Las reacciones al mensaje del gobernador Alejandro García Padilla sobre el Informe de Ajuste Fiscal y Económico surgieron de manera predecible con el rechazo de figuras de los partidos de minoría y la clase trabajadora, y la consecución de los adeptos a la administración para implementar el plan.

El presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Manuel Perfecto Torres, criticó el propuesto plan porque está 'condenando a las nuevas generaciones de trabajadores a pagar por las irresponsabilidades económicas y fiscales del pasado, de lo cual ellos no tienen culpa, con la eliminación de leyes de protección y beneficios laborales prospectivamente para los que se incorporen a la fuerza laboral'.

'Excluyendo a los trabajadores que comprenden la actual fuerza laboral de la eliminación de las leyes protectoras del trabajo y de beneficios laborales, pero condenando a las nuevas generaciones de trabajadores que se incorporan o se incorporarán en el futuro a la fuerza del trabajo a laborar y ganarse la vida en un ambiente de miseria, sin protección y beneficios laborales, es verdaderamente una infamia y una injusticia', dijo el dirigente sindical.

Perfecto Torres invitó a los legisladores a revisar bien esta parte del Informe y buscar alternativas que no penalicen a las nuevas generaciones de trabajadores y señaló que se necesita 'ser más ocurrente para poder enfrentar con éxito y con grado de justicia la actual crisis'.

El líder de la UGT se cuestionó que habiendo en Puerto Rico una tasa de participación laboral tan bajo de apenas un 40%, 'por qué poner trabas a que ese otro 60% se incorpore a la fuerza laboral, condenándolos a un futuro de desprotección del derecho laboral y de miseria'.

Por su parte, el director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por su sigla en inglés), Juan Eugenio Hernández Mayoral, envió una carta el miércoles, al comisionado residente Pedro Pierluisi para reunirse en vías de unir esfuerzos necesarios para adelantar medidas, contenidas en el Plan de Desarrollo Económico y Fiscal que requieren acción congresional.

'El comisionado residente ha radicado varios proyectos de ley, tales como el H.R. 870, el H.R. 1417, el H.R. 1418 y el H.R. 2635. Los mismos atenderían los asuntos de mayor prioridad, como lo son la inclusión de Puerto Rico en las disposiciones del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal y la disparidad de fondos al Programa de Medicare y Medicaid en Puerto Rico. Lamentablemente, estos proyectos se encuentran estancados en los respectivos comités y subcomités del Congreso, por lo que entiendo que debemos redoblar esfuerzos con el Comisionado para provocar el movimiento congresional de estos y así lograr que lleguen al pleno de la Cámara federal', expresó Hernández Mayoral en un parte de prensa.

El proyecto de ley H.R. 870 fue radicado el 11 de febrero de 2015 y referido al Subcomité de 'Regulatory Reform, Comercial and Antitrust Law' el 16 de marzo de 2015. Los proyectos H.R. 1417 y 1418, fueron radicados el 18 de marzo de 2015 y referidos al Comité de Medios y Arbitrios y al Subcomité de Salud, respectivamente. El H.R. 2635 fue radicado el 3 de junio de 2015 y este permanece en el Subcomité de Salud de la Cámara federal.

No obstante, Pierluisi apuntó que, 'Este es el cuarto o quinto plan que nos presenta. Todos sabemos a dónde nos han llevado todos los planes que nos ha presentado anteriormente: a la peor crisis económica y fiscal de nuestra historia. El problema con la Administración García Padilla no ha sido la falta de planes, sino la total incapacidad de ejecutar las políticas económicas y fiscales que Puerto Rico necesita para que su economía crezca y todos podamos progresar'.

Sin embargo, Pierluisi también reconoció que, 'A nadie le conviene que el Gobernador y su administración fracasen en sus intentos de echar adelante a Puerto Rico. Pero los días siguen corriendo y el tiempo se acaba'.

Para el Comisionado, El Plan está mal enfocado. 'Es evidente que su propósito principal es justificar la política de impago que ha adoptado esta administración y que tanto daño le ha hecho y le seguirá haciendo a Puerto Rico, a no ser que recapaciten y corrijan el curso'.

El aspirante a la gobernación por el PNP recordó que varias de las medidas contenidas ane le Plan fueron recomendadas por la Palma en otras ocasiones, como por ejemplo, la adopción de más alianzas público-privadas, diversificar las fuentes de energía,y reducir los costos, mejorar y simplificar el ambiente de hacer negocios en Puerto Rico.

'Sin embargo, estamos totalmente opuestos a otras medidas que se presentan en el Plan. Pedirle al gobierno federal que los aumentos de salario mínimo federal no apliquen a Puerto Rico no hace sentido, aunque sea solamente para trabajadores jóvenes. Todos los puertorriqueños, incluyendo nuestro jóvenes merecen un salario que les permita cubrir sus necesidades básicas. Asimismo, tengo que decir que el Plan descansa en múltiples de supuestos de pedidos al gobierno federal que son irreales, sobre todo dado el corto tiempo que queda para acción congresional antes de las elecciones del año próximo', criticó Pierluisi.

En cuanto a la propuesta Junta de Control Fiscal, también cuestionó su constitucionalidad. 'Llevan mas de 32 meses en el poder dando palos a ciegas y por medio de una junta pretenden perpetuarse en el poder por 5 años adicionales', dijo.

Finalmente, Pierluisi criticó que el Plan presenta como una de las soluciones que no apliquen los aumentos al salario mínimo federal para los jóvenes, y pide cambios en los programas federales de beneficencia, cuando por otro lado se pide paridad en el tratamiento federal en el área de salud. A su vez, 'pide que nos den otro incentivo contributivo federal, como la 936, en vez de reconocer que la desigualdad con que el gobierno federal trata a Puerto Rico se debe, precisamente a la condición territorial que nuestro Pueblo ya ha rechazado'.

Mientras, la senadora independentista María de Lourdes Santiago repudió el miércoles el Plan de Ajuste Fiscal ya que 'es la certificación de que este gobierno le ha declarado la guerra a la gente trabajadora con tal de seguir protegiendo a los privilegiados de siempre. El Partido Popular, al acoger las recomendaciones del Informe Krueger, condena al país al recorte de servicios públicos, al empobrecimiento de los trabajadores y a la perpetuación de una política fiscal en la que los que más se enriquecen, menos contribuyen'.

'Este gobierno- cuya falta de transparencia no tiene precedentes- con lo único que está comprometido es con la agudización de las políticas de Fortuño. El Plan no contiene ninguna iniciativa de desarrollo, ninguna intención de atender los problemas de pobreza y desigualdad que vive la gente, pero sí tiene la promesa de no aumentar las contribuciones a las grandes corporaciones extranjeras', añadió.

Por otro lado, el senador novoprogresista Thomas Rivera Schatz, opinó que, 'Luego de tres años de fracasos gubernamentales, de graves errores en la administración pública, de imponerle al pueblo la carga más pesada de contribuciones en la historia y de la quiebra del Estado Libre Asociado, hoy el gobernador Alejandro García Padilla amenaza una vez más a los acreedores con no pagar la deuda de Puerto Rico. Lamentablemente ese ha sido el mensaje que hoy le ha dado el Gobernador al mundo financiero y al pueblo de Puerto Rico'.

'El impago con que amenazó hoy Alejandro García Padilla a los acreedores tendría unas consecuencias catastróficas para el pueblo. La confusa ruta que propone en su mensaje el Gobernador, va en la misma dirección que lleva su administración; elevando aún más el altísimo costo de la vida en Puerto Rico con mayores impuestos a la clase media y a los trabajadores, provocando mayor desempleo y perpetuando la crisis en nuestra economía. Ese es el camino por el cual Alejandro García Padilla lleva a Puerto Rico', explicó el senador Rivera Schatz.

'Esperaremos la radicación de la legislación sobre la llamada Junta de Control Fiscal para analizarla como responsablemente corresponde. No obstante, resulta una contradicción fundamentar la creación de esa Junta en un falso mensaje de que con ello se logrará un 'crecimiento económico sostenible', como expresó en su mensaje García Padilla. El Gobernador no acaba de comprender que el modelo económico del ELA colonial colapsó', añadió el también vicepresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Por último señaló que, 'Planteado de la manera más sencilla, si queremos salir del hoyo donde nos metió este desgobierno popular, primero tenemos que salir de García Padilla, el liderato popular y la colonia'.

Entretanto, el expresidente de la Cámara de Representantes, JoséAponte Hernández, aseguró que no hubiese existido la necesidad de presentar e imponerle al pueblo las disposiciones del plan, preparado por el Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica (GTRFE), si la presente administración hubiese, entre otras cosas, mantenido el nivel de gastos trazado en el presupuesto 2012-13.

'En vez de ajustarse a la realidad que vivimos, tan pronto llegaron al poder en enero de 2013, García Padilla y su partido, aumentó el presupuesto del gobierno, de $9,418.7 en el 2012-13, a unos $9,835 millones para el 2013-14 y gastaron mucho más de eso. Además de esto, se le impuso a la gente sobre 50 nuevas contribuciones ese año solamente. Según la entonces Secretaria de Hacienda, Melba Acosta, esos impuestos, los cuales generaría alrededor de $1,400 millones para el Estado, serían utilizados para el pago de la deuda. Eso fue falso, pues el pago de la deuda era en ese año unos $608 millones. Qué hicieron con el resto del dinero? Nadie sabe', continuó diciendo.

De otra parte, el portavoz del PNP en el Senado, Larry Seilhamer Rodríguez, denunció varios asuntos del Plan de Ajuste Fiscal como que la proyección de sobre $9,400 millones esté basada en los impuestos al pueblo y cuestionó el poder

inconstitucional de la Junta de Control Financiero, entre otros

asuntos.

Sobre la Junta indicó, 'La única forma de que una Junta de este tipo pueda funcionar en la Isla es que sea mediante legislación federal en el Congreso de los Estados Unidos similar a lo que ocurrió para Washington D.C. De hecho, muchas de las propuestas del Plan están sujetas a la intervención del gobierno federal y no están a nuestro alcance como los asuntos relacionados al PAN, las Leyes de Cabotaje, los Créditos a las Corporaciones Foráneas y las enmiendas al salario mínimo'.

Sobre las leyes laborales, Seilhamer rechazó la intención de reducir el salario a los jóvenes menores de 25 años. 'Esto resultaría en el empobrecimiento de una nueva clase social a los que opten por quedarse y fomentará el éxodo de jóvenes a los Estados Unidos en busca de mejor empleo y un salario justo'.

Finalmente señaló que hay un intento de violentar las disposiciones de la Constitución de Puerto Rico con la reestructuración de la deuda. 'Claramente intentan violentar las disposiciones de nuestra Constitución al pretender no pagar las Obligaciones Generales que están garantizadas en la Constitución de Puerto Rico. Aspirar a que exista confianza y credibilidad con las partes con las que el gobernador fue ofensivo con el famoso ‘me vale' me parece que es altamente ilusorio. Su mensaje es un reconocimiento claro, diáfano y contundente de que fracasó su política pública y ahora reconoce que medidas a las que se opuso como las Alianzas Público Privadas, y el crédito por trabajo, entre otras, eran necesarias. Este Plan está tarde y viene luego de 33 meses de golpes y cargas contributivas al pueblo'.

Por su parte, el precandidato a la gobernación por el PNP, Rocardo Rosselló, entiende que el Gobernador, 'Reconoce que se equivocó al eliminar el crédito por trabajo que implementó el PNP. Reconoce que fue un error aumentarle los impuestos a las pequeñas y medianas empresas, luego que el PNP las había bajado en la reforma contributiva. Reconoce que las alianzas público privadas que tanto se opuso a ellas son el camino correcto para algunos servicios'.

Además, indicó que el Plan atenta contra la Universidad de Puerto Rico al plantear reducir sus ingresos por concepto de fórmula y contra el bienestar del pueblo al porponer eximir a los puertorriqueños de cualquier aumento al mínimo federal. También entiende que discrimina contra la juventud pidiendo que a los menores de 25 años se les pueda pagar menos del mínimo. De igual modo, cuestionó los poderes constitucionales de la Junta de Control Fiscal.

'Ahora entiende que hace falta el trato igual para Puerto Rico como un estado para el Medicaid y Medicare, cuando Puerto Rico necesita la igualdad en todos los renglones para poder echar para ‘alante' y eso solo se logra con la Estadidad', concluyó Rosselló.

* Un adelanto con parte de esta información fue publicado a las 10:04 a.m.