Los empleados del Centro Comprensivo de Cáncer (CCC) temen perder su empleo y sufrir represalias personales por continuar la ferrea denuncia del derroche millonario en la institución hospitalaria en que laboran.

Durante una vista pública de la Comisión de Salud del Senado, presidida por Ángel 'Chayanne' Martínez Santiago, afloraron los relatos de presiones para someter contratos, realizar pagos a ciegas y hacer caso omiso a la desaparición de equipo y materiales del Centro.

'Sí, han pasado muchas situaciones y quiero dejar claro aquí que pido protección, pido que se me brinde seguridad porque este proceso ha sido fuerte. Yo he temido por mi seguridad y lo hago público y yo estoy dispuesta a decir la verdad', aseguró Grendaliz Velez, directora de Finanzas de la institución.

El Centro fue incorporado hace más de diez años y posteriormente inaugurado en el 2016 mediante una inversión de $200 millones y una nómina actual de 200 empleados. Sin embargo, permanece inoperante en gran medida.

Ante las alertas por parte de los trabajadores, el Senador novoprogresista confirmó a NotiCel el envío de una carta al Departamento de Justicia con el fin de proteger a los empleados.

'Se va a expedir una carta para la Secretaria de Justicia para que puedan dar seguridad a estos compañeros. Vamos a hacerle la carta, hoy [viernes] sale, porque tan pronto lo dijeron yo ordene que se hiciera y falta evaluarla y firmarla y que hoy mismo se entregue. Me imagino que me llamarán o los llamarán a ellos, porque la carta va con el nombre de cada uno de ellos', declaró Martínez Santiago.

Al legislador le preocupó la contratación de Neurosurgical Oncology, PSC, compañía de un solo empleado --el doctor Luis Almodóvar-- para brindar servicios quirúrgicos al hospital, que está cerrado, y la manera en que se manejó el proceso de subasta del Centro.

Parte de los hallazgos de Martínez Santiago se basaron en investigaciones y datos recibidos por su equipo de trabajo, así como las declaraciones vertidas en el programa televisivo Jay y sus Rayos X.

En ese programa se abordó la existencia de investigaciones federales y querellas de hostigamiento laboral por los sucesos en el Centro.

El Centro fue objeto de una auditoría, publicada en el 2012, en la cual encontró 'serias desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación, así como de normas de sana administración y de control interno, en las operaciones del Centro'.

Martínez Santiago afirmó tener información suficiente para radicar un informe con sus debidas recomendaciones, entre las que se podrían encontrar referidos a Justicia, a la Oficina del Contralor y a las agencias federales.

De irregularidades y advertencias

Entre las irregularidades destacadas por Velez se encontró la contratación de Neurosurgical Oncology.

Basado en el contrato, el doctor tenía a su haber 'establecer políticas, reglamentos y protocolos clínicos' por no menos de cinco horas semanales, a razón de $238,000 al año. No obstante, de manera oficial, el contrato se registró en la Oficina del Contralor por $2,380,000 y se mantiene vigente hasta el 31 de marzo de 2019.

'Estos pagos se hicieron y no correspondían, no eran acorde al contrato establecido. ¿Cómo yo puedo pagar un servicio de servicios clínicos que dice el contrato que se van a realizar en el hospital cuando no hay un hospital que ha abierto sus facilidades al día de hoy?', cuestionó Velez, quien alegó que el director ejecutivo interino del Centro prácticamente la obligaba a certificar fondos que no estaban de acorde a los contratos.

Velez hacía referencia al director ejecutivo interino del Centro, Luis A. Clavell, quien formó parte del panel de deponentes, hasta se excusó luego de su intervención para atender un compromiso en La Fortaleza.

Tambien, los señalamientos involucran al principal oficial financiero del Centro, Jose Dávila.

'El pueblo de Puerto Rico tiene que saber la verdad del Centro Comprensivo de Cáncer más allá de las expresiones de que se abre un hospital. El hospital tiene que abrir. Los pacientes de cáncer necesitan esto, pero es importante que los servicios sean dirigidos al pueblo que lo necesita', exclamó.

Así como ella, desfilaron compañeros de trabajo con experiencias similares en las cuales advenían en conocimiento de operaciones turbias, las denunciaban y luego se les solicitaba que no escudriñaran el asunto.

Tal es el ejemplo del asistente del coordinador de recibos del Centro, Gabriel Pomales Rodríguez, a quien se le insistió para que entregara unos documentos sin contar con el aval de Velez.

'En un momento dado a mi se me habían solicitado unos reportes, unos documentos. Yo le indique a mi supervisora y ella me pidió que fuera a traves de ella. Siguieron varios días solicitando esos documentos y pues le indique que esos documentos tenían que ser solicitados a traves de ella. En ese momento el me comentó que no me metiera en camisas de 11 varas', puntualizó Pomales Rodríguez, quien ostenta un puesto en destaque como oficial de Cuentas a Pagar.

Incluso, Pomales Rodríguez explicó que despues del huracán María, Dávila le ordenó a emitir un pago a la dirección de la cafetería del Centro y a Medical Biotronics, empresa que no tenía orden de compra ni contratos.

Asimismo, el encargado del Departamento de Propiedad, Jesús Severino, aludió a la existencia de un almacen con materiales comprados en exceso a un contratista. De ese espacio no cuentan con un registro de entrada y salida de mercancía, pero reconocen que se han perdido materiales.

Por su parte, el director de Planta Física, Moises Perez, declaró que la Junta de Subastas del Centro había permitido la construcción de cuatro salas en el hospital y solo pudo atestiguar la creación de dos de ellas.

Se defienden los directivos

Como respuesta a las denuncias de los empleados, que se encontraban a unas pocas sillas de distancia, los directivos del Centro aseguraron que no había razones para temer por la permanencia en el empleo.

El senador Martínez Santiago presentó a Dávila un documento en el cual alegadamente el Centro evaluaba la posibilidad de despedir a los empleados que han discutido abiertamente las irregularidades del Centro.

Tras tomarse unos minutos para estudiarlo, Dávila lo adjudicó a un procedimiento normal.

'En eventos donde hay transacciones de recursos humanos complejas, y en donde hay inclusive situaciones que pudieran rayar en cosas como las que se están planteando aquí de irregularidades y eso, se evalúan normalmente todas las vertientes que uno puede tomar con relación a empleados. Ahí no se mencionan ellos específicamente, el Centro tiene cerca de 200 empleados, pero inclusive en ese evento se evalúan los cursos de acción, sea el que sea', justificó.

Mientras, el Director Ejecutivo reiteró que los empleados no tienen razones para temer.

'Ningún asociado o empleado del Centro Comprensivo de Cáncer no debe tener temor personal o por su trabajo. Lo único que tiene que hacer es ejecutar su responsabilidad como empleado del Gobierno de Puerto Rico en el Centro Comprensivo de Cáncer', expresó Clavell.

En su alocución, reconoció que la Directora de Finanzas le presentó las denuncias relatadas en su oficina, por lo cual ordenó una auditoría que los libró de culpa, por tanto, no se abordó el asunto nuevamente.

Sobre el contrato millonario de Neurosurgical Oncology, PSC, el subdirector ejecutivo, el doctor Roberto Hunter, estipuló que la compensación debe considerar el tipo de trabajo realizado y que, aunque no recordaba cuánto dinero se pagó, estaba seguro que no se trataba de $2,380,000.