Guayanilla - El segundo grupo de arrestados por oponerse al depósito de cenizas de carbón en Peñuelas salió por la puerta ancha hoy, jueves, del Tribunal de Primera Instancia de Guayanilla, al no radicarse cargos en su contra.

Esto, luego que la jueza municipal Adria Cruz Cruz determinara que prescribió el tiempo para que Fiscalía y la Policia de Puerto Rico presentaran cargos contra los 42 manifestantes detenidos por violar la Ley 22 de Vehículos y Tránsito al apostarse en plena vía de rodaje e impedir el acceso de 15 camiones al vertedero industrial de Peñuelas el pasado 23 de noviembre de 2016.

'Esto fue corto. Aquí todavía queda por ver qué harán tanto los dueños de la carbonera como del vertedero porque ellos anticiparon que buscarán por la vía legislativa o reglamentaria, una manera de gestionar la legalidad de sus gestiones contaminantes, así que todavía nos queda esa trinchera pendiente', expresó la exsenadora María de Lourdes Santiago, quien fue arrestada junto al grupo.

Otro de los detenidos en ese entonces fue el activista LGBTT, Pedro Julio Serrano, quien reaccionó sorprendido por la rapidez del proceso judicial que no duró cinco minutos.

'Esto era de esperarse. Esto se tornó académico cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que no se podían depositar las cenizas allí', manifestó el activista pro derechos humanos.

A las afueras del tribunal, Pedro Julio Serrano celebra con otros manifestantes el fin del proceso judicial. (Sandra Torres para NotiCel)

Mientras tanto, los integrantes del Campamento No a las Cenizas de Carbón se fundieron en un abrazo solidario para celebrar la conclusión del proceso contra estos ciudadanos.

'Lucha sí, entrega no', vitoreaban jubilosos los manifestantes en las afueras del tribunal guayanillense al agradecer el apoyo de una veintena de abogados que los representaron de manera gratuita.

La portavoz de los manifestantes, Yanina Moreno calificó la determinación judicial como, 'una victoria más para el pueblo y para demostrar que aquí hay gente valiente dispuesta a luchar por el ambiente y la salud. Ninguna compañía, con todo el dinero que tengan puede prevalecer ante la justicia divina y la justicia del pueblo'.

'Esto era de esperarse, el que la Policía ni la Fiscalía no haya venido. Ya vimos cómo prescribieron los cargos contra los manifestantes la semana pasada y en esta ocasión a la Policía se le hacía sumamente difícil probar una Ley 22 cuando ellos mismos se hicieron de la vista larga cuando los camioneros tuvieron cerrado el acceso por más de 12 horas', sentenció otro de los arrestados, José Manuel Díaz, integrante del Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente del barrio Tallaboa Encarnación.

Por su parte, José Francisco Sáez Cintrón, portavoz de la Coalición Pro Bosque Seco Ventanas-Verraco destacó que 'la unión de los abogados que nos representaron en este proceso es algo esperanzador porque han demostrado con su aportación que sí hay compromiso de ayudar a los más desprotegidos y de defender a las comunidades en los tribunales. Estamos bien orgullosos y agradecidos de todos ustedes'.

El pasado 9 de febrero, la misma Jueza determinó'no causa' contra otros 21 manifestantes del Campamento Contra las Cenizas de Carbón en Peñuelas. De igual modo, la Policía se retiró antes de la vista celebrada en el Tribunal de Guayanilla y la Fiscalía no se presentó.

En enero, el senador por el Distrito de Ponce, Luis Berdiel Rivera y el senador por acumulación, José Vargas Vidot, radicaron una medida para prohibir mediante ley el uso de las cenizas de carbón y sus residuos como material de relleno en proyectos de construcción, carreteras y en cuerpos de agua.

El historial del depósito de cenizas de carbón por parte de la empresa AES se remonta al 2002 cuando esta compañía ubicó sus facilidades en el barrio Jobos de Guayama produciendo anualmente 250 mil toneladas de cenizas de carbón como producto de la combustión para generar energía que vende a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En un principio, la empresa exportó sus cenizas a República Dominicana para ser usadas como material de construcción en el pueblo Arroyo Barril. Ante esto, la Universidad Autónoma de Santo Domingo publicó un estudio en el que se reveló que los residentes de dicho pueblo sufrieron, a causa del depósito de cenizas, lesiones pulmonares, enfermedades respiratorias, lesiones en la piel, defectos congénitos y abortos espontáneos. Posteriormente, el gobierno nacional entabló una demanda contra AES en los tribunales de Delaware que transaron por $6 millones.

Al enfrentar la oposición del gobierno dominicano, AES comenzó a depositar cenizas en el vertedero de Salinas y en caminos y a partir del 2008 comenzaron a convertirlas en relleno para nuevos proyectos de urbanizaciones y vías en diversos pueblos de la Isla. Luego AES, a través de su marca AGREMAX, comenzó a mercadear las cenizas para el uso de material de construcción. De hecho, varios grupos ambientalistas y sectores en Puerto Rico se han manifestado en contra del uso y depósito de las cenizas de carbón porque la presencia de metales y emisiones radioactivas afectan la salud y los acuíferos. Además, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) impuso en el 2012 a AES una multa de $170 mil por realizar descargas 'ilegales' de material contaminante en varios humedales entre los años 2005 al 2011.

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