A la vez que los hechos de hostigamiento y agresión sexual en el Municipio de Guaynabo han vuelto a poner en la palestra pública lo que es un 'ambiente hostil' en un lugar de empleo, uno de los jefes de división de la fiscalía federal en Puerto Rico sometió una demanda contra el Departamento de Justicia federal por dejar que en la oficina de Puerto Rico reine un 'ambiente hostil' que ya ha provocado varias demandas y renuncias.

Se trata de un demanda radicada durante el fin de semana por el exjefe de la División de Apelaciones de la fiscalía, Nelson Pérez Sosa, quien renunció tras 21 años en la fiscalía por los supuestos actos de represalia y hostigamiento a los que fue sometido por la jefa de fiscales, Rosa Emilia Rodríguez, como castigo por su testimonio a favor de otros empleados discriminados.

Sosa indica que el ambiente se ha tornado 'asfixiante', que su jefa le había declarado 'guerra' por su testimonio en los casos de los otros empleados y que Rodríguez pudo haber cometido obtsrucción a la justicia cuando, un día antes de su participación como testigo en uno de esos casos, lo llamó a una reunión para supuestamente intimidarlo y recordarle que él también era miembro de la alta gerencia de la oficina. Pérez Sosa sostiene que es el único miembro de la alta gerencia de la oficina que ha testificado a favor de los empleados que reclaman discrimen.

Se trata de la cuarta demanda que se somete contra la jefatura de la fiscalía federal en Puerto Rico desde 2005 y, según el pliego de Pérez Sosa, hay por lo menos 10 querellas administrativas por hostigamiento en el empleo. Todo esto sin que Justicia en Washington DC tome acción.

'(Justicia federal) tiene amplio conocimiento sobre las prácticas discriminatorias y de represalias que ejecuta la alta gerencia de la Oficina del Fiscal Federal para Puerto Rico en contra de empleados que se atreven a buscar remedios mediante someterse al proceso de Igual Oportunidad de Empleo', dice el documento.

'Durante sus 21 años en la Oficina del Fiscal Federal para Puerto Rico, el Sr. Pérez Sosa fue testigo repetidamente de un patrón de represalias contra empleados que usaban el proceso de Igual Oportunidad de Empleo y también en contra de los que se oponen al tratamiento dispar y las represalias', añade la demanda del abogado quien, en 1975, fue ayudante especial del Secretario de Justicia y entró a fiscalía federal en 1995 bajo la jefatura de Guillermo Gil Bonar.

Al momento de su renuncia, efectiva el 5 de enero de 2017, Pérez Sosa había sido sacado del puesto de jefe de Apelaciones, una de tres jefaturas en la Oficina, las otras siendo Criminal y Civil.

El argumento de Pérez Sosa es que su renuncia constituyó un despido constructivo por su remoción de la jefatura y las humillaciones y complicaciones de salud que sufrió como resultado de las acciones de Rodríguez y otros supervisores entre los que se incluye a la fiscal Jackeline Novas.

El exfiscal pide una compensación de unos $1.1 millones.