El gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentó el domingo un proyecto de ley que exigirá a los licitadores y contratistas del Gobierno a certificar y evidenciar a la Administración de Servicios Generales que cuentan con una política laboral de equidad salarial por razón de sexo y un proceso de autoevaluación sobre sus prácticas de compensación para eliminar las diferencias salariales entre hombres y mujeres.

Esta medida es una iniciativa de la Oficina de la Primera Dama, Beatriz Rosselló.

'Se trata de una medida de justicia social que propenderá al bienestar de la sociedad en general y ayudará a establecer en Puerto Rico una cultura de respeto hacia la mujer', expresó la primera dama en declaraciones escritas.

Con esta medida, toda persona natural o jurídica que interese ingresar al Registro Único de Licitadores para proveer bienes o servicios al Gobierno, deberá demostrar que ha implementado prácticas en su empresa para erradicar el discrimen salarial y la equidad de género entre personas que realicen trabajo comparable. Se establece además que será delito menos grave con una multa de hasta 5 mil dólares. El patrono que incumpla con esta norma será excluido del Registro Único de Licitadores por 1 año.

'Las personas y entidades que quieran contratar con el Gobierno de Puerto Rico tienen que cumplir con nuestra política pública de igualdad para las mujeres trabajadoras. Como gobernador lo he hecho nombrando a mujeres profesionales a la mayoría de los puestos del Gabinete Constitucional del Gobierno', afirmó Rosselló Nevares.