La mayoría republicana de la Cámara de Representantes federal dio a conocer oficialmente hoy, martes, su propuesta para crear una Junta de Control Fiscal que, entre otras cosas, establecería e implementaría el presupuesto de Puerto Rico, entablando así una lucha ferrea en Puerto Rico y ciertos sectores en Washington contra esta controvertible medida que busca atender la crisis financiera en la Isla.

Luego de tomar varias medidas de austeridad y con pagos de $422 millones hacia la deuda que se vencen en mayo , el gobierno de Puerto Rico urgentemente busca maneras de reestructurar la deuda. Pero esta propuesta republicana excluye a Puerto Rico y sus corporaciones públicas de acogerse al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal y le da a esta nueva junta el poder de facilitar un proceso de quiebras en los tribunales de ser necesario.

El borrador también establece que la Junta de Control Fiscal fijará criterios para crear presupuestos anuales balanceados, obligará al gobernador a volver a diseñar presupuestos si no se alinean a los criterios de la junta, tendrá el poder de crear y poner en vigor un presupuesto si no queda satisfecho con el presentado por el gobernador, y podrá anular leyes aprobados por la Legislatura si no se conforman con el plan fiscal aprobados por la junta.

La junta se compondría de cinco personas, en su mayoría de fuera de Puerto Rico, y el Gobernador de Puerto Rico y el Secretario del Tesoro federal serían miembros adicionales, pero sin voto.

Aunque el borrador no permite que Puerto Rico ni sus corporaciones públicas se puedan acoger al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, provee para negociaciones entre el gobierno y los acreedores para renegociar la deuda y los pagos.

De no poder llegar a un acuerdo, la junta serviría como facilitador para que se dilucide el conflicto en los tribunales federales. Para muchos críticos, este punto es muy preocupante ya que pueden existir conflictos de interés ai la junta decide con qué prioridad se le debe pagar a los acreedores al estos tener la oportunidad de discutir qué medidas de austeridad en servicios al pueblo y en recortes de personal debe tomar el gobierno para aproximarse a la salud fiscal.

Un plan del Departamento del Tesoro federal para atender la crisis señaló ese mismo punto sobre las pensiones. Pero los creadores de esta propuesta legislación dejaron claro que imponer esa preferencia tendría 'consecuencias serias' sobre el mercado de bonos y las relaciones entre los que venden bonos y los acreedores.

El presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Rob Bishop, indicó en comunicado de prensa que el proyectoproveerá a Puerto Rico conherramientas para imponerdisciplinaenlasfinanzas gubernamentales, cumplir con sus obligaciones y restaurar la confianza en sus instituciones.

Bishopenfatizó que el borrador recibió el insumo de congresistas de ambos partidos, funcionarios del Tesoro, asesores financieros y acreedores de bonos así como del liderato político puertorriqueño.

Agregó que la discusión sobre el borrador cambiará y se publicó con la intención de impulsar una discusión abierta y no supone un proyecto final.

Vea los documentos adjuntos para más detalles.

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