Coliseo millonario abandonado en Naranjito (galería y documentos)
La Oficina del Contralor publicó dos informes de auditoría sobre el municipio de Naranjito en el que se revelan desviaciones de ley y de reglamentación en las operaciones relacionadas con la contratación de obras y los contratos de servicios de ingeniería y agrimensura a contratistas que no estaban autorizados a ejercer. Tambien se revelan sobregiros en los fondos municipales, sueldos indebidos a funcionarios pensionados, uso de computadoras para fines ajenos a la gestión pública y falta de fiscalización efectiva de la Unidad de Auditoría Interna.
En el primer informe se destaca que el municipio de Naranjito desembolsó $20.7 millones ($15.3 millones por el exalcalde hasta enero de 2009 y $5.4 millones por el alcalde incumbente), para la construcción de un Coliseo Multiusos que en la actualidad se encuentra abandonado.
'Este desembolso que no ha tenido utilidad, denota una falta de planificación adecuada y de supervisión. Además, el estado de abandono de la obra representa un peligro de salud para la comunidad y de posibles demandas contra el municipio. Por la construcción del Coliseo se pagó además, $4 mil en exceso', lee el resumen para la prensa del informe.
La construcción del techo de la cancha de Baloncesto de la Urbanización Campo Bello en el Barrio Nuevo se realizó en el 2011 sin haber obtenido los permisos y en unos terrenos por los cuales el Municipio de Naranjito no tenía la titularidad sino que eran de la Administración de Parques y Recreos Públicos.
Además, el municipio otorgó entre 2010 al 2012 ocho contratos para proyectos de construcción (Campo de bateo, Complejo Deportivo del Barrio Cedro Arriba, Paseo Lineal, y la Plazoleta en el Barrio Guadiana) por $221 mil a ingenieros y agrimensores que no estaban autorizados a ejercer dichas profesiones.
Estas situaciones fueron informadas al Secretario de Justicia, al Presidente Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, a la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, al Colegio de Arquitectos Paisajistas y a la Junta Examinadora de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico mediante cartas del 3 de marzo de 2015, para las acciones correspondientes.
El informe contiene 10 hallazgos y dos comentarios especiales que indica que el municipio adjudicó una subasta a un licitador que no fue el mejor postor, se identificó además la compra de bienes y servicios así como contrataciones de servicios profesionales con fondos federales sin obtener las cotizaciones o propuestas requeridas, créditos no obligados al otorgarse los contratos y desaparición o hurto de propiedad, entre otros.
La opinión de la Contraloría es parcialmente adversa y cubre el período del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2013.
En el segundo informe, la Contralora de Puerto Rico reveló sobregiros en los fondos municipales, sueldos indebidos a funcionarios pensionados, uso de computadoras para fines ajenos a la gestión pública y falta de fiscalización efectiva de la Unidad de Auditoría Interna, entre otros.
El informe de 12 hallazgos señala que el municipio incurrió en sobregiros por más de $1 millón en 13 fondos municipales ($621 mil al Fondo Operacional y $402 mil a 12 fondos especiales) 'lo cual crea una situación fiscal precaria, limita los recursos y afectan el crédito con los proveedores lo que puede causar litigios ante los tribunales. Además, el municipio desembolsó $47 mil aproximadamente en exceso a tres funcionarios pensionados'.
Además, el análisis de seis computadoras y una portátil reveló que se grabaron 46 archivos para fines ajenos a la gestión pública: cuatro sobre actividades político-partidista, 24 con fotografías, seis con música y 12 sobre el uso de Internet para asuntos personales (envío de trabajos universitarios, compra de boletos y recibo de fotos personales). Una situación similar ya se había comentado en el Informe de Auditoría M-12-16 del 2012.
La Unidad de Auditoría Interna no efectuó auditorías periódicas que incluyera las áreas susceptibles y materiales del Municipio, tales como las recaudaciones, las subastas, las obras, las área de nóminas, la propiedad y los controles y procedimientos. Esta acción impide mantener una fiscalización continua y eficaz de las finanzas y operaciones del Municipio.
La opinión de la Contraloría es favorable con excepciones y cubre el período del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2013.