Más de 28,000 docentes del sistema educativo público estarán cobijados, luego de más de una decada, por un nuevo convenio colectivo que fue firmado el viernes, por el secretario del Departamento de Educación (DE), Rafael Román Melendez y los presidentes de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) y su Local Sindical (AMPR-LS), Aida Díaz y Noel Cedeño, respectivamente.

El nuevo estatuto que regirá las relaciones laborales entre la agencia y la clase magisterial tendrá una vigencia de tres años.

'Hoy damos un paso importante en el respeto a la expresión democrática de la clase magisterial puertorriqueña. Por más de una década, nuestros docentes mantuvieron sus reclamos de contar con un convenio colectivo. Hoy tenemos la oportunidad de iniciar un nuevo capítulo en la construcción de las relaciones laborales entre el DE y nuestros docentes; confiados en que servirá para mejorar nuestra educación pública', expresó Román Meléndez en un comunicado de prensa.

Román Meléndez señaló que el proceso de negociación del convenio colectivo, que inició el 22 de junio y finalizó en la madrugada del 10 de julio, fue uno sumamente intenso pero que lograron acuerdos satisfactorios para ambas partes en unos 21 artículos. Destacó como los acuerdos más significativos el establecimiento de los procedimientos para la resolución de quejas y agravios así como las disposiciones que regirán para la imposición de medidas disciplinarias a los miembros de la Unidad Apropiada.

'Nos complace poder contar con un proceso uniforme y justo para resolver controversias que se dan en nuestros planteles y que, en muchas ocasiones alteran el escenario escolar en perjuicio de nuestros niños y jóvenes. Estos nuevos acuerdos facilitarán la resolución de conflictos y garantizarán que podamos tener un clima adecuado permitiendo que el proceso de enseñanza y aprendizaje se dé dentro de las mejores condiciones para nuestros maestros y estudiantes', añadió el titular de Educación.

Explicó que el nuevo convenio, que durará hasta agosto de 2019, no incluye clausulas económicas debido a las restricciones que impone la Ley 66 de Sustentabilidad Fiscal y Operacional. Según establece la Ley 66, los maestros podrán negociar con el DE acuerdos que tengan impacto económico a partir de junio del próximo año.