'En lugar de considerar mecanismos que protejan el derecho a la vivienda -como imponer topes o examinar las rentas que cobran dueños que explotan a inquilinos vulnerables, mediación, garantizar representación legal accesible o mayores protecciones a las personas en riesgo de ser desplazadas- lo que se ha venido adoptando recientemente son leyes que permiten procesos sumarios de desahucio', criticó Godreau.

Los desahucios se dan en todos los niveles socioeconómicos; ocurren tanto con inquilinos cuya renta mensual es de $300 como de $4,000, pero son casos muy diferentes: los primeros muchas veces no tienen a donde ir, por lo que un desahucio puede significar qu se quede sin techo, mientras los otros no quieren desprenderse de un nivel o comodidad de vida al que ya se han acostumbrado.

'Hay gente que vive meses sin luz, ni agua y no se mudan', criticó Pasarell. 'La gente no acepta su nueva realidad. No acepta que tienen que ajustarse a su nuevos ingresos y pretenden seguir viviendo del mismo modo', agregó.

Efecto psicológico

Tras el caso reciente de una mujer de 62 años que se suicidó en el edificio Sagrado Corazón, en Santurce, antes de abandonar lo que fue su hogar por los pasados seis años, el psicólogo Julio Santana, presidente de la Asociación de Psicología, explicó que no se trata meramente de abandonar un objeto material, sino de abandonar proyectos, sueños y estatus social por ser el lugar donde se construye la vida.

Asociar los desahucios con la pobreza es algo común entre la población por la cantidad de expropiaciones que se hicieron en la década de los 20 a 40 en barrios como El Fanguito y pueblos comoLoíza, para dar paso a construcciones masivas, por lo que implica un sentimiento de vergüenza, minusvalía y coraje a quien atraviesa por el proceso, explicó Santana.

'La gente se quita la vida no porque quieran morir, sino porque no encuentran otra alternativa a su problema, lo cual es muy lamentable', opinó el psicólogo, quien instó a las personas a aprovechar servicios legales y psicológicos gratuitos que ofrecen organizaciones sin fines de lucro y distintas universidades.

Las últimas cifras de desahucio ofrecidas por la Oficina de Administración de Tribunales consistían de data preliminar del año fiscal 2012-2013, por lo que no fueran incluidas por este diario.