El recientemente desellado expediente del caso federal contra Pablo Jose Casellas Toro revela elementos que permanecieron ocultos durante su caso por asesinato, y que NotiCel había revelado por fuentes, sobre la misteriosa convalecencia del convicto en el Hospital HIMA-San Pablo y sobre la lucha de sus abogados por mantener oculta la acusación federal para no afectar su caso por el asesinato de su esposa, Carmen Paredes Cintrón.

A lo largo del sonado caso, en medio de las leyes que protegen la confidencialidad de las condiciones de salud de cualquier paciente, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) se mantenía pendiente a los médicos de Casellas Toro, situación que se desprende de los documentos radicados en el expediente develado el pasado viernes y en manos de NotiCel.

El historial electrónico del caso federal accedido por NotiCel detalla la prognosis médica de Casellas Toro a la vez que arroja dudas sobre la situación que pudo mantenerlo al borde de la muerte y sin esperanzas de recuperación.

Más que esto, desde lo mas íntimo del aposento de la pareja, el privilegio de confidencialidad entre imputado y abogado, el caso ocasionó una complicada madeja de maniobras entre diferentes ramas y jurisdicciones federales que pudieron haber afectado los derechos de personas ajenas al crimen.

La defensa de Casellas Toro conocía de las acusaciones federales contra su cliente desde abril de 2013 y luchó hasta el pasado jueves para evitar que trascendiera que sabían desde la primavera del año pasado que el imputado por la muerte de la muerte de la yerna del Juez Federal ya había sido acusado de mentirle al FBI en un acto previo que aparentaba ser el encubrimiento de su crimen.

Documentos judiciales en poder de NotiCel establecen que los abogados de defensa del corredor de seguros solicitaron al Tribunal Federal que cualquier acusación contra el hijo del juez federal Salvador Casellas esperara hasta que el caso criminal, ventilado en el Tribunal Superior de Bayamón, culminara para así mantener un juicio justo e imparcial.

La defensa aceptó también mantener al tanto a los funcionarios del Tribunal Federal del adelanto o atraso del juicio por asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas y por destrucción de prueba, cargos por los que Casellas Toro está convicto y a la espera de su sentencia, pautada para este jueves, 6 de febrero en horas de la mañana en el Centro Judicial de Bayamón.

Los informes federales establecen, además, el estado de salud por el que atravesó el hombre de 49 años y que atrasó el inicio del caso estatal.

De acuerdo a uno de esos informes, la condición de salud del hijo del juez federal estaba muy grave, al punto que los especialistas en medicina le pronosticaban sólo un cinco por ciento de recuperación. Según el director médico del Hospital Hima San Pablo en Bayamón, el doctor José Álvarez Ruiz, el entonces acusado tenía fallo renal y respiratorio por lo que estaba en estado de coma.

Álvarez Ruiz, de acuerdo al documento, testificó en una vista celebrada el 29 de julio para conocer el estado de Casellas Toro que este no ingirió grandes cantidades de medicamentos, excepto aspirinas que supuestamente tomó para aliviar dolores días antes de sufrir una lesión en la cabeza.

Para el 13 de agosto de 2013 su condición de salud mejoró dramáticamente y salió del estado de coma, pero su condición del fallo renal 'no estaba fuera de peligro', reza parte del informe. Sufrió una embolia, encefalitis en la parte frontal del cerebro y estuvo conectado a máquinas para recibir oxígeno.

También, el médico que lo examinó sostuvo en ese informe federal que el paciente no podía abandonar el hospital hasta que la condición renal mejorara y que tuvo problemas para coordinar y hablar.

La acusación contra Casellas Toro, con fecha del 10 de abril del 2013, explica los cargos federales. El primero de ellos establece que el hombre declaró ficticia y falsamente a un agente federal que se dirigía al Club Metropolitano de Tiro, en un camino apartado paralelo al Río Hondo de Bayamón entre la urbanización Levittown y el barrio Palo Seco, ambos en jurisdicción de Toa Baja, para disparar, y creó la impresión falsa de que había sido víctima de un robo de vehículo de motor a mano armada o 'carjackig', un delito federal.

La segunda acusación le imputa la declaración fraudulenta que el acusado ofreció a un agente del FBI al asegurarle que un desconocido lo obligó a detener el automóvil para robarle.

Mientras, el tercer cargo del pliego acusatorio establece la declaración falsa de que Casellas Toro tuvo que moverse, a punta de pistola por un desconocido, al asiento del pasajero de su vehículo y otros sujetos le dispararon por la parte trasera.

Según su teoría, tres sujetos trigueños y con acento dominicano le robaron unas armas que tenía en la parte trasera del carro, armas que reportó robadas, pero el día del asesinato de su esposa fueron recuperadas en la oficina de su residencia.

Una de esas pistolas que aseguró los sujetos le habían robado, fue el arma homicida de su esposa, una FN Five Seven 5.7 x 28, pistola que Luis Alberto Guzmán Hernández, testigo de fiscalía en el caso estatal, vió lanzar desde un Mercedes Benz gris en la Avenida Santa Ana, en Guaynabo, el día en que Paredes Cintrón fue asesinada y dejó dos adolescentes huérfanas de madre.

La investigación de los federales reveló que los casquillos que se levantaron de la escena del supuesto 'carjacking' pertenecían únicamente a pistolas o rifles recuperados en el despacho de Casellas Toro.