El Grupo de Trabajo Comunitario Sobre la Reforma de la Policía (GRUCORPO), compuesto por individuos y organizaciones de base comunitaria que asisten a la Policía, al Departamento de Justicia Federal y al Tribunal en el establecimiento de un cuerpo de agentes ‘respetuosos de los derechos humanos y civiles’, protestó el viernes por la falta de transparencia y de acceso a los borradores de la presente reforma policial.

El grupo se creó precisamente para promover la participación efectiva de la ciudadanía durante el proceso de reforma de la Policía de Puerto Rico, velando por la transparencia y la rendición de cuentas en la etapa de implementación.

Sin embargo, en su ponencia ante el juez federal Gustavo Gelpí en las vistas públicas de la reforma en el Centro Judicial de Fajardo, recalcaron que han enfrentado obstáculos para poder garantizar esta participación abierta y poder ejercer su labor de asesores profesionales y comunitarios durante la creación de políticas.

Relataron que desde mayo a octubre pasado, GRUCORPO sostuvo reuniones e intercambió activamente información con los funcionarios de la Oficina de la Reforma, gestión que fue elogiada por su valiosa aportación desde la mirada comunitaria y experta de los diferentes componentes que hay que revitalizar en la Policía.

Esa relación, sin embargo, se vio interrumpida cuando se le exigió a GRUCORPO un compromiso de confidencialidad sobre los borradores de políticas y procedimientos.

‘Ante tal situación, GRUCORPO mantiene la postura de que todos los ciudadanos deben tener acceso a los documentos (borradores) antes de la aprobación final por parte del Superintendente, ya que ello es esencial para un proceso transparente, participativo, y para tener un debate informado’, leía su ponencia.

Poner hincapié en el acceso a los documentos durante el proceso de reforma, se debe a que GRUCORPO busca instaurar una verdadera policía de comunidad, por lo que considera esencial que desde sus cimientos, la reforma exija la participación de quienes eventualmente se verán afectados por las políticas que se adopten.

Permitir que la Reforma se nutra de las vivencias diarias en las ciudades y los campos del país, a la par que promueve la confianza, credibilidad del proceso y sentido de pertenencia que cobra el país cuando se le incluye en la articulación de políticas públicas, informado efectivamente de cada paso que se tome, son elementos clave para que surja el policía que se debe a la comunidad.

‘El Estado debe abrirse al público para informar sobre la manera que ejecuta sus funciones, estar receptivo a la crítica y promover la discusión pública sobre sus ejercicios y prerrogativas. Debe dejar educarse y escuchar con detenimiento la opinión de las comunidades sobre sus ejecutorias y no cerrar sus oídos asumiendo una actitud estéril y paternalista hacia el País’, recalcaron.

Para los miembros de GRUCORPO, esta apertura debe cubrir todas las etapas de la elaboración de políticas y no solo las políticas ya aprobadas, sujetas a revisión anual por un tiempo limitado. Recibir insumo desde la creación de políticas serviría como medida de prevención para corregir errores antes de que se cometan y atendería de entrada las deficiencias sistémicas, agregaron.

Además, trajeron ejemplos de otras jurisdicciones en que ese acuerdo de confidencialidad se ha descartado, como en la ciudad de Durham en Carolina del Norte, que en diciembre de 2015 publicó un borrador de política para el uso de cámaras en los uniformes de los oficiales, con la celebración de vistas públicas incluso antes de que se creara un borrador para recibir insumo desde el principio del proceso.

Mientras tanto, los incidentes de brutalidad policiaca persisten, pese a las declaraciones que el Superintendente de la Policía, José Caldero, hiciera a NotiCel el primer día de vistas públicas en Fajardo.

‘Aquí pasaron unos sucesos -la violación de derechos civiles es lo que más se señaló-. [Desde que] comenzamos en el 2014, no hemos tenido ningún incidente que haya salido en la prensa de policías detrás macaneando gente ni dando cantazos’, dijo Caldero el jueves en un aparte con NotiCel.

En su ponencia, el GRUCORPO señaló que en agosto pasado la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) intervino en un caso en la barriada Morales en Caguas en que ‘una familia completa fue agredida por miembros de la división de drogas mientras ejecutaban un arresto’.

Mientras, Espacios Abiertos ha solicitado sin éxito que la Oficina de la Reforma provea los datos de las acciones disciplinarias tomadas en querellas administrativas luego de la firma de la Reforma en aras de monitorear su progreso.

Por último, denunciaron la necesidad de que en la alta oficialidad de la Policía se perpetre un cambio de mentalidad. Esto debido a que a un participante de GRUCORPO que visitó la Academia para ofrecer una charla sobre derechos de las víctimas, se le negó la entrda por su vestimenta casual. ‘Esta es precisamente la actitud propia de mentalidades militarizadas que constituye la semilla de discrimen que la Reforma pretende combatir’, concluyeron.