Quieren participar en el análisis del plan para reabrir la economía

El presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Emilio Nieves, pidió el miércoles a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, que los líderes sindicales sean considerados en el análisis del plan para reabrir la economía tras la emergencia del COVID-19.

“En o antes del 1 de mayo de 2020 es el momento propicio para que la gobernadora, Wanda Vázquez, antes de impartir las medidas a implantarse a partir del 3 de mayo, anuncie y realice la reunión con los dirigentes sindicales que representan a trabajadores del sector público y del sector privado para dialogar sobre los reclamos que exige este momento histórico. Reafirmamos nuestro compromiso de realizar todas las acciones necesarias para que nuestros reclamos sean acogidos y canalizados para convertirse en realidad”, dijo Nieves en declaraciones escritas.

Se refirió a las expresiones recientes del economista Francisco Catalá, de que “los sindicatos deben jugar un papel significativo en el proceso de reabrir la economía”. Según el líder sindical, “no es aceptable que la gobernadora y sus representantes se reúnan preferencialmente con empresarios y jefes de agencias y corporaciones, excluyendo a los trabajadores”.

El líder sindical afirmó que se requiere evaluar la implantación de un proceso de transición que garantice la reapertura del servicio público, comercio y empresas de servicios, tomando las medidas de distanciamiento físico y de higiene. Estableció igualmente que existe la alternativa de recurrir nuevamente al toque de queda que puede alternarse con la reapertura de la economía hasta lograr la estabilidad de control del COVID-19.

Asimismo, el líder sindical realizó una serie de reclamos al gobierno relativos al mejor bienestar de los servidores públicos, empleados de la industria privada y ciudadanos en general tras los efectos de la pandemia provocada por la propagación sin precedente del coronavirus COVID 19, al tiempo que hizo un reconocimiento especial a los trabajadores de la salud.

Acerca de la salud del pueblo, el líder sindical enfatizó que “el gobierno no puede renunciar a su responsabilidad constitucional con la salud del pueblo, aunque la privatización de hospitales y las aseguradoras de planes de salud obstaculicen ese compromiso social. Por eso, al reconocer a los trabajadores de la salud su compromiso social con el pueblo, condenamos los actos de corrupción que rodean los procesos para garantizarle al pueblo las pruebas de COVID-19 que se necesitan”.

Añadió que el distanciamiento físico impuesto por el gobierno de Puerto Rico es una medida necesaria para combatir el COVID19. No obstante, entiende que las alegadas deficiencias e irregularidades para realizar las pruebas y el incumplimiento del rastreo prometido provocan la extensión del tiempo determinado mediante el toque de queda. Abundó que ello incide en el agotamiento del presupuesto de cada familia afectando su salud física, emocional, social, familiar y económica.

Estableció que los empleados del gobierno de Puerto Rico tienen, por el momento, su salario asegurado lo cual es una medida de justicia social. Al tiempo que recordó que este no es el caso para los empleados del sector privado, cuando al presente, de los más de 600,000 trabajadores, miles han sido despedidos, otros están amenazados con despidos, se les está agotando sus licencias (enfermedad, vacaciones) e implantando la reducción de horas, entre otras medidas que afectan su estabilidad económica.

Por otro lado, subrayó el sindicalista que “lo que tenemos que evitar es, como sugiere el economista José Caraballo Cueto, tratar a la salud y la economía como una dicotomía, porque se pueden crear otras enfermedades sociales que van a incidir en aumentar los contagios de COVID-19. Todos sabemos que, si se realizan las pruebas masivas, se acorta el tiempo bajo toque de queda. Por ello, urge aumentar significativamente la implantación de pruebas y los mecanismos para el rastreo de contagio”.

Reclamos puntuales al gobierno de parte de la CPT en ocasión del Primero de Mayo:

No deben reabrir sin garantías para la salud del pueblo

Mientras, otros sindicatos también expresaron su preocupación y rechazo a la reapertura social sin contar con las medidas necesarias para garantizar la salud y la vida del pueblo trabajador.

Al mismo tiempo, denunciaron la lentitud del Gobierno para proveer las ayudas que se han dispuesto para asistir a las familias en su confinamiento, las deficiencias administrativas del Departamento del Trabajo para atender satisfactoriamente las solicitudes del Seguro por Desempleo y el innecesario e incomprensible atraso en la realización masiva de las pruebas diagnósticas de coronavirus.

“La clase patronal, con la falta de sensibilidad que la caracteriza, ha venido presionando para que se abra, en aceleradas etapas, la actividad económica. Aunque desde el primer momento que se dispusieron las medidas de confinamiento se tuvo claro el impacto negativo que tendría el mismo sobre nuestra ya deteriorada economía, se reclama ahora por el grupo empresarial que se reabra la actividad económica, aun cuando en el país no se cumple con las guías que ha establecido la Organización Mundial de la Salud (OMS) para hacerlo”, explicó Gerson Guzmán, presidente de la UGT.

De igual modo, Ángel Pinto, Presidente del Capítulo Autoridad de Carretera de Prosol Utier expresó que la apertura de la actividad económica, no corresponde hacerla sin antes asegurarse del cumplimiento con las condiciones mínimas necesarias para garantizar que no ocurra lo que, en otros países, donde “la irreflexiva acción de los empresarios ha conllevado un incremento del contagio por coronavirus en la población y un nuevo y más penoso confinamiento y distanciamiento social”.

Uniéndose al reclamo, Jannell Santana, presidenta de la HEEND añadió que “en su propuesta al Gobierno y en las pocas comparecencias públicas que han hecho los empresarios y los funcionarios de gobierno que apoyan su reclamo, han sostenido su petición en las estadísticas que hoy se manejan en el país. Todos sabemos, y reconocemos, la fragilidad y falta de credibilidad que acompaña las mismas. Por razones que a todos nos resultan inexplicables, las pruebas masivas y el seguimiento las personas que han dado positivo a las mismas no se han realizado. Ni siquiera se ha llegado a 1% de la población para realizarle pruebas”

Los líderes sindicales de las Unión General de Trabajadores (UGT), Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (HEEND), UNETE, Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), UTIER, ProSol UTIER, Movimiento Solidario Sindical (MSS), Federación Central de Trabajadores (FCT) y Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) recalcaron que los empresarios que han insistido en esta apertura inmediata han sido muy parcos al hablar sobre las medidas de seguridad que tomarán en sus respectivas empresas para prevenir el contagio y la propagación del coronavirus una vez comiencen a operar.

“Los funcionarios de gobierno que apoyan a los empresarios que insisten abrir no han hecho claro cómo van a supervisar y hacer cumplir los llamados protocolos de seguridad que se establecerán en los diferentes centros de trabajo. Consideramos que insistirse en la apertura económica no puede dejarse a la libre determinación de los empresarios ante el cumplimiento con las medidas máximas de seguridad que deben imponerse y supervisarse adecuadamente”, demandó Antonio Cabán, presidente de la FCT, Local 481/UFCW.

Para el liderato sindical, la Gobernadora y su Equipo Asesor de Salud, junto al Secretario de Salud, deben tomar en consideración la propuesta alterna que han señalado los científicos Marieli González Cotto, bióloga molecular y el profesor de Penn State University,Alexis Santos Lozada, demógrafo.

Ambos proponen un abarcador programa de muestreo y análisis de los focos infecciosos ya identificados, supermercados, cuarteles de Policía, tiendas, cárceles y hospitales, en conjunto con el rastreo científico de los contactos de los contagiados, antes de tomar ninguna decisión de reapertura social y relajamiento de las medidas ensayadas al presente, señaló Mercedes Martínez, presidenta de la FMPR.