La emisión de $3,500 millones en bonos que la Cámara de Representantes aprobó el miercoles en la noche tiene una disposición con la que el Estado Libre Asociado accede a renunciar a su inmunidad soberana para que ahora pueda ser demandado en cualquier tribunal, en la eventualidad de un impago, una movida inaudita que fue criticada por expertos y que levantó la advertencia de que los inversionistas nos están 'haciendo la camita'.

Antes de esa movida, Puerto Rico, que cuenta en el mercado financiero como una unidad gubernamental soberana, no podía ser demandado por bonistas en otra jurisdicción en caso de un impago. Como la Isla tampoco puede recurrir a la Ley de Quiebras, el escenario final en caso de un impago es de un estado prácticamente inmune a tener que someterse al control de un tribunal en un caso de impago. Con esta cesión que está haciendo el Gobierno, se elimina ese escenario y la Isla se obliga a someterse a un tribunal, incluso en otra jurisdicción, en caso de reclamaciones por deuda.

Según economistas consultados por NotiCel, un tribunal que en su día decida a favor de los bonistas y en contra del Estado Libre Asociado (ELA) en una demanda por impago, podría ordenar que un síndico confisque dinero o propiedades del gobierno para pagarle los bonistas, lo cual podría afectar los servicios que ofrece el gobierno. De hecho, dijeron que es la primera vez que el ELA toma esa determinación.

'Esto puede afectar servicios y el retiro', opinó la expresidenta de la Asociación de Economistas, Marta Quiñones. Quiñones dijo que los bonistas como quiera pueden demandar alegando incumplimiento de contrato en la eventualidad de un impago pero que la inmunidad soberana provee unos límites en el sentido de que no se puede confiscar dinero del ELA. 'Si lo hiciese una corporación pública no hay problema porque solo se afecta esa corporación pública,' dijo.

De hecho, después de que el martes en la noche comenzara la discusión sobre la soberanía de la Isla en cuanto al pago de deuda en el New York Post, surgió el documento de la emisión privada de $400 millones que hizo la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) en octubre de 2013 en el que ya se hacía la cesión se soberanía para esa corporación pública, específicamente sometiéndose a la jurisdicción de Nueva York.

El proyecto aprobado por la Cámara, el cual se espera vaya a votación al Senado hoy jueves, dice en su Artículo 4 que se autoriza a la Secretaria de Hacienda a incluir en la resolución o resoluciones autorizantes los términos y condiciones que considere necesarios incluyendo consentir a nombre del ELA 'a la aplicación de las leyes de otras jurisdicciones y a la jurisdicción de cualesquiera tribunales de los Estados Unidos de América o el Estado Libre Asociado en caso de cualquier demanda relacionada a dichos bonos y pagarés'.

El diario New York Times dijo el miércoles que la decisión del ELA lo pondría en la posición de atender demandas en el estado de Nueva York, un estado que tiende a ser más amistoso con los reclamos de bonistas. Existe ya un precedente con Argentina, que al presente tiene un pedido ante el Tribunal Supremo para que se revise una decisión que la obliga a pagar $1,300 millones en fondos de inversión no pagados.

El Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Alberto Bacó, dijo a NotiCel antes de la votación cameral que la posibilidad de renunciar a la inmunidad soberana se estaba evaluando debido a que inversionistas en Nueva York lo estaban solicitando para hacer que la emisión de bonos fuese más atractiva pero que todavía se estaba consultando con los asesores. 'Eso es una petición que han hecho inversionistas y hay que considerarlo', dijo Bacó al destacar que hay que devolverle liquidez a la isla.

No obstante, Bacó destaco que 'mi 'gut feeling' es que es un poco prematuro evaluar esas peticiones porque hay muchas consideraciones sobre la mesa. Este viernes hay reunión de la Junta de Directores (del Banco Gubernamental de Fomento)'.

El economista José Alameda se expresó sorprendido ante la renuncia a la inmunidad soberana porque ya la Constitución del ELA establece un orden de pagos en la eventualidad de que el Gobierno se quede sin dinero en la que a los bonistas se les paga primero. De hecho, un informe del BGF establece que en la eventualidad de que el Gobierno se quede sin dinero para pagar, se pondría en efecto el orden de pagos de ese informe.

'Esto parece más una consecuencia de la degradación y una imposición impuesta por los bonistas. El Gobierno tiene que someterse si quiere coger prestado', dijo Alameda.

Gran parte de lo que se pagaría con la emisión consiste en deuda de pasados presupuestos y de corporaciones públicas.

Para el economista Gustavo Vélez, la decisión del ELA no es la mejor alternativa porque la transacción de $3,500 millones es algo arriesgada y acarrea el pago de rendimientos altos que podrían sobrepasar los $350 millones a su fecha de vencimiento.

Esa alarma tiene eco en el mercado financiero. En el propio New York Post, el jefe del fondo de inversiones de riesgo Greylock Capital, Hans Humes, advierte que sumar $350 millones de nuevos intereses a lo que ya la Isla debe, que no puede pagar, 'es una cantidad sustancial para una economía que no crece'.

'Los fondos de inversión de riesgo le están haciendo la camita', advirtió.

La medida se aprobó sin una certificación que diga que no se han rebasado los límites de la Constitución en torno a la deuda pero se aceptó una enmienda del Representante Luis Vega Ramos que obliga al BGF a someter informes mensuales sobre la deuda.

Oferta de bonos de la Autoridad de Carreteras y Transportación Octubre 2013 - NotiCel_5670