Estudian varias opciones para paliar los efectos de dos crisis que se han suscitado simultáneamente: la pandemia de COVID-19 y el más reciente sismo, que continúa el enjambre que, desde diciembre, ha sacudido la región.

A raíz del fuerte temblor registrado el pasado 2 de mayo, los 106 refugiados de Ponce todavía permanecen alojados en el Caribe Hotel mientras reciben ayuda emocional y apoyo en la búsqueda de sus nuevos hogares.

Lourdes Gómez, administradora del Municipio de Ponce, indicó a NotiCel que aún se encuentra en el proceso de identificar apartamentos disponibles a través del Departamento de Vivienda, y opciones bajo el programa de subsidio conocido como Sección 8 para las 34 familias y cinco personas que viven solas.

“Hemos sido enfáticos en proveer ayuda emocional, más que otra cosa. Son familias que están viviendo con mucha ansiedad, con el temblor y el coronavirus, así que hemos tratado de manejar eso de la mejor manera”, expresó Gómez.

Especificó que, entre los refugiados, hay 51 menores, 14 personas entre las edades de 18 a 21 años, 48 entre las edades de 22 a 65, y tres mayores de 66 años.

“Este refugio lo ubicamos en un hotel porque no era una cantidad significativa de familias y, siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud, de que no debíamos abrir un refugio en este momento por el COVID-19, acudimos a la alternativa de localizarlos en un hotel”, explicó William Rodríguez, Administrador de Vivienda Pública.

“Estos son procesos voluntarios. Sabemos que es un momento difícil, ya que estamos atravesando dos emergencias paralelamente. Vamos a tomar el tiempo que sea necesario para que tomen su decisión y sean reubicados. Tenemos espacio suficiente en Ponce y no se tienen que limitar ahí, pueden también estar en municipios cercanos, y el resto de la Isla, depende del proceso de reubicación, que estamos buscando que sea un proceso solidario y tomando en consideraciones sus mejores intereses”, añadió.

En una comunicación reciente de La Fortaleza, la gobernadora Wanda Vázquez Garced informó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) concedió la solicitud para extender el período de emergencia por los terremotos del sur para que los trabajos relacionados con mitigar los daños ocurridos por la actividad sísmica puedan ser elegibles para reembolso, y para que las familias damnificadas puedan participar de las ayudas disponibles.

Esta extensión de tiempo permite a las personas afectadas solicitar los beneficios del Programa de Asistencia Individual y del Programa de Asistencia Pública de FEMA.

Estos programas contemplan un abanico de ayudas para individuos y familias que incluye consejería, asistencia de desempleo, servicios legales y asistencia nutricional suplementaria.

Asimismo, la ayuda no se limitaría a estas familias, puesto que el Gobierno municipal también podría solicitar asistencia para atender las propiedades públicas afectadas por la más reciente actividad sísmica.