Washington, D.C. - La controvertida Junta de Control Fiscal propuesta para enderezar las finanzas de Puerto Rico podría acusar por desacato a funcionarios públicos que no obedezcan sus mandatos o que les provean información falsa, e imponerles una multa de $1,000. Pero, a diferencia de lo planteado la semana pasada, ya no podrían ser procesados por un delito menos grave y enfrentar hasta un año de cárcel.

Ese fue uno de los cambios en el borrador actual dado a conocer el martes por la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (o PROMESA por sus siglas en inglés) para atender la crisis fiscal del país agobiado por una deuda pública de $73 mil millones.

Entre las revisiones del borrador circulado la semana pasada, también figura cómo se nombraría a los miembros de la junta, la cual ha generado una oposición férrea entre casi todos sectores políticos en Puerto Rico y los demócratas y activistas en Washington.

El Presidente de los Estados Unidos nombraría a los cinco miembros de la junta, dos de ellos entre las personas recomendadas por el Presidente de Cámara federal y otros dos seleccionados entre los nombres provistos por el Líder de la Mayoría del Senado federal. Solo uno de los miembros, en vez de un mínimo de dos establecido en el borrador anterior, tendría que tener residencia o su negocio principal en Puerto Rico.

Los miembros de la junta, no el Presidente de los Estados Unidos, escogerán quien de ellos la presidirá. El gobernador de Puerto Rico y el secretario del Tesoro federal seguirían siendo miembros sin voto de la junta.

La junta tendría el poder para fijar criterios para crear presupuestos anuales balanceados, obligar al gobernador a volver a diseñar presupuestos si no se alinean a los criterios fiscales de la junta, crear y poner en vigor un presupuesto si no queda satisfecha con el presentado por el gobernador, y anular leyes aprobadas por la Legislatura si no se conforman con el plan fiscal aprobado por la junta.

Además, una sección añadida en el borrador presentado el martes autoriza a la junta a intervenir en casos en que el gobierno de Puerto Rico y sus agencias y dependencias sean demandados, y podrá solicitar interdictos y/o la paralización de procesos judiciales.

El congresista Rob Bishop, quien preside el Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal, expresó el martes que la propuesta republicana es un esfuerzo para proveerle a Puerto Rico 'las herramientas para imponer disciplina en sus finanzas, cumplir con sus obligaciones y restaurar confianza en sus instituciones.'

'El borrador va a cambiar,' explicó Bishop. 'Lo estamos haciendo público ahora para estimular comentarios y críticas, para que las personas puedan responder a lo propuesto, sin conjeturas sobre su contenido.'

Varios líderes políticos y sectores de la sociedad civil y laboral en Puerto Rico han rechazado muchos aspectos del borrador de PROMESA, particularmente la propuesta junta al que tildan de antidemocrático y colonialista.

La congresista Nancy Pelosi, la líder de la minoría demócrata en la Cámara, afirmó que los demócratas rechazan 'el poder excesivo y antidemocrático' de la junta. Los demócratas trabajarán intensamente con los republicanos, añadió, para cambiar varios aspectos de la legislación propuesta antes de que se finalice el borrador el 10 de abril. El anteproyecto de ley se pasará a discutir en vistas y sesiones legislativas esa semana.

La versión circulada la semana pasada ya proponía el no pagarle el salario mínimo federal a trabajadores de menos de 25 años de edad y eximía a Puerto Rico de reglamentaciones federales recientes que expanden la cantidad y categorías de empleados con derecho a pago por horas extra. El borrador presentado el martes pone bajo la jurisdicción de la junta a todas las pensiones de empleados del gobierno o sus corporaciones públicas, no solo los sistemas de los maestros, empleados públicos y tribunales, como en la versión anterior.

Los críticos a esta iniciativa republicana han manifestado que les preocupa que en este proceso se dé más prioridad a satisfacer la deuda con los acreedores que asegurar las pensiones de los jubilados o cumplir con las necesidades del pueblo que ya han enfrentado medidas de austeridad por la crisis fiscal y económica.

Aparentemente como un paso para aliviar ese temor, en el borrador presentado el martes, se eliminó la posición de Principal Oficial de Gerencia y Reestructuración, a ser nombrado por la junta, que supervisaría las agencias gubernamentales de Puerto Rico para que trabajaran más eficientemente.

'Creemos que tiene que haber una junta con dientes, con autoridad,' explicó uno de los expertos legislativos que colaboró para redactar la legislación propuesta y que solicitó no ser identificado. 'Algunos lo verán como que tienen colmillos y otros pensarán que no es suficiente. La junta no estaría ahí para reemplazar al gobierno sino para trabajar juntos para lograr presupuestos balanceados'.