Los presidentes legislativos acordaron los nombramientos de los miembros de la Comisión de Auditoría Integral del Credito Público y les notificaron mediante cartas, pero ahí quedó todo, sin que hayan sido posesionados o convocados a una primera reunión para discutir el modo en que se iniciará la investigación más abarcadora del endeudamiento público.

Luego de que venciera el término de diez días para que el Gobernador nombrara los miembros de "interés público", los presidentes legislativos enviaron cartas fechadas del 28 de septiembre a catedráticos y representantes de diversos sectores para que integraran la Comisión.

Pese a que la Ley 97 del 7 de julio de 2015, disponía que el equipo de trabajo multisectorial y con representación de ambos partidos entrara en funciones 20 días después de su aprobación, este cuerpo ha quedado en el aire cuatro meses después.

La Asamblea Legislativa seleccionó a las siguientes personas como miembros: José Alameda como catedrático en economía; Juan Lorenzo Martínez como catedrático en Finanzas; Roberto Pagán como Representante del Sector Sindical u Obrero; Frank Medina como Representante del Sector Comercial; Irma Hilerio como Representante del Sector Cooperativista; y José Fernández, Presidente de Oriental Bank, como Representante del Sector Bancario.

Se seleccionó, además, al doctor Efrén Rivera como catedrático en Derecho Constitucional, pero este contestó excusándose de participar en aras de evitar cualquier conflicto de interés por su participación en proyectos de fiscalización del Gobierno desde el Centro de Periodismo Investigativo.

La delegación de mayoría del Senado no ha escogido al senador que formará parte de la Comisión. Se informó que este deberá ser escogido por el caucus. La Cámara de Representantes no informó su selección, pero este diario supo que sería el representante Manuel Natal Alvelo por acuerdo previo.

La directora de comunicación del Senado, María de Lourdes Martínez, informó que "la Asamblea Legislativa debe informar al Gobernador los nombramientos que los presidentes hayan realizado por mutuo acuerdo". Luego, le corresponde al Gobernador posesionarlos. Ninguna de esas gestiones se hizo.

Este diario supo que los miembros "nombrados" están desinformados sobre el proceder de la Comisión pues no conocen quiénes forman parte de la entidad, ni han sido citados o posesionados como tal, según comentaron tres entrevistados.

Pagán comunicó, de hecho, que nunca recibió notificación oficial de su nombramiento, sino que se enteró por terceros. La Fortaleza contestó mediante carta a cuatro líderes sindicales quienes habían escrito endosando su nombramiento como representante de las uniones laborales. La asesora Maranyelí Medina Durán contestó el 13 de octubre de 2015, que habían "recibido la notificación de que en efecto, el Sr. Pagán fue nombrado". Pagán nunca recibió comunicación, aseguró.

Cuando este diario abordó al secretario de Asuntos Públicos, Jesús Manuel Ortiz,sobre por qué el proceso de auditoría que faculta esta Ley ha quedado relegado, indicó que "la estrategia del Gobierno ahora mismo es continuar con la renegociación de la deuda". Y agregó que cualquier otra opción "se evaluará, pero en este momento esa continúa siendo la estrategia".

La entidad se supone que fiscalice las decisiones de contratación y renegociación del endeudamiento público e inspeccione en qué fue invertido el dinero que asciende a $73,000 millones.