El poder ejecutivo radicó una ley el miercoles para declarar un estado de emergencia fiscal que permitie extender los recortes de gastos a las corporaciones públicas y entidades autónomas, así como obligar a los sindicatos a renegociar los convenios colectivos. El presupuesto contiene un total de $1,357 millones en ahorros, de los cuales 27% provienen de las congelaciones de aumentos.

La ley impone una serie de medidas de reducción de gastos, cuya partida principal proviene de la suspensión de los aumentos de los convenios colectivos, la reducción de los bonos de Navidad a $600 en todas las ramas del gobierno, y la eliminación del pago por exceso de enfermedad.

El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Carlos Rivas, aseguró, sin embargo, que los cambios a los beneficios laborales estarán sujeto a las negociaciones "voluntarias" con los convenios colectivos. "Aunque se ha amarrado a un ahorro, se puede modificar la forma en que se llega a ese ahorro", justificó.

Las medidas de austeridad incluyen, además, una congelación de la plantilla de empleados de todas las ramas y entidades autónomas, así como un control de remplazo para que se reclute solamente el 50% de los empleados que se jubilan.

Otro ahorro que implementa la Ley se hace a través de la congelación retroactiva de la fórmula de ingresos de la UPR,conforme al presupuesto vigente, de forma que aunque el Gobernador anunció que no se disminuirá un centavo al presupuesto de la Universidad, tampoco le corresponderá el aumento de $78 millones conforme a la fórmula de 9.8%.

Rivas recordó que la Ley no implica el despido, ni la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos de carrera. "Se trata de buscar las formas más sensibles y más inteligentes. Es mejor usar un bisturrí que usar un machete", aseguró.

No precisó, sin embargo, garantía alguna para los cerca de 7,000 empleados transitorios y por contrato que actualmente laboran en el gobierno central, y cuyo 71% son maestros bajo el Departamento de Educación.

Las otras medidas contempladas en la Ley son la reducción de compras, la reducción de la nómina de confianza, la renegociación de los servicios comprados y profesionales para reducir lastarifas,así como las reducciones a los presupuestos de la Legislatura y la Judicatura.

Dispone, además, que los ahorros de las corporaciones públicas solventes se redirijana otras áreas gubernamentales. Como ejemplo, Rivas mencionó que los ahorros de las corporaciones relacionadas a Salud serán reinvertidos en terapias de educación especial, mientras que los ahorros de corporaciones relacionadas al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio serán reinvertidos en un fondo especial de empresarismo.

"No es sólo un poder matemático de recortes, sino donde hay oportunidad de dar un mejor servicio, más ágil,aprovecharlo", aseguró Rivas, mientras explicó que los factores que se tomaron en consideración fueron eliminar las redundancias, unificar las funciones administrativas y lograr una política pública coordinada. Lareingenieríade agencias y la reubicación de empleados públicos redunda en un ahorro de alrededor de $5 a $10 millones, pero no se incluyó en el presupuesto del próximo año fiscal por las enmiendas que puedan surgir de la Legislatura.

La vigencia de la ley es hasta tres años de su aprobación o hasta que ocurran tres cosas: una reclasificación de los bonos, que la Junta de Planificación proyecte crecimiento de al menos 1.5%, y que se cierre el año fiscal previo sin financiamiento deficitario o reestructuración de deudas.