Durante las vistas públicas conjuntas sobre el proyecto del Senado 51 para establecer la 'Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico', salieron a relucir nuevamente los argumentos históricos de cada partido tradicional sobre cómo atender el estatus de la Isla.

La lista de deponentes contenía pocas sorpresas, al llamado legislativo acudieron el actual gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló, el pasado gobernador Alejandro García Padilla y a ellos se les unieron los exgobernadores Aníbal Acevedo Vilá, Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón.

De las más de ocho horas que duraron las distintas deposiciones, la mayor parte del tiempo se utilizó en argumentar sobre la definición del Estado Libre Asociado según avalado por el Partido Popular Democrático (PPD) y su no inclusión en el proyecto de ley bajo consideración.

El gobernador Rosselló Nevares defendió la gestión de su administración atendiendo el asunto, asegurando que es cuestión de estrategia la presentación del proyecto de admisión como estado por la comisionada residente Jenniffer González y la discusión de la medida P. del S. 51 paralelamente en la Legislatura.

Por su parte, las principales figuras del PPD objetaron la no inclusión entre las alternativas de estatus del estado libre asociado. 'No hay espacio para lograr consenso y la postura del PPD es no estar de acuerdo con el proyecto tal y como está redactado, ' informó Héctor Ferrer, quien acudió a la vista en representación del presidente del PPD David Bernier.

A medida que pasaba el día, se levantaba una y otra vez la discusión de cuántas alternativas de estatus debían ser incluídas de forma que el proyecto pueda acceder los $2.5 millones asignados por el presidente Barack Obama para la celebración plebiscito con fórmulas avaladas por el Departamento de Justicia federal y que, además, sólo incluya opciones compatibles con la Constitución de Estados Unidos.

Rosselló Nevares aseguró que la medida que asigna los fondos para un plebiscito futuro permite solo dos alternativas de estatus como no coloniales, la independencia y la estadidad. Por su parte, tanto Hernández Colón como Acevedo Vilá y García Padilla argumentaron que el Estado Libre Asociado (ELA)debe ser incluido para no violentar los derechos constitucionales de los puertorriqueños que apoyan esa fórmula de estatus y a la luz del derecho internacional.

El exlegislador Marcos Rigau expresó su apoyo 'al comienzo de un proceso de descolonización mediante un pacto de libre asociación con Estados Unidos que reconozca la soberanía de Puerto Rico. Los límites a esa soberanía serán exclusivamente lo que Puerto Rico pacte en ese tratado con Estados Unidos'. Sustentó su ponencia con los ejemplos de las Islas Marshall, Micronesia y la República de Palau, quienes han entrado en pactos de libre asociación con Estados Unidos.

El líder independentista Rubén Berríos Martínez expresó el interés del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) de participar en una consulta que resulte de la medida, aunque señaló que aún requiere algunas enmiendas. 'Específicamente hay que enmendar la forma limitante o insuficiente en la que se define la independencia. Debe ser enmendada para enmarcarse en los siguientes parámetros: transferencia del poder soberano, apoyo a la ciudadanía puertorriqueña, proceso de transición desde la proclama de la independencia a negociarse con EEUU, comercio, derechos adquiridos, movimiento y tránsito, desmilitarización, comercio y un proceso de amistad y comunicación posterior al proceso de transición', subrayó Berríos Martínez. Sugirió además que la definición de la libre asociación fuera 'lo más flexible e inclusiva posible para que los que la defienden se sientan representados en la papeleta'.

'No existe un derecho natural a ser colonia. El Congreso solo tiene dos rutas constitucionales para disponer del territorio colonial. Ese es el camino a la suprema definición,' concluyó Berríos.

No obstante, al solicitarle reiteradamente la definición deseada, no la tenían disponible. 'Si ustedes se comprometen a incluirla sin ninguna alteración, nosotros se la presentamos', expresaron tanto García Padilla como Hernández Colón en la vista pública.

Al momento, no hubo compromiso de la Legislatura del PNPen que si presentaban la definición deseada sin alteraciones, se incluirá.

El exgobernador Rafael Hernández Colón realizó una amplia exposición sobre decisiones judiciales en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, particularmente el caso Sánchez - Valle, y que a su juicio favorecen, definen y sostienen la 'legitimidad' de la cláusula territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA).

'El Proyecto no cumple con la propuesta del gobierno federal,la Ley Pública Federal 1113-76 de 2016 ni con el Derecho Internacional y violenta el derecho al voto e los puertorriqueños que apoyamos el Estado Libre Asociado desarrollado, el derecho a la igual protección de las leyes, el derecho al debido proceso sustantivo, y el derecho a la libre expresión, todos, derechos protegidos por la Constitución de los Estados Unidos de América y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico', aseveró Hernández Colón.

Durante su alocución a los legisladores, Hernández Colón indicó que en el plebiscito que se convoca' los puertorriqueños que favorecen la estadidad pueden votar por ella y encauzar el futuro del país de esa manera. Igualmente, los que favorecen la independencia en su modalidad de independencia separada o de libre asociación. No así los que favorecen la libre asociación en su modalidad de unión permanente como ELA desarrollado'. Por esta razón, opinó que no incluir al ELA desarrollado como alternativa de estatus en el plebiscito propuesto constituye 'una violación del debido proceso sustantivo garantizado por la Constitución de Estados Unidos y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico'.

Por su parte, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá concurrió con la presentación esbozada por Hernández Colón y argumentó que el proceso 'no puede estar diseñado para que los resultados estén predeterminados' por lo que solicitó que el mismo sea 'inclusivo para que nadie pueda cuestionar la validez del resultado'' y que 'incorpore al Congreso desde el inicio para que esté política y moralmente, obligado a responder'.

'Luego de ese diálogo con el Departamento de Justicia y luego de la aprobación del proyecto en Washington es que se debe legislar localmente, permitiéndole a los partidos que se incluyan en dicha legislación las propuestas que se entiendan que pueden ser validadas por el Departamento de Justicia, que en su momento tendrá que manifestarse sobre la validez constitucional de cada una de las opciones de estatus. Obviamente, si el Congreso no actuara en un tiempo razonable, esta legislatura tendrá entonces que hacerlo con una legislación que incorpore las alternativas que los partidos quieren que sean.

Ante la aseveración del exgobernador Acevedo VIlá de que el plebiscito será uno 'amañado', el senador Miguel Romero, quien preside la Comisión de Gobierno, opinó que 'no tener una definición clara y libre de ambigüedades es algo que podemos interpretar como amañado'.

A pesar de que solicitaron incluir al ELA en el proyecto de ley y a preguntas de sobre si existe una definición del ELA el exgobernador Acevedo Vilá replicó que 'eso es asunto del Partido Popular'. Por su parte, Hernández Colón adelantó que tiene una definición redactada que la podría someter a la Comisión. Ante estas respuestas, el Presidente del Senado declaró que 'venir y decirnos que estamos excluyendo una definición que no está redactada y que no quieren divulgar pues tampoco es justo'.

En la continuación de la línea de preguntas sobre las definiciones del ELA, Hernández Colón informó que el PPDdesignó un grupo de trabajo para estudiar las diferencias 'visualizando la definición aceptable' por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Además, se reclutó a un profesor de Derecho Constitucional de New York University para que analice esas diferencias y a base de las mismas ofreciera sus recomendaciones. 'Luego de ese proceso tenemos un instrumento que nos permite ponernos de acuerdo sobre cuál es la definición que se debe someter', acotó.

A preguntas del senador Miguel Romero sobre la Ley federal que establece una Junta de Control Fiscal para Puerto Rico y el estatus actual Hernández Colón opinó que dicha ley es una ' violación al pacto entre Puerto Rico y Estados Unidos. Como un usurpar el territorio que la constitución, el pacto y el Tribunal Supremo de Estados Unidos define el territorio bajo la soberanía de la Isla'.

En esta misma línea de Acevedo Vilá se expresó el pasado gobernador García Padilla. De hecho, instó a 'sentarnos a trabajar juntos y lograr un proyecto de ley donde no estaremos de acuerdo en todo pero que podremos presentar juntos al País y cuyos resultados podremos defender juntos ante los Estados Unidos'. Recordó varios procesos eleccionarios en el que tanto militantes del PPD así como del PNP y del PIP se unieron con un mismo fin.

García Padilla se comprometió a que de realizarse un proceso en conjunto y en caso de que pierda el Estado Libre Asociado desarrollado irá a Washington a hacerse eco de la fórmula ganadora en el plebiscito de estatus. Sin embargo, García Padilla opinó que ante la próxima juramentación de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos en este momento no hay ambiente para aprobar la estadidad.