Aunque la discusión sobre la aprobación de la ley federal 'PROMESA' parece haber terminado por el momento con su puesta en marcha la semana pasada tras la firma del presidente Barack Obama, el bando republicano del Congreso ha clavado banderines en ese toro que pueden acabar en investigaciones criminales contra personal del Departamento del Tesoro y hasta del gobierno de Puerto Rico por supuesta conspiración para obligar al Congreso a aprobar la ley.

Esa es la dirección de dos cartas que el senador Orrin Hatch envió antes de la aprobación de 'PROMESA' al jefe del Tesoro, Jack Lew, y a la Comisión de Intercambio y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) en la que pide investigaciones y requerimiento de documentos dirigidos a establecer que el Tesoro y el Gobierno de Puerto Rico obraron juntos para alargar la crisis financiera de la Isla y forzar así la decisión sobre la ley y la Junta de Control Fiscal que la misma trae.Acusa también que hubo intervención directa de los asesores de Puerto Rico con acreedores para evitar acuerdos sobre la deuda y así mantener la presión sobre el Congreso.

La SEC, a través de su portavoz Judith A. Burns, dijo a NotiCel que no tendría comentarios sobre las alegaciones y solicitudes del senador, pero durante una vista senatorial el mes pasado la jefa de la SEC, Mary Joe White, dijo que 'estamos bien enfocados' en investigar a los asesores de emisiones de bonos.

Por su parte, el Gobernador restó importancia a la petición del senador republicano, y presidente del comité de Finanzas del Senado federal.

'Debo atraer la atención del Senador y me propongo hacerlo si así fuera necesario. A la carta que él nos envió hace tiempo pidiéndonos un montón de información, nosotros le contestamos porque en la respuesta de esa carta está toda la información que él está pidiendo. Lo único que tiene que hacer es leer la carta que le enviamos y el verá que la información que él está pidiendo está ahí', se limitó a decir el Gobernador.

García Padilla se refirió a un requerimiento de información que Hatch le hizo en febrero pasado, pero la realidad es que las más recientes solicitudes del senador van en una dirección distinta. En aquella ocasión, el centro del argumento eran la falta de transparencia y de acceso a información que había caracterizado la forma en que Puerto Rico había manejado la crisis. Pero, en las cartas más recientes, la intención es desenmascarar lo que, a juicio del senador, son los acuerdos de confidencialidad entre el Tesoro federal, el gobierno de Puerto Rico y algunos de sus acreedores que permitieron que estos acreedores y el Tesoro tuvieran información privilegiada del verdadero estado de las finanzas gubernamentales. Esto, a su vez, habría servido para que el Ejecutivo federal moviera estrategias a espaldas del Congreso y para que algunos acreedores, como un grupo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), estuvieran en posición ventajosa para moverse en la crisis. Se trata, añadió, de actuaciones que pueden haber habilitado el fraude en el mercado de finanzas gubernamentales.

Según la carta a la SEC, Tesoro creó en 2014 la Oficina de Finanzas Estatales y Locales para trabajar el área de la venta de bonos y finanzas gubernamentales a niveles estatales y locales y que, desde al menos marzo de 2015, oficiales del Tesoro han tenido acuerdos de confidencialidad con agencias gubernamentales puertorriqueñas como la AEE mediante los cuales ganan acceso a información privilegiada que no tiene el Congreso, el mercado financiero ni los acreedores de esas agencias.

Según Hatch, quien también tocó este tema la semana pasada durante su turno en el debate sobre 'PROMESA', la estrategia legislativa que llevó a la aprobación de la ley de rescate 'fue en aparente concierto con oficiales gubernamentales en Puerto Rico y sus agentes, como el exoficial del Tesoro, James Millstein, un asesor de reestructuración oficial pago por Puerto Rico'.

'Dichos acuerdos de información tienen el potencial de conferirle a algunos oficiales federales selectos acceso a información de mercado posiblemente sensitiva, incluyendo información sobre el estado real de las finanzas de Puerto Rico, tal como balances financieros actualizados, flujos, proyecciones y planes', argumentó Hatch en su carta a Lew.

Dicha misiva termina con un requerimiento de información que cubre del 2 de enero de 2015 al 19 de junio de 2016 y que abarca: los acuerdos de confidencialidad firmados, las comunicaciones entre Tesoro y Puerto Rico sobre el impago, las comunicaciones entre Tesoro y representantes sindicales del sector público, comunicaciones entre Tesoro y los asesores Millstein <><><><><><><><><><><><><> <> <> <> <> & Co., detalle de todos los empleados del Gobierno de Puerto Rico que tuvieron comunicación 'sustancial' con Tesoro sobre las obligaciones de pago, y los documentos provistos al Tesoro por parte de Puerto Rico bajo los acuerdos de confidencialidad./p

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Al final, 'PROMESA' quedó con una cláusula para que el Contralor de los Estados Unidos someta un informe sobre 'las condiciones que llevaron al nivel de deuda per cápita' en Puerto Rico y sobre cómo 'acciones del gobierno territorial mejoraron o afectaron las condiciones financieras del territorio', y, además, con autorización a la Junta de Control Fiscal para que investigue las emisiones de bonos gubernamentales./p

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