Portavoces de los sectores que agrupan empleados y comerciantes urgieron al gobierno a frenar la propuesta transacción para establecer una Alianza Público Privada (APP) con la compañía Global Ports Holdings (GPH) ante la falta de conocimiento alguno sobre el alcance del acuerdo y la falta de transparencia que se ha promulgado al no invitarlos a evaluar las propuestas.

Taxistas, comerciantes, empleados unionados de la Autoridad de Puertos y agencias de viaje se unieron durante la mañana del lunes frente al muelle 3 en el Viejo San Juan para denunciar la falta de transparencia con la que el gobierno ha entrado en negociaciones con GPH. El consenso era claro: un rechazo contundente a la privatización de los muelles de cruceros a GPH y que se vuelva a retomar las discusiones para concesionar los puertos con la participación de todas las partes interesadas.

Según explicó Daphne Barbeito, portavoz de la Alianza Turística de Puerto Rico, las preocupaciones más serias que sostienen giran en torno la falta de detalles de la propuesta de GPH, particularmente si la empresa persigue monopolizar los servicios de taxis, excursiones, restaurantes y entretenimiento, provocando un disloque en los 30,000 empleos directos de la industria y los $70 millones en ventas que actualmente se manifiestan.

A modo de visualizar el peor escenario, los integrantes de la Alianza hicieron referencia a los puertos de Cozumel y Riviera Maya en México, donde se crearon centros comerciales acorralados en el área de los muelles. Este diseño limitaría la actividad económica turística en toda la ciudad amurallada y potenciaría otra limitación en las excursiones.

'Tenemos que inferir que si esto es lo que está pasando es para obligar o para sentar las bases de que el gobierno pueda lograr hacer esta APP. Si fuera tan bueno para Puerto Rico porque lo tienen que hacer confidencial', expresó Barbeito.

Desde el gobierno, la Autoridad de Puertos (AP) insiste que la propuesta concesión por un término de 30 años a GPH responde a la necesidad de realizar mejoras de infraestructura a los muelles, tarea para la cual la agencia no cuenta con los fondos para ejecutarlo. La AP confronta una deuda de $456 millones que convierte la potencial transacción en una muy atractiva, pero las negociaciones para ello se han quedado entre la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), la Compañía de Turismo (CTPR) y la Fortaleza, sin participación de los integrantes de la Alianza Turística.

Pamela Calderón, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan (ACOVI), sostuvo que ha hecho intentos previos con el exdirector ejecutivo de la AP, Anthony Maceira, para aclarar los detalles del acuerdo, sin embargo, los componentes del estado envueltos en la negociación han reiterado que se tratan de negociaciones confidenciales. Su expectativa es que el gobierno mantendrá el acuerdo confidencial aun cuando se ratifique, por lo que agravará el ambiente de incertidumbre que ha creado el propuesto acuerdo.

'Nosotros no tenemos herramientas para decir si ellos están cumpliendo o no están cumpliendo en su momento. No tenemos ahora las herramientas para decir nos va a afectar o no nos va a afectar porque no sabemos. Definitivamente lo peor para una economía de cualquier país es la incertidumbre y hoy en día si estamos viviendo sobre algo es incertidumbre y más por la falta de información', declaró Calderón.

El único detalle que la Alianza si tiene acertado es la cancelación de poco más de un centenar de salidas de cruceros de la línea Royal Caribbean para la temporada de abril 2021 hasta el 2022, lo que tiene un impacto de $40 millones solo en gastos efectuados por pasajeros.

Según reportado por NotiCel y reiterado por los integrantes de la Alianza, GPH logró posicionarse como licitador preferido de un proceso de Solicitud de Propuestas (RFP) luego que presentaran una propuesta no solicitada a la AP para establecerse en San Juan. Tras esto, la AP comenzó un proceso de Solicitud de Cualificaciones (RFQ) para concesionar en una APP la Operación y Manejo de los muelles 1, 3, 4, 11, 12, 13, 14 y los Muelles Panamericanos I y II en Isla Grande.

'Necesitamos profesionales del sector tomando las decisiones para el sector. Nosotros no podemos seguir admitiendo que personas que nombran porque son familiares o porque tienen algún vínculo particular de tipo político tomen decisiones ejecutivas sobre algo que va a afectar a 70 mil empleos', manifestó por su parte Juan Fernández, vicepresidente de ACOVI.