En medio de la discusión de la reforma policial, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico ha lanzado una campaña para crear un mecanismo de monitoreo civil independiente, que corra paralelo a la reforma, y que sirve como un ente fiscalizador y de defensa contra casos de abuso policial que quedan impunes.

William Ramírez Hernández, director ejecutivo de la ACLU en Puerto Rico, propone establecer estos mecanismos antes de que termine el proceso de la reforma, para que una vez se firme la reforma, ya exista un mecanismo que lo supervice y evita la recurrencia de la mala conducta.

'Lo que buscamos desde el punto de vista de los derechos humanos es que en Puerto Rico haya transparencia, rendición de cuentas y sustentabilidad', dijo desde la oficina de la entidad en Hato Rey.

Para dirigir los esfuerzos en esa dirección, la ACLU retoma su ciclo de conferencias educativas para la ciudadanía, los legisladores y demás gestores públicos. La primera apuesta a combatir la impunidad mediante la implementación de mecanismos de supervisión civil independiente, según debatido por expertos en el campo desde una óptica internacional.

Pautada para el miércoles, 2 de septiembre, a las 6:30 p.m. en el Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, la conferencia contará con la presencia del mexicano Emilio Álvarez Icaza, quien fue líder del Movimiento para Justicia y Paz en contra de la impunidad de cuerpos policiales y municipales, principalmente en Guerrero donde deseparecieron sobre 40 estudiantes magisteriales.

También asistirá Susan Hutson, monitora de la Policía de New Orleans y previamente trabajadora de la Oficina del Inspector General de la Policía en Los Ángeles, dos sitios estadounidenses donde la reforma policial de la mano de mecanismos de monitoreo se ha demostrado eficiente para salvaguardar los derechos humanos frente a la abuso institucional.

El tercer conferenciante será Michael Gennac, exabogado de la División de Derechos Civiles de Estaods Unidos, que ha litigado casos de corrupción policial y crímenes por grupos racistas en más de 20 estados.

El esfuerzo se da tras un intento fallido de que en la Legislatura pasaran un proyecto de ley de la autoría de la senadora María de Lourdes Santiago, con la aportación de la ACLU, para que se creara en Puerto Rico una junta de monitoreo civil de esta naturaleza. El proyecto se colgó en la Comisión de Derechos Civiles, dirigida por Roxana López.

En la experiencia que han vivido otras jurisdicciones estadounidenses, han suscitado reformas policiales dados ciertos patrones de conductas, que una vez aprobada la reforma, persisten o se transforman. De ahí que se haya dado la necesidad en jurisdicciones como New York, New Orleans y Los Ángeles de que haya 'un mecanismo permanente que responda no al tribunal sino al pueblo'

Régimen de impunidad

Hace dos semanas, en la Barriada Morales de Caguas, varios policías agredieron a la residente Xiomara Rivera. Todo se detonó cuando un vecino de Xiomara, policía retirado, discapcitado, ex instructor de taser, intentaba disuadir a un grupo de policías de que siguiera aplicando el taser contra un detenido ya esposado.

Xiomara contó que los policías, furiosos, entraron en la casa del hombre y lo empezaron a agredir físicamente. Espantada por el abuso policial, Xiomara, embarazada, empezó a grabar la escena desde su teléfono. Un agente le ordernó dos veces que dejara de grabar. De ahí, fueron las amenazas con taser, la apropiación ilegal del teléfono, invitaciones a pelear al esposo de Xiomara, su hijo de cinco años llorando descontroladamente, palabras soeces, una escupida en la cara, insultos.

Sentada en la oficina de la ACLU, Xiomara aseguró que este no es un incidente aislado. 'Acostumbran a hacerlo, mucha gente tal vez por miedo o porque sienten que no va a hacerse justicia o porque ellos son del estado, no se atreven a hablar', dijo.

Ramírez Hernández coincidió en que no se trata de incidentes aislados ni manzanas podridas, como muchas veces ha intentado justificar la Policía. Incluso, enunció que la nueva tendencia aparenta ser que bandos de oficiales de la Policía actúan como bandas organizadas, y agreden y confiscan ilegalmente las pertenencias de la ciudadanía.

En La Perla, persisten las denuncias de intervenciones ilegales en las casas de los residentes y las amenazas de fabricación de casos. En Fajardo, han intervenido en programas de intercambio de jeringuillas, impidiendo a personas beneficiarse del programa de salud pública para prevenir el VIH e incluso agrediendo a un trabajador. En Río Piedras, le fabricaron un caso a un joven. La lista de casos que atiende la ACLU es larga y repetitiva. Y el ciudadano a veces carece de verdaderas alternativas.

'Que en Puerto Rico se sigan cometiendo delitos contra ciudadanos por parte del Estado es algo que no puede continuar. Nosotros decimos que son criminales con uniformes o con placas, no son policías', dijo Ramírez Hernández.

Ante el régimen de impunidad, sostuvo, la Superintendencia se mantiene con el mismo discurso, incluso cuando el Superintendente se ha reunido con los abogados para discutir querellas ciudadanas contra la Policía. La buena fe no es suficiente, precisó.

Xiomara ahora podría enfrentar radicación de cargos por obstrucción a la justicia. En Naranjito, también la Policía se apropió a la fuerza del teléfono de un joven que estaba observando un operativo y grabó la escena. Lo agredieron severamente y ha sufrido la pérdida de visión en un ojo. La diferencia la hace el video.

Sin embargo, dejó claro el director ejecutivo de la ACLU, documentar incidentes en los que incurra la Policía en lugares públicos y en el ejercicio de sus labores oficiales, es un derecho ya de los ciudadanos, de acuerdo a varias opiniones del Tribunal Supremo y de Apelaciones. Incluso, si se confisca el teléfono legítimamente, no se puede rebuscar sin una orden judicial para salvaguardar los derechos civiles.

Mientras se lleva a cabo el proceso, Ramírez Hernández exhortó a la ciudadanía a permanecer vigilantes, a tomar detalles, a anotar números de tablillas y de patrullas, exigir a los oficiales que se identifican y que, siempre que se enfrenten a un incidente en que la Policía utilice la fuerza de forma abusiva, grabe con un teléfono tomando las debidas medidas de seguridad.

'Porque sabemos que lo van a agredir si pueden. Es una conducta ilegal, criminal, y antenta contra los derechos ciudadanos', concluyó.

Entre los mecanismos de supervisión ciudadana, Ramírez Hernández recomendó la Oficina del Auditor de la Policía, a la cual se ha puesto resistencia por verse como la creación de una nueva agencia cuando el Gobierno está intentando achicarse. Sin embargo, un mecanismo como este, prosiguió, permitiría contar con un comité que investigue las querellas y, a partir de las tendencias, emita recomendaciones para cambios sistémicos.

Este es el sistema que adoptó la Organización de Naciones Unidas para países que están adoptando en la actualidad este tipo de monitoreo desde la óptica ciudadana. 'Puerto Rico todavía está en otro siglo sin el monitoreo ciudadano', opinó.

'Aun cuando pueda haber buena fe, eso no quita que Puerto Rico necesita un ente permanente que impida que esta conducta siga recurriendo (...) Y a la Policía, esto no es una sentencia, ni estamos sentenciando la reforma - esta sigue - pero mientras tanto tenemos que tener un mecanismo para cuando termine ese proceso', explicó.

El ciclo de conferencias continuará con un segundo foro sobre el 'Impacto en Puerto Rico de la lista de no abordar vuelos', lo cual puede violar las libertades civiles, y un tercer encuentro para discutir 'La búsqueda de la verdad, la justicia y la no recurrencia en los casos de ejecuciones extrajudiciales de manos del Gobierno'.