EE.UU. volverá a debatir hoy, martes, sobre los graves problemas económicos y fiscales de Puerto Rico y tratará de avanzar en un acuerdo para imponer el sometimiento de la Isla a una junta de control fiscal que supervise su gestión de los fondos públicos.

Y la discusión se dará casi paralela en el Congreso y Casa Blanca ya que, según el periódico The Hill, el presidente Barack Obama invitó a almorzar a su residencia al líder de la Cámara, el republicano, Paul Ryan para, entre otros asuntos, discutir la crisis de Puerto Rico. Se trata de la primera visita oficial de Ryan a Casa Blanca desde que fue electo en octubre como líder de la Cámara y el almuerzo ocurrrirá después de una reunión en la que también estará el líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, quien se ha opuesto a cualquier tipo de ayuda federal para Puerto Rico.

Mientras tanto, el Subcomité de Asuntos Insulares, Indígenas y de los Nativos de Alaska de la Cámara tiene previsto abordar este asunto sobre el que el Gobierno de Puerto Rico lleva meses presionando con el interés de que se le permita a cambio acogerse a la Ley de Quiebras. Ello permitiría a las empresas públicas declararse en quiebra y así reestructurar su deuda sin el caos, coste, descrédito y desgaste que supondría hacer frente a la previsible avalancha de demandas que se le vendrán encima si sigue incurriendo en impagos de deuda.

La vista versará sobre 'la necesidad de establecer una autoridad para el crecimiento económico y la estabilidad financiera de Puerto Rico' y entre los llamados a presentar su testimonio se encuentra el exalcalde de Washington, Anthony Williams, quien gestionó la capital estadounidense cuando esta estuvo sometida al control de una junta similar.

También está prevista la declaración de Carlos García, expresidente del Banco Gubernamental de Fomento así como analistas y estudiosos especializados en la materia.

La idea es que todos ellos debatan sobre posibles soluciones a largo y medio plazo para Puerto Rico, que encadena 10 años de recesión y está sumida en una falta de liquidez tal que teme no poder seguir prestando con regularidad los servicios públicos fundamentales y mantener el pago de las nóminas de los empleados públicos.

Esta vista tiene lugar un día después de que el Gobierno de Puerto Rico hiciera pública ayer su primera propuesta en firme para reestructurar y reducir en un 30 % su deuda de 72,000 millones de dólares.

De aceptarse en los términos propuestos, supondría un tremendo balón de oxígeno para las asfixiadas arcas públicas de la isla caribeña, que se han quedado sin fondos para mantener operativo el Gobierno y seguir ofreciendo los servicios públicos más básicos.

En la actualidad la deuda absorbe el 36 % de los ingresos públicos y en la próxima década supondría unos 33,000 millones de dólares en deuda e intereses.

Si no se alcanza un acuerdo con los bonistas para el 1 de mayo, el Gobierno advierte que tendrá que incurrir en un nuevo impago, ya que para esa fecha le vencerán títulos por un importe conjunto de 400 millones que dice no tener.

Al mismo tiempo, Main Street Bondholders lanza una nueva campaña publicitaria para apelar al Congreso a defender las leyes que protegen a los ahorristas y jubilados de Estados Unidos.

La campaña con anuncios en Politico, el Wall Street Journal y el Washington Post, entre otros, presenta a los miembros de Main Street Bondholders Teresa García de San Juan, Puerto Rico; George Carroll de Red Bank, Nueva Jersey; y Mel Feder de Long Island, Nueva York.

En el aviso, los tenedores de bonos recuerdan al Congreso que ellos no son la causa de los problemas financieros de Puerto Rico y que sus ahorros y fondos de retiro, que están respaldados por la Constitución de Puerto Rico, deben ser protegidos.

'El Congreso debe recordar que los tenedores de bonos son personas reales que invirtieron los ahorros de su vida en bonos de Puerto Rico', dijo el vicepresidente de la Asociación 60 Plus, Matthew Kandrach. 'El Congreso debe rechazar los intentos de vulnerar la Constitución de Puerto Rico, y los bonos protegidos por ella', añadió.

Por su parte, García insistió en que, 'Los tenedores de bonos de Puerto Rico no son el enemigo; no somos la causa de los problemas financieros de Puerto Rico. Trabajamos duramente, ahorramos para nuestras familias, y hemos invertido en bonos supuestamente seguros, respaldados por nuestro gobierno'.

Mientras, Carroll culpó a 'Los líderes de Puerto Rico han generado este lío al no controlar el gasto. Estafar a tenedores de bonos individuales como yo no va a solucionar el problema. Puerto Rico necesita controlar el gasto e identificar nuevas políticas para generar crecimiento'.

Asimismo, Feder, opinó que, 'Permitir que Puerto Rico se declare en bancarrota es una traición a su Constitución. Un curso mejor sería darle a Puerto Rico los mismos derechos que tienen otros estados bajo la legislación regular del Capítulo 9'.

La coalición Main Street Bondholders es un proyecto de la Asociación 60 Plus.

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